Las aseguradoras privadas a las cuales los chilenos con pensión vitalicia traspasaron sus fondos están todas en falencia en la actualidad. AIG la mayor del mundo debió ser intervenida por el gobierno de los EE.UU. hace pocas semanas, ING, la que es además propietaria…
Por Manuel Riesco*
El proyecto del gobierno de la Presidenta Kirchner ha eliminado las AFJP. Si el congreso -donde el PJ tiene mayoría y ya han anunciado su posible apoyo los socialistas y radicales- aprueba el proyecto, se reimplantará un único sistema previsional a cargo del Estado. Los afiliados y los fondos van a ser transferidos al sistema público. El traspaso será voluntario en el caso de los ahorros voluntarios y depósitos convenidos. Los años cotizados en la AFJP serán sumados a los efectuados en el sistema público.
Las jubilaciones se calcularán según la fórmula vigente en este último, que asegura una tasa mínima de reemplazo de 66% o mayor al grueso de los jubilados. En el caso de las personas con retiro programado de las AFJP, se les garantizará de por vida el mejor beneficio que hayan obtenido el 2008 y se revisará cada dos años según la fórmula aprobada recientemente por el parlamento para quienes se cambiaron voluntariamente de sistema.
Las rentas vitalicias seguirán cobrándose a través de las compañías de seguros puesto que se trata de contratos irrevocables.
Para administrar los fondos se crea una comisión bicameral con participación de trabajadores y empresarios para cautelar que sean bien administrados. A las AFJP que lo demanden se les va a reconocer como máximo su capital social, pagadero en bonos del Estado.
En otras palabras, el gobierno Argentino se ha hecho cargo de la administración los fondos para evitar que sigan dilapidando en la ruleta de los mercados financieros y a cambio ha garantizado a los cotizantes una pensión vitalicia definida, de por vida, y de un monto muy decente en relación al salario que ganan en la actualidad.
En el caso de los chilenos que quieren obtener una renta vitalicia, igualmente tienen que traspasar la propiedad de la totalidad de sus fondos, pero a una compañía de seguros. Con la diferencia que éstas le otorgan una pensión incierta -depende de cuanto haya subido o bajado el fondo y la tasa de interés en la bolsa y en cuanto se estime la esperanza de vida – y que resulta muy inferior, especialmente en el caso de las mujeres.
Aparte de ello, las aseguradoras privadas a las cuales los chilenos con pensión vitalicia traspasaron sus fondos están todas en falencia en la actualidad. AIG la mayor del mundo debió ser intervenida por el gobierno de los EE.UU. hace pocas semanas, ING, la que es además propietaria de la AFP Capital, tuvo que ser nacionalizada parcialmente hace dos días por el gobierno holandés. Metlife y Principal otras dos de las que se quedaron con los fondos de decenas de miles de pensionados chilenos, están al borde de la quiebra y en ambos casos han perdido más de un 75% de su valor bursátil en pocas semanas.
El gobierno de la Presidenta Kirchner ha demostrado nuevamente la decisión que caracterizó al gobierno del Presidente Kirchner de intervenir en forma decidida mercados que se encontraban completamente paralizados, desbocados y distorsionados. Así sacaron a Argentina de la crisis del 2001. Así han cortado ahora el nudo gordiano de las AFJP. Terminaron con ellas y restablecieron un sistema previsional público de reparto cuyas características son similares a las que operan desde hace mas de un siglo en los principales países del mundo y proporcionan a sus ciudadanos pensiones definidas, de por vida y dignas. A pesar que en muchos casos se trata de poblaciones mucho más maduras que la argentina o chilena, que son bastante jóvenes.
La Presidenta Kirchner ha dicho además que se trataba de un sistema abusivo, expoliador. Tiene razón. Los resultados de la privatización de la previsión chilena avalan claramente esa opinión. Desde 1981 las AFP han venido descontando el 13% de los salarios a todos los trabajadores chilenos. Según la información disponible en la SAFP, hasta el 2006, dichas cotizaciones sumaban 27,3 billones de pesos de este último año. En el mismo período, las AFP y las compañías de seguros, generalmente relacionadas con ellas, se habían embolsado comisiones y primas netas de beneficios pagados, por un total de 9,3 billones de pesos.
s decir, los administradores del sistema se han quedado con uno de cada tres pesos cotizados. Los otros dos pesos se los traspasaron en su mayor parte a unos pocos grupos económicos en Chile -sólo 12 grupos, entre ellos los dueños de las AFP, tienen en su poder la mitad de las inversiones en el país-, y el resto lo apostaron a inversiones en renta variable en el extranjero. Hoy día, unos y otros los están perdiendo a manos llenas. Ya hay una cuarta parte que no van a devolver nunca, y en el caso del fondo B y A entre un tercio y un 40%. Y van a seguir perdiendo.
Esto no puede continuar. En lo inmediato, es imperioso que el gobierno investigue cuales son las pérdidas reales y proceda de inmediato al repliegue ordenado de los fondos a inversiones seguras en el país. Es lo que las AFP y el gobierno deberían haber hecho al iniciarse la crisis.
Cualquier persona sensata sabía que ésta era de proporciones gigantescas y que durante un tiempo largo los mercados financieros iban a estar completamente desquiciados. CENDA se los advirtió en sucesivas cartas y presentaciones desde hace un año atrás.
Cualquier padre de familia hubiese puesto esos fondos a buen recaudo. No lo hicieron, por mucho que ahora lo afirme el Ministro de Hacienda. Falta a la verdad cuando dice que las personas próximas a jubilar están protegidas: solo 7 mil afiliados mayores de 55 años tienen sus fondos a buen recaudo en el fondo E. Representan el 1% de ese tramo de edad, mientras todo el resto lo tienen en fondos que han sufrido pérdidas cuantiosas, incluyendo 73 mil mayores de 55 años que han perdido entre un tercio y un 40% de los mismos en los fondos A y B, y 246 mil que han perdido más de un 20% de los mismos en el fondo C.
Al revés, eliminaron regulaciones, permitieron que las AFP hicieran apostaran y perdieran en buena medida. No los protegieron colectivamente y al mismo tiempo les recomendaron no cambiarse de fondo individualmente, mientras ellos mismos si cambiaban los suyos al buen recaudo del E. Por esta conducta irresponsable han perdido parte significativa de los ahorros de millones de chilenos.
Resulta inevitable que en Chile se llegue muy pronto a conclusiones similares a las que llevaron a terminar con las AFJP argentinas. La crisis impone de golpe la sensatez. La idea de entregar las pensiones de millones de trabajadores exclusivamente a la capitalización individual fue siempre una locura concebida por un fanático, implementada a la fuerza por una dictadura, y aprovechada por un pequeño grupo de grandes conglomerados financieros que profitaron a manos llenas durante treinta años.
Mientras tanto, ya el Estado ha debido hacerse cargo del 60% de menores ingresos que no iba a recibir de este sistema pensión alguna. Ahora deberá evitar pérdidas mayores en los fondos que quedan, pero especialmente proponerse reconstruir el sistema público de reparto que garantice a todos pensiones definidas, de por vida y dignas, y al menos equivalentes a las que todavía otorga el INP a sus afiliados.
Es la tarea pendiente y hay que abordarla cuanto antes. La Presidenta Kirchner nos ha brindado una gran ayuda para lograrlo.
*Manuel Riesco es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo
