Si vamos a discutir sobre los espacios de decisión de los ciudadanos, y de como se distribuye el poder en nuestro país, se hace imprescindible abordar el tema de fondo: la distribución del ingreso…
Por Osvaldo Andrade*
El encuentro de lideres progresistas, celebrado en Viña del Mar, ha marcado una reflexión interesante, no sólo respecto a un conjunto de medidas que deben tomarse, a propósito de la crisis financiera internacional en desarrollo y sus consecuencias en las economías reales de los países del mundo desarrollado y en desarrollo, sino también por que ha debatido respecto del nuevo orden que debe construirse para evitar futuras situaciones similares.
En esa idea me atrevería a señalar que las opiniones expresadas desde muy distintas perspectivas tienen un sentido común. Se requiere mejor Mercado y mejor Estado y con esta afirmación se reivindica a la política como el factor esencial para la articulación de ambos propósitos. Se declara, entonces, que las finanzas deben estar al servicio de la producción y que hay que evitar la especulación y la codicia. Se declara, asimismo, que la economía debe estar al servicio de la política en tanto ésta resguarda el bien común y el interés general. Se dice que el sistema económico debe impregnarse de los mismos principios y valores que la comunidad internacional acuerde. Se señala que es la centralidad en las personas, especialmente en aquellos que requieren mayor protección, la que debe impregnar el debate respecto de la crisis, sus consecuencias y las oportunidades que genera.
Se reconoce y precisa el valor del mercado como el instrumento idóneo para lograr crecimiento y riqueza pero se señala que debe estar regulado y normado de modo de cautelar su correcto y eficaz funcionamiento y, con ello, evitar sus excesos y deformaciones.
Se revaloriza al Estado como la institucionalidad legítima para la regulación y control del mercado y para delimitar los límites éticos de su ejercicio, especialmente cuando se afirma que la crisis es la derrota de la afirmación neoliberal de la capacidad de autorregulación del mercado y de sus agentes. Pero asimismo todos coincidieron en la necesidad de una profunda transformación de la institucionalidad pública para hacerla oportuna, eficiente y transparente y así anticipar y controlar brotes de corrupción.
Se señala, en definitiva, que ambos instrumentos deben estar al servicio de las personas y con especial énfasis en aquellos mas desprotegidos y carenciados, de aquellos que requieren de una mayor protección y que tienen, por su sola condición de tales, derechos que deben serles garantizados y que es la política y lo público el mecanismo para el logro de tales propósitos.
Sin embargo, la cumbre progresista no hizo énfasis en aquello que, en mi opinión, es el mejor instrumento para lograr estos propósitos: el sistema democrático. Esto en el sentido de entender que la mejor forma de cautelar la existencia de un Estado eficiente y transparente es a través de los ciudadanos, evitando -así- la corrupción y las arbitrariedades, además de los excesos y abusos del mercado y sus agentes.
Tal vez la razón para evitar esta parte del debate es que reconocer en los ciudadanos este derecho implica transferir el poder necesario para que se ejercite adecuadamente. Cuando los ciudadanos tienen poder real, los agentes del mercado y las administraciones del Estado sienten temor. Que los ciudadanos, organizadamente, con tranquilidad, reglas claras y conocidas, ejerzan su derecho a ser atendidos adecuadamente, con prontitud y eficacia por los servicios públicos y ejerzan su derecho a no ser discriminados por el mercado o abusados por la colusión de sus agentes, constituye una necesidad vital para garantizar el buen funcionamiento de Mercado y Estado y es la forma adecuada de dar un sentido de oportunidad al debate sobre la crisis y las lecciones de la salida.
Sin embargo, este debate devela el gran tema pendiente de la transición democrática. Si vamos a discutir sobre los espacios de decisión de los ciudadanos, y de como se distribuye el poder en nuestro país, se hace imprescindible abordar el tema de fondo: la distribución del ingreso. Reconocer a los ciudadanos el derecho a discutir sus ingresos, es la forma de reconocer el derecho a discutir los espacios de poder que les corresponden. Esta es la discusión pendiente y siempre es un buen momento para hacerla.
*Osvaldo Andrade es abogado y ex Ministro del Trabajo.
