También le expresamos a la ministra que considerábamos de pésimo gusto que Horst Paulmann, controlador de Cencosud, una de las personas más poderosas del país, pretendiera no asumir todas las obras de mitigación vial establecidas en el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano…
Por Patricio Herman*
Gracias a los buenos oficios del diputado DC, Jorge Burgos, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, recibió en su despacho el lunes 4 de mayo pasado a la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Providencia, Josefa Errázuriz, al presidente de la Junta de Vecinos Nº 11, La Costanera, de esa comuna, Marcelo Böhm y a 2 miembros de nuestra Fundación, Jorge Cisternas y quien escribe esta columna. La ministra estaba acompañada de Carlos Estévez, su representante en la Región Metropolitana, y el motivo del encuentro era analizar el desarrollo de los hechos con ocasión del polémico megaproyecto inmobiliario Costanera Center, paralizado por razones de mercado, ya que la demanda se ha contraído por los motivos que todos conocemos.
Le expresamos a la ministra que las organizaciones ciudadanas que han estado observando y monitoreando las actuaciones de la Municipalidad de Providencia con respecto a este proyecto, estamos muy satisfechos con la labor desarrollada por los profesionales que se desempeñan en la respectiva Secretaría Regional Ministerial, ya que éstos, cumpliendo a cabalidad sus roles en la supervigilancia de los actos administrativos que generan los directores de obras, tuvieron la voluntad de emitir, como Dios manda, el ORD. Nº 1080, del 17 de marzo de 2009, dirigido al arquitecto Sergio Ventura, titular de la dirección de obras de Providencia, impecable documento técnico que entregaba luces para que se reemplazara el erróneo permiso de edificación otorgado extemporáneamente en marzo de 2007 a Costanera Center. Recordemos que las faenas se habían iniciado en marzo de 2006, es decir, un año antes.
Pero ese contumaz funcionario hizo caso omiso de las instrucciones de la autoridad superior y mediante Oficio Nº 2260, del 1º de abril de 2009, le contestó a aquel de manera un tanto trivial, documento que conocemos y que, por tal motivo, en base a la iluminadora Ley Nº 20.285 que consagra el libre acceso a la información pública, le solicitamos al Seremi una copia del cuadro de superficie del permiso mal otorgado y los planos del Estudio de Sombras del mismo, para así concluir con una serie de «desinteligencias» administrativas cometidas en Providencia. Denunciamos en esta tribuna que estos vitales documentos sistemáticamente, y desde hace mucho tiempo, se nos han negado en esa díscola municipalidad.
También le expresamos a la ministra que considerábamos de pésimo gusto que Horst Paulmann, controlador de Cencosud, una de las personas más poderosas del país, pretendiera no asumir todas las obras de mitigación vial establecidas en el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) aprobado para ese complejo comercial y que, conjuntamente con lo anterior, le esté pidiendo a Obras Públicas que lo libere parcialmente de esa responsabilidad pecuniaria.
A pesar de que el Seremi tiene atribuciones para exigirle al Director de Obras que el permiso en cuestión se apegue a la legalidad vigente, optó por enviar todos los antecedentes a la Contraloría General de la República, organismo fiscalizador que tendrá que exigir el cumplimiento del marco regulatorio e iniciar el correspondiente sumario, tal como lo manda la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Y confiamos en que próximamente la Contraloría pondrá las cosas en su justo lugar, lo cual será valorado no sólo por la comunidad de Providencia, sino que por todos aquellos que impulsan el cumplimiento de las leyes.
Aprovechando la ocasión que se nos brindaba la reunión y en otro orden de materias, le entregamos a la ministra Poblete una copia de la exposición del 16 de agosto de 2006 que tuvo en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, con motivo de lo que hemos llamado «corrupción inmobiliaria» en esa comuna. Dicho edil, reconociendo el mal proceder de sus funcionarios que ejercían en la Dirección de Obras, le bajó el perfil a la situación e involucró al ministerio de Vivienda y Urbanismo, al decir que, habiendo recibido muchas presiones de los interesados, entre otras, la Cámara Chilena de la Construcción y el gremio de los arquitectos, ese ministerio y en especial la autoridad que se desempeña como titular de la División de Desarrollo Urbano, habrían actuado de forma «muy dubitativa» (sic). No nos extraña que el gremio de la construcción y los arquitectos que estaban detrás de los proyectos ilegales quisieran «echarle tierra» al asunto, pero como sería surrealista que el Minvu procediera en igual forma, consideramos necesario que la ministra conociera la posición del edil.
El alcalde de la Maza, según la versión documental que le suministramos a la ministra, reconoció que existían más de 30 permisos viciados y que por ello «la municipalidad los debe rechazar», asegurando que «así se hizo». Ahora bien, a nosotros no nos consta que esos 30 permisos se hubieran rechazado y es más, sabemos que hay más de 50 permisos mal otorgados ya edificados, consolidándose la insana práctica chilensis de los hechos consumados. Por ello y como esos permisos que se tradujeron en unas 60 o más torres de oficinas ya habilitadas, nunca se van a demoler porque los permisos administrativamente no se puede invalidar por el tiempo transcurrido, para darle un corte final al episodio y así dar vuelta la página, hemos mantenido, a nuestra solicitud, una correspondencia epistolar con el diputado Carlos Montes, nuevo presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, para que esa instancia política aclare de una vez por todas qué fue lo que aconteció en Las Condes, habida cuenta que los diputados no pueden fiscalizar a los municipios, pero sí a los ministerios.
Ahora que, afortunadamente, por existir la Ley Nº 20.285 de Acceso a la Información Pública, será más fácil y rápido conocer los entretelones de todo lo que se ha mantenido oculto. Nuestro propósito es que la opinión pública conozca en detalle los nombres y RUT de todas aquellas empresas que, al verse favorecidas con las prebendas municipales, obtuvieron unas utilidades bastante más cuantiosas si sus proyectos se hubieran ceñido a las normas urbanísticas vigentes en esa comuna. Entre paréntesis, estamos hablando de muchas centenas de millones de dólares o euros, si se prefiere.
Nosotros entendemos que en Las Condes actualmente las cosas se están haciendo bien, lo que le hemos expresado a la ministra Poblete, pero como no nos gusta la impunidad, estamos empeñados en transparentar, aunque tarde, los comportamientos abusivos de algunos actores y por ello, si finalmente las instituciones funcionan, la ciudadanía conocerá cuales empresas inmobiliarias, por haber obtenido espurias ventajas, ganaron más dinero que el resto de sus competidores, asunto que hasta ahora se ha mantenido en un sepulcral y «estratégico» secreto.
*Patricio Herman, Fundación «Defendamos la Ciudad».
