Los sucesivos gobiernos de Chile que se vieron envueltos en la preparación y activación de la crisis, analizaron y manejaron los diferentes eventos de la relación bilateral en el mérito de la materia y del momento de cada uno de ellos, en una perspectiva de corto plazo, ausentes de una contextualiza
Por Fernando Thauby*
La crisis actual con Perú se originó en la construcción deliberada, por parte de grupos militares, académicos y diplomáticos de ese país, de un caso jurídico sin fundamentos, destinado a modificar el statu quo existente con nuestro país.
La preparación de este caso se prolongó a lo largo de varios años durante los cuales en Perú se dictaron leyes; se modificaron mapas; se crearon argumentaciones; se hicieron «gestos» y se publicitaron intenciones; mientras simultáneamente, el gobierno del Presidente Toledo y luego el de García, llevaban a cabo una política de incentivo a las inversiones chilenas en ese país.
Este proceso transitó por los efectos que produjo en Perú el Abrazo de Charaña entre los Presidentes Pinochet de Chile y Banzer de Bolivia; por el Caso Luchetti que estalló el año 2001; el de Aero Continente; el desafortunado spot publicitario de LAN; el caso de los grafiteros con la intervención del Presidente Lagos; el desplazamiento de la «caseta de vigilancia» adyacente el Hito Nº 1; la muerte del «indocumentado» de nacionalidad nunca determinada que traspasó la zona de vigilancia militar de la Línea de la Concordia y el sorpresivo arribo a Chile del ex Presidente Fujimori.
El epílogo se produjo en los años 2004-2005, con la invención peruana de un presunto «punto Concordia» cercano al Hito N° 1 y la pretensión de alterar el límite terrestre tal como se lo había entendido por años; la dictación de una ley estableciendo las líneas de base de lo que Perú pretendía como su dominio marítimo y el ultimátum del canciller peruano Manuel Rodríguez, para negociar o someter el caso a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia que se hizo efectiva en enero de 2008, por parte del segundo gobierno de García. Posteriormente, ya durante el desarrollo de la crisis, hemos presenciado una sucesión de intercambios verbales y escritos entre los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de ambos países, mientras las relaciones comerciales se enfriaban y las inversiones cruzadas entre ambos países continuaban por su cuenta y riesgo.
Toda esta situación nos muestra que los sucesivos gobiernos de Chile que se vieron envueltos en la preparación y activación de la crisis, analizaron y manejaron los diferentes eventos de la relación bilateral en el mérito de la materia y del momento de cada uno de ellos, en una perspectiva de corto plazo, ausentes de una contextualización global que los consolidara y diera sentido y pone en evidencia que sólo una vez desatada la crisis -y específicamente durante la gestión del Ministro Fernández- comenzó a producirse una respuesta integrada, apuntada a abordar la situación como un fenómeno político y diplomático único, es decir a actuar estratégicamente.
Esto pone en evidencia la falta de identificación oportuna de lo que estaba pasando y la ausencia de una estrategia integral que, desde el principio, articulara las capacidades de todos los actores nacionales implicados – Diplomacia, Economía y Defensa -, en vista a enfrentar una estrategia peruana que claramente estaba actuando en forma sinérgica (aunque no necesariamente acertada) con sus Ministros, Académicos, Parlamentarios y Mandos Militares.
En la acción internacional de Chile, ¿quién tiene la responsabilidad de reunir los antecedentes; buscar los que falten; darles coherencia; determinar los objetivos nacionales a alcanzar; diseñar una estrategia y dar las orientaciones para la acción sinérgica e integrada a los actores principales. ¿Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda y Defensa? , ¿Con qué atribuciones e instancias orgánicas de trabajo cuenta ese responsable?
Constitucionalmente el responsable de todo lo anterior es el Presidente de la República, pero es evidente que no puede hacerlo personalmente y que requiere de una instancia institucional que lo apoye.
Esa instancia existe, es el Consejo Superior de Seguridad Nacional, creado por el DFL-181 de 1961 y su respectivo Reglamento. Este Consejo es presidido por el Presidente de la República e integrado por los Ministros de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda, los Comandantes en Jefes de las FF.AA. y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Sesiona por resolución del Presidente y su misión es «asesorarlo en todos los asuntos relativos a la seguridad nacional y la integridad territorial».
Es evidente que este es el organismo institucional que debió haber detectado el problema y haberlo enfrentado con una estratega articulada, desde su inicio, pero también es evidente que este Consejo presenta tres problemas que lo hacen inoperante:
1.- Alguien, de la confianza personal y política del Presidente y de rango ministerial, debió haber estado dedicado a la observación continua del total de la situación exterior de Chile, para advertirlo que, en este caso, existía un problema multidimensional que estaba siendo abordado por parcialidades y que requería atención y respuesta integral. Esa persona no existe porque el DFL 181 no la consideró.
2.- Para cumplir es delicada tarea, la persona encargada de la función de observación, seguimiento de la situación, proposición de la estrategia y coordinación de los esfuerzos, requiere acceso directo a las autoridades interesadas y afectadas, a lo menos los Ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y Defensa y en algunos momentos al propio Presidente de la República; acceso la información de inteligencia adecuada; disponer de un staff permanente reducido pero de alta calidad, profesionalismo y permanencia, y capacidad política y económica para convocar a los mejores especialistas y generalistas disponibles.
El DFL 181 considera que las contingencias pueden ser «previstas y planificadas», lo que en algunos casos puede ser cierto pero no en otros, en esa tesitura dispone que el «organismo de trabajo del Consejo» sea el Estado Mayor de la Defensa Nacional, órgano unidimensional, de naturaleza militar y claramente inadecuado para la tarea, tanto en calificación técnica, independencia, legitimidad y rango político y burocrático.
3.- La composición del Consejo incluye a un alto número de autoridades cuya presencia en muchos casos es innecesaria o contraproducente. Si el Presidente de la República es el responsable de la conducción de la política y la seguridad exterior de Chile parece evidente que tiene derecho a elegir a sus asesores. Si por ley se le imponen asesores, lo más probable es que recurra de hecho a las personas que le parezcan adecuadas a cada situación. Este Consejo debe no solo planificar el manejo de posibles contingencias o hipótesis, sino que debe apoyar al Presidente en el diseño y supervisión de la ejecución de estrategias no solo de reacción sino también de acción.
El actual Proyecto de Ley de Modernización del Ministerio de Defensa considera la eliminación, sin reemplazo, del Consejo Superior de Seguridad Nacional. La razón es que se trataría una organización inútil ya que casi nunca fue citada y no prestó los servicios que constituían su misión. El Proyecto reasigna parte de sus funciones al Subsecretario de Defensa, insistiendo en el error identificado en el punto 2 anterior, ya que se espera que cumpla sus tareas sin tener acceso directo al Presidente de la República, sin tener acceso directo e igualitario a los Ministros a cargo de los organismos que se espera que coordine -Interior, Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores y otros según el caso-, y sin acceso a todos los antecedentes necesarios respecto a la forma en que los otros ministerio aprecian continuamente la situación y menos aún respecto a lo que están haciendo. Se podría pensar que tiene valor como instancia de planificación a largo plazo de la componente militar de las estrategias nacionales, lo que podría ser efectivo, pero continuaría siendo insuficiente para cumplir la función estratégica integral que se espera de ella y más importante, carecería de la capacidad de manejo operacional integral de las crisis ya que eso no sería posible hacerlo desde una instancia de funcionamiento ocasional; naturalmente orientada a la acción militar; situada tan bajo en la escala organizacional de la gestión de gobierno e incapaz de articular y canalizar el creciente y legítimo interés – personal y corporativo -, de los parlamentarios por participar en los asuntos internacionales.
Lo señalado, corroborado por la realidad de la crisis con Perú, presente ante nuestros ojos, hace necesario reconsiderar la decisión de eliminar el Consejo Superior de Seguridad Nacional y en subsidio, mejorarlo para que cumpla sus funciones, que evidentemente son muy necesarias y cada vez lo serán más, ya que la participación de Chile en asuntos internacionales continuará creciendo y complejizándose y no reduciéndose.
¿Obstáculos?, Simple: los intereses corporativos de los Ministerios y el amor propio de los Ministros a ser «coordinados».
*Fernando Thauby es Capitán de Navío (r).
