El paquete de financiamiento es inteligente, pero tiene aspectos cuestionables, especialmente la extensión de la invariabilidad tributaria para las empresas de la minería del cobre.
El proyecto de financiamiento para la reconstrucción decidido por el Presidente Piñera ha dejado al desnudo a la Concertación y sorprendido a la derecha más conservadora.
En efecto, la Concertación, los economistas del establishment, el instituto Libertad y Desarrollo y la mayor parte de personeros de la UDI no esperaban que buena parte de los recursos para enfrentar los daños del terremoto provendría de impuestos directos a las empresas, un aumento del royalty a la minería del cobre (en sentido estricto impuesto específico) y mayores contribuciones a las propiedades con valor superior a cien millones de pesos.
Piñera ha optado por cambios tributarios que la Concertación y sus gobiernos no quisieron o tuvieron temor de impulsar. Es cierto que se trata de modificaciones impositivas acotadas en el tiempo y para el propósito específico del terremoto. Pero, no se le puede pedir peras al olmo. Piñera no planteó en su programa de gobierno modificar el sistema tributario para mejorar la distribución del ingreso, favorecer equilibrios sociales o frenar la concentración del poder económico. Es justo reconocer que esa nunca ha sido tarea de la derecha y sí es parte del ADN de la Concertación. Ésta, con mayoría en el Congreso, no tuvo voluntad para realizar la reforma impositiva que nuestro país viene exigiendo a gritos. En ello radica probablemente buena parte del alejamiento de los sectores sociales que le dieron origen, razón de la derrota electoral y de su crisis en curso.
[cita]El paquete de financiamiento es inteligente, pero tiene aspectos cuestionables, especialmente la extensión de la invariabilidad tributaria para las empresas de la minería del cobre.[/cita]
Resulta poco presentable que ahora los dirigentes de la Concertación enrostren a Piñera que su propuesta impositiva, dirigida específicamente a financiar los costos de la reconstrucción, debiera ir más allá y convertirse en reforma impositiva para cambiar el país. Pero, esta iniciativa de financiamiento tampoco alcanza para convertir al adversario en aliado, como desacertadamente lo ha sostenido el senador Fulvio Rossi, presidente del Partido Socialista. En realidad, el paquete de financiamiento es inteligente, pero tiene aspectos cuestionables, especialmente la extensión de la invariabilidad tributaria para las empresas de la minería del cobre.
En efecto, el “nuevo royalty” es una iniciativa de tanta trascendencia, que debiera discutirse ampliamente en las distintas organizaciones de la sociedad civil, porque es una materia que compromete gravemente el futuro del desarrollo de nuestro país. Para la Concertación este es un tema difícil de desafiar, porque precisamente bajo el gobierno del Presidente Lagos se implementó el mismo procedimiento de invariabilidad tributaria por quince años y a cambio de modestos recursos para el Estado. Esa generosa concesión a las empresas del cobre, ahora se busca extender por ocho años más. Lagos hipotecó injustamente el futuro de las generaciones venideras y ello se vuelve a repetir ahora con Piñera. La invariabilidad tributaria promoverá la superexplotación de la principal riqueza de Chile, privilegiando la protección de la actividad minera en desmedro de otros sectores productivos. Además, no se puede olvidar que el cobre es un recurso no renovable y su explotación tiene manifiestos impactos medioambientales. Ello explica que haya crecido la preocupación a favor de la nacionalización del cobre como forma de protección del presente y futuro de los chilenos.
Por otra parte, también los economistas complacientes, el Instituto Libertad y Desarrollo y dirigentes connotados de la UDI se muestran perplejos con la propuesta Piñera. La argumentación de estos descontentos la resume el senador Novoa: “En política uno tiene que reafirmar los valores propios y no los del adversario”. Sin embargo, simultáneamente debiera reconocer que esos valores distintos en materia impositiva no tuvieron una expresión concreta en una política pública transformadora cuando sus adversarios fueron gobierno.
Adicionalmente, en los descontentos de derecha existe el argumento reiterado, aunque con base real incierta, de que todo impuesto, en cualquier momento y lugar, afecta el crecimiento y el empleo. Crítica superada hoy día, cuando la heterodoxia y la revalorización del pensamiento keynesiano se reincorporan a la cátedra e inspiran las políticas públicas, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Entonces, no debieran existir dudas que el mayor gasto público de la reconstrucción estimulará la actividad económica, con probables efectos positivos en el empleo. En consecuencia, ni las visiones económicas ortodoxas ni tampoco la defensa de los intereses de la gran empresa, ocultos bajo el manto de la técnica, resultan acertados. Los críticos de derecha tendrán que someterse a la iniciativa de Piñera, ya que en una segunda reflexión se darán cuenta que sus intereses ideológicos y económicos están bien protegidos. En efecto, el breve periodo que durará la transitoriedad impositiva se compensará con el largo periodo de protección a la gran minería del cobre, gracias a la extensión de la invariabilidad tributaria.
En suma, ese tercio de financiamiento que se utilizará para enfrentar los costos del terremoto, con origen en cambios impositivos, le ha otorgado el primer triunfo a Piñera como gobernante. Hay que reconocer, sin embargo, que el terreno estaba previamente abonado, gracias a las propias debilidades de la Concertación y a la frágil postura de la UDI y de los economistas defensores del modelo vigente.
Los partidos tradicionales tienen poco que ofrecer ante la fuerza incontrarrestable de un Poder Económico que controla todas las esferas de la sociedad chilena y que ahora se ha instalado en el propio gobierno. Ante la fragilidad ideológica y política de la oposición, la democracia tendrá que depositar su confianza en la recomposición del movimiento social y de sus organizaciones. En las condiciones actuales, la conformación de un contrapoder fundado en la sociedad civil organizada resulta indispensable frente a la hegemonía abrumadora de los Grupos Económicos y su actual representación política.
