En definitiva, la derecha política y la fiscalía se han cruzado al camino de paz del Presidente Piñera.
No cabe duda que es muy positiva la disposición del Presidente de la República y del Ministro del Interior en orden a buscar poner término a la huelga de hambre de los 32 comuneros mapuches repartidos en distintas cárceles del país, modificando aspectos particularmente discutibles de la Ley Antiterrorista y restringiendo la competencia de la Justicia Militar a su ámbito natural.
Esa buena disposición, sin embargo, se enfrenta a las bancadas parlamentarias de la alianza gubernamental que vacila entre rechazar la posibilidad de legislar argumentando que no se puede hacer bajo la presión de la huelga de hambre o buscar compensaciones a cambio de dichas reformas, tales como reprogramar los fracasados indultos a militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
La positiva inclinación del Jefe del Estado se topa también con el hecho que en el mismo momento en que el gobierno, los partidos políticos y las iglesias buscan una solución a la huelga de hambre, el Fiscal de la Araucanía, Francisco Ljubetic, vuelve a la carga anunciando que acusará a 30 mapuches invocando la Ley Antiterrorista, con la novedad, además, que traerá testigos colombianos que acreditarían los supuestos vínculos de la CAM con la organización clasificada internacionalmente como terrorista, las FARC.
[cita]En definitiva, la derecha política y la fiscalía se han cruzado al camino de paz del Presidente Piñera.[/cita]
En definitiva, la derecha política y la fiscalía se han cruzado al camino de paz del Presidente Piñera. Los primeros porque de manera completamente antojadiza pretenden empatar la situación de los detenidos mapuches con la de militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
La fiscalía por su parte porque quiere abrir un proceso que ya no busque sancionar delitos cometidos al tenor de un conflicto político, social y cultural como el que se vive en la Araucanía, sino que busca caracterizar como organización terrorista a la entidad que agruparía a los mapuches procesados.
Para ello cuenta con los testigos colombianos, que por cierto pocos antecedentes van a poder aportar respecto de la investigación de los hechos concretos de que se acusa a los comuneros. Sus testimonios irán en la línea de reforzar el argumento político del fiscal, apoyado en las construcciones de la inteligencia colombiana, en el sentido de calificar como terroristas a los militantes indígenas.
Frente a estos hechos se hace evidente que el movimiento de la huelga de hambre puede entrar en una senda sumamente peligrosa, de no mediar una acción más decidida del propio Presidente, que para ello debiera contar con el respaldo de los partidos de gobierno y oposición.
El problema de fondo no son tanto las disposiciones injustas o abusivas de la Ley Antiterrorista que Chile debe modificar por un acto de civilización, sino la pretensión de manejar el conflicto invocando dicho cuerpo legal. Los delitos por cierto deben ser sancionados conforme a su gravedad con penas proporcionadas y adecuadas, pero la pretensión de resolver el conflicto de la Araucanía con medidas represivas abusivas es completamente descarriada.
El esfuerzo principal debe ponerse en buscar abrir el diálogo político para construir acuerdos que permitan a los militantes indígenas luchar por sus ideales con los métodos propios de la democracia, poniendo las ideas por delante y sin incurrir en acciones que terminan dañando la propia causa indígena. El Presidente tiene una difícil tarea pero también una oportunidad para reencauzar el conflicto logrando que las partes vuelvan sobre el camino del diálogo.
