Es el mismo Estado el que no ha escatimado en medios (ordinarios y extraordinarios) en lo que se refiere al rescate propiamente tal y a la protección física, psicológica y espiritual tanto de los mineros atrapados como de sus familias.
Hay cosas que son de mal gusto y la demanda al Estado por parte de algunas de las familias de los mineros es una de ellas. El hecho de que esa acción tenga asidero legal no es razón suficiente como para llevarla a cabo, a menos que uno piense que la única medida de una acción sea la de su legalidad.
La cuestión es compleja. Lo que hay que determinar es quién es el responsable del accidente, y luego cuáles son los daños y perjuicios que se derivaron de él a fin de que el culpable compense a los afectados por la vía de una indemnización.
En primer lugar se apunta contra los dueños de la mina por el hecho de no haber cumplido con ciertas medidas de seguridad perfectamente determinadas y conocidas. Aparentemente hay razones como para atribuirles esa responsabilidad. La pregunta es ¿cuánta? Porque si ninguna empresa de la mediana minería cumple con las normas establecidas, eso podría ser un atenuante para los dueños de la empresa (no un eximente). Mal de muchos, consuelo de tontos. Puede ser, pero si se trata de hacer justicia, no parece justo cargar a una empresa con todo el peso de no haber cumplido con normas que nadie cumple y que nadie tampoco se encarga de hacer cumplir.
[cita] Es el mismo Estado el que no ha escatimado en medios (ordinarios y extraordinarios) en lo que se refiere al rescate propiamente tal y a la protección física, psicológica y espiritual tanto de los mineros atrapados como de sus familias. [/cita]
En segundo lugar, cabe preguntarse también por la responsabilidad de los mismos trabajadores. La oferta laboral en la zona y en el rubro no es escasa. Eso podría dar pié para pensar que les cabe también alguna responsabilidad por trabajar en condiciones que sabían riesgosas. A fin de cuentas, el primer llamado a cuidar de la propia vida es de uno mismo. Este argumento es discutible cuando el afectado no está al tanto del riesgo al que se expone o cuando la necesidad es tan extrema que le priva de la posibilidad de elegir. Habría que determinar si éste es el caso.
En tercer lugar, cabe preguntarse por la responsabilidad que tiene el Estado en todo esto. Hay antecedentes como para pensar que, al menos en parte, la tiene. Un acto directo de un funcionario del Sernageomin habría permitido la reapertura de la mina, pese a no cumplir con requerimientos que supuestamente eran condicionales de esa reapertura.
Pese a todo, no deja de parecerme antiestético que las familias de algunos de los mineros entablen contra el Estado una acción legal de esa naturaleza. Es el mismo Estado el que no ha escatimado en medios (ordinarios y extraordinarios) en lo que se refiere al rescate propiamente tal y a la protección física, psicológica y espiritual tanto de los mineros atrapados como de sus familias. Distinciones de índole jurídica podrían justificar la acción, lo sé. Y por eso mismo digo que la acción legal en cuestión es de mal gusto y no improcedente.
De mal gusto, también, porque el millón de dólares no los paga Moya ni una piñata estatal cuyos fondos caen de cielo, sino del bolsillo de cada uno de los chilenos, esos que a diario le dan al fisco un 19% de lo que gastan. También de los del profesor que salvó a los niños del campamento de perder el año escolar, del que depositó dinero en la cuenta que va en beneficio de las familias de los trabajadores atrapados, del que les llevó pescados y mariscos, del empresario que puso a disposición del rescate sus máquinas y sus empleados. Y de tantos otros que por razones de espacio no puedo mencionar.
Es de mal gusto morder la mano que a uno le da de comer, es contrario a los buenos modales que son, como dice Burke, más importantes que la ley.
