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Energías renovables y el campo de concentración de Puchuncaví

por 5 junio, 2011

Un nuevo modelo de desarrollo que no está planteado ni contra la empresa ni contra el mercado, sino por un Chile sustentable, con mayores cuotas de igualdad y más democracia, en donde la política regule los negocios y no a la inversa; donde la inversión respete el patrimonio cultural y natural y no lo destruya.
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Era abril de 1975 cuando decenas de torturados de Villa Grimaldi fuimos trasladados desde el campo de prisioneros de “Tres Álamos” al de Puchuncaví. Allí, Boris Chornik, un ingeniero especializado en  física de materiales, educado en la Universidad de Chile y becado por ésta a Berkeley donde obtuvo un doctorado en Física,  había desarrollado un “calentador solar” que permitía calentar el agua y/o secar la ropa que se lavaba en el campamento. Su material básico era el papel aluminio de las cajetillas de cigarrillos que todos los días pedía a los prisioneros en la hora de la formación de la mañana. Este hecho se me viene al presente pues es la expresión más clara que el problema de las actuales deficiencias en la matriz energética del país no están en las fuentes mismas, sino en quienes permitieron que no se desarrollaran las potencialidades creativas en las que el país había invertido.

El actual dilema que presenta el gobierno acerca de un potencial “apagón eléctrico” si no se echa a andar HidroAysén, se explica porque el desarrollo energético del país pasó de manos públicas al sector privado durante la dictadura, y el agua se transformó en un bien privatizable a la par que se debilitaba al Estado en su capacidad de regular las inversiones y el mercado. En otras palabras, la crisis energética se produce porque el modelo de desarrollo impuesto transformó en negocio de unos pocos el requerimiento energético de una nación. Junto a ese proceso, las universidades tradicionales fueron debilitadas, las políticas de inversión pública en ciencia y tecnología se devaluaron, y, como ésta se podía comprar a través de patentes y royalties las empresas no demandaban investigación nacional; así, tampoco las nuevas universidades privadas desarrollaron investigación pues se dedicaron al negocio de la docencia, o mejor dicho a la renta inmobiliaria. La innovación, al estilo de los proyectos de Boris Chornik, fue desestructurada en sus cimientos.

Un nuevo modelo de desarrollo que no está planteado ni contra la empresa ni contra el mercado, sino por un Chile sustentable, con mayores cuotas de igualdad y más democracia, en donde la política regule los negocios y no a la inversa; donde la inversión respete el patrimonio cultural y natural y no lo destruya.

Ahora el Presidente señala: “estoy más preocupado de los chilenos, porque las personas merecen más protección que los árboles. Nos preocupa mucho la protección del medio ambiente, pero nos preocupa mucho más la salud y la calidad de vida de los chilenos”. Este paradigma es el que ha quedado obsoleto, pues es obvio que el ser humano merece más protección que los árboles, pero hoy es claro que sin árboles el Hombre queda desprotegido; esto no tiene que ver con la ideología sino con la situación planetaria: si la tierra sigue siendo incrementada en su temperatura el desastre humanitario será total, como ya se insinúa. Si la modernidad entendió que el progreso humano estaba en la capacidad de conocer las leyes de la naturaleza para controlarla y explotarla para su beneficio de manera ilimitada –intentando superar la máxima de “necesidades ilimitadas y recursos escasos”-, ello se ha demostrado como un error, pues la naturaleza no es algo que está allá afuera – oh! Descartes- sino que es parte de nosotros y sin la cual no podemos vivir.

El paradigma emergente está sobre todo en las nuevas generaciones que se están movilizando, no porque sean “posmaterialistas” sino porque están informadas y saben que el tipo de crecimiento desregulado con apropiación de la riqueza para unos pocos, no es lo deseable. El eje articulador de un nuevo paradigma es resituar al ser humano en su relación con el medio ambiente pasando del modelo “destructor” al de la convivencia, extrayendo riquezas y reponiendo los ciclos de vida de la naturaleza.

Así, la discusión está en el modelo de desarrollo al que aspiramos los chilenos y chilenas. En términos generales hay dos tesis: la tesis gubernamental con apoyos transversales, es que si “queremos seguir creciendo” para “derrotar a la pobreza”, hay que profundizar la misma receta económica  de hace 37 años; la otra señala que crecer no es lo mismo que desarrollarse, y que ello está demostrado por las desigualdades en la distribución del ingreso y del poder. El debate sobre un modelo de desarrollo no debiera excluir a nadie, lo que implica socializar la discusión y ampliarla a los campos más importantes, entre ellos el de la educación pública, las condiciones del trabajo, la estrategia para incrementar el conocimiento científico técnico propio, y la matriz energética que alimentará el desarrollo productivo.

Por todo esto, no es bueno que el Ministro de Defensa declare que el asunto de la “matriz energética es un tema de seguridad nacional” -colocando la inversión de HidroAysén en una delicada frontera-, pues el actual carácter privado y transnacional de la explotación del agua y las debilidades en la investigación científica sobre las energías renovables, debilita la soberanía y él debiera considerarlo en su concepción de seguridad.

Por otra parte la Comisión de expertos prevista por el Gobierno puede ser una buena iniciativa para tener una opinión técnica –si no tiene en su interior conflictos de intereses-, pero ésta debiera operar como un insumo para una decisión democrática de todos. Pues resolviendo sobre este punto se estará constituyendo una base de lo que será la estrategia de desarrollo.

En este contexto, es lícito plantearse profundizar y ampliar a otros sectores el movimiento democratizador en marcha tras un modelo que sea sustentable, productivista y respetuoso de la ecología. Un nuevo modelo de desarrollo que no está planteado ni contra la empresa ni contra el mercado, sino por un Chile sustentable, con mayores cuotas de igualdad y más democracia, en donde la política regule los negocios y no a la inversa; donde la inversión respete el patrimonio cultural y natural y no lo destruya; donde el empleo que se genere no sea a costa de la destrucción del medio ambiente, ni de la dignidad de los trabajadores o los derechos de los pueblos originarios; donde la educación de calidad se refleje en la inversión pública y la ciencia y tecnología tengan un presupuesto decente. En suma hay que proponerse tener una Constitución Política gestada y sancionada en condiciones democráticas, que genere el marco consensuado de una nueva etapa de la vida política y social del país.

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