En Chile como en el resto de la región parece estar quedando claro que más que los fantasmas del retorno autoritario, parecen ser las cuestiones relativas a la subjetividad de los ciudadanos y la confianza que depositan en los gobernantes y las instituciones lo que mueve las preocupaciones en relación con la gobernabilidad.
El peor escenario para La Moneda parece comenzar a instalarse con los hechos generados por las recientes movilizaciones sociales. El diagnostico –previsible por lo demás- durante la pasada campaña presidencial en el sentido que este podría ser un gobierno sometido a altos niveles de conflictividad social parece comenzar a hacerse realidad.
Después de un primer año 2010 de relativa calma, el 2011 arranca con la primera gran manifestación de descontento en Magallanes. A partir de allí una mezcla de errores y desprolijidades en la gestión gubernamental –cuyos mayores íconos son los caos Van Rysselberghe y Kodama- han dado lugar a crecientes movilizaciones por demandas de diverso tipo que solo en el centro de Santiago –según La Segunda– sumaban 600 protesta en lo que va corrido del año.
Estos hechos han encendido las alarmas en el gobierno por la progresiva presencia de amenazas para la gobernabilidad. Este como se sabe ha sido un fantasma recurrente para el presidente Piñera y la coalición de centro derecha. En RN y, especialmente a la UDI, ven con preocupación como los tres elementos estructurantes del paradigma de gobernabilidad: legitimidad, eficacia y estabilidad parecen comenzar a erosionarse como resultado de la caída de la aprobación del gobierno y sobre todo por el fuerte rechazo que muestran las encuestas. Esto sería en opinión de muchos actores –tanto del oficialismo como de la oposición– consecuencia del déficit de gestión política del presidente y su equipo de ministros unido al estilo personalista y a la falta de relato. La crítica en relación con este punto es transversal. Natural en la oposición, pero de mayor contundencia en la propia colación de gobierno. La carta-bomba de la mayoría de los diputados UDI en relación con el modelo de toma de decisiones en el ejecutivo y el cuadrillazo de Longueira para aumentar la capacidad de veto de UDI en el gobierno hacen aún más complejo el escenario de relaciones en la coalición que sustenta al gobierno.
[cita]En Chile como en el resto de la región parece estar quedando claro que más que los fantasmas del retorno autoritario, parecen ser las cuestiones relativas a la subjetividad de los ciudadanos y la confianza que depositan en los gobernantes y las instituciones lo que mueve las preocupaciones en relación con la gobernabilidad.[/cita]
No era necesaria mucha capacidad prospectiva para prever los focos de conflictividad que debería enfrentar el gobierno. Lo que sorprende es la ausencia en sus equipos técnicos de este tipo capacidades y competencias. El diagnóstico en relación con los actores y demandas siempre ha debido ser de mayor conflictividad. Dos razones pueden explicarlo: i) estamos frente a una nueva dinámica política con desafíos de nuevo tipo que tienen que ver con el paso de un piso promisorio de oportunidades a nuevas y complejas exigencias sobre el desarrollo del país y; ii) hoy tenemos una mayor cantidad de actores cada uno crecientemente autónomos en sus propias lógicas. Mucho de estos actores durante los años de la Concertación estaban bajo su ámbito de influencia pero hoy han adquirido independencia de acción.
Estos dos factores catalizan la actual conflictividad social. De allí que la capacidad de procesamiento de los conflictos por parte de La Moneda era un objetivo esperable en clave de gobernabilidad.
Como sabemos la gobernabilidad ha pasado a estar directamente asociada al éxito o fracaso de un gobierno para compatibilizar los factores económicos, sociales y políticos asociados a las demandas de una mayoría de la población. Esto a su vez se expresa de manera concreta en la capacidad institucional de construir una agenda pública que refleje y responda a las nuevas demandas ciudadanas, y de formular y poner en prácticas políticas públicas que contribuyan a satisfacer dichas demandas.
En Chile como en el resto de la región parece estar quedando claro que más que los fantasmas del retorno autoritario, parecen ser las cuestiones relativas a la subjetividad de los ciudadanos y la confianza que depositan en los gobernantes y las instituciones lo que mueve las preocupaciones en relación con la gobernabilidad. Para erosionar los sistemas, solo basta con escoger mal las políticas que la geste esperaba o centrarse solo en los resultados ignorando la importancia de los procesos deliberativos.
La ineficacia gubernamental para el tratamiento de los problemas públicos y/o la erosión de la legitimidad política están a la base del “circulo vicioso” que puede desembocar en situaciones de inestabilidad o de franca ingobernabilidad. Aquí radican las actuales asechanzas para la gobernabilidad.
