Está muy claro que el derecho a la educación, establecido en nuestra Constitución, no es igual para todos. La inequidad y las barreras económicas y sociales en el acceso a la educación forman parte de nuestro paisaje. He ahí la fuente de descontento y de la crisis actual.
Sin duda la educación superior en Chile enfrenta una crisis estructural. Las movilizaciones estudiantiles que hoy presenciamos son sólo una expresión más de esta larga crisis. Para buscar soluciones se requiere identificar cuál es la esencia de este malestar, el que no es nuevo y que hoy se manifiesta en diferentes sectores de la comunidad universitaria: estudiantes y académicos, incluso de universidades privadas.
En este contexto uno de los problemas más graves es la situación por la que atraviesa la educación superior estatal. Desde el punto de vista presupuestario, sostener que en Chile existen universidades públicas es un eufemismo. Hace más 30 años que estas instituciones se autofinancian y hoy reciben sólo un 10% de financiamiento del fisco, aproximadamente. Esta opción, diseñada durante la dictadura militar y mantenida durante la democracia, no se condice con las políticas de los países más desarrollados, en los que la formación de capital humano avanzado ha sido fundamental. Es así que el promedio del aporte que los países de la OCDE realizan a sus universidades públicas, supera largamente el 50% que los rectores de universidades públicas chilenas han solicitado como aporte basal mínimo del Estado para funcionar como tal.
[cita]Está muy claro que el derecho a la educación, establecido en nuestra Constitución, no es igual para todos. La inequidad y las barreras económicas y sociales en el acceso a la educación forman parte de nuestro paisaje. He ahí la fuente de descontento y de la crisis actual.[/cita]
Debido a esta política de autofinanciamiento, Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica donde las universidades del Estado cobran aranceles altos. Que las universidades estatales sean gratuitas como ocurre en muchos países del continente y en la mayoría de los países desarrollados es impensable en el Chile de hoy. Por algo el aporte privado a la educación superior, es decir, de las familias chilenas, es uno de los más altos del mundo y supera 6 veces el gasto público en el área.
Y si bien, tras la desregulación de la educación superior en 1981, la inscripción de los estudiantes de quintiles de más bajos ingresos en la educación superior fue la que más rápido creció, con los años la tendencia ha sido constante: los estudiantes pertenecientes a los quintiles más altos de ingresos se matriculan en porcentajes más altos a la universidad y los pertenecientes a los más bajos a CFT e IP.
Está muy claro que el derecho a la educación, establecido en nuestra Constitución, no es igual para todos. La inequidad y las barreras económicas y sociales en el acceso a la educación forman parte de nuestro paisaje. He ahí la fuente de descontento y de la crisis actual.
Y si la cancha no es pareja para los estudiantes, tampoco lo es para las instituciones de educación superior. Las universidades estatales, por su naturaleza “pública” están sujetas a numerosas trabas, lo que burocratiza su gestión; viven severas restricciones en la inversión y se les impide endeudarse a largo plazo (de manera excepcional este año podrán hacerlo). En definitiva, viven dificultades que no ayudan a realizar una gestión moderna, profesional y eficiente.
A pesar de ello, instituciones públicas, como la Universidad de Chile, son las que lideran los rankings nacionales y ocupan lugares importantes a nivel internacional. En el último ranking Scimago, que evalúa la producción e impacto de las publicaciones científicas, la U. de Chile ocupa la primera posición en el país; un lugar destacado entre las universidades latinoamericanas y se encuentra dentro de las 400 instituciones académicas de mejor desempeño a nivel mundial. En relación a la publicación en revistas indexadas, ISI, la Casa de Bello mantiene un claro liderazgo concentrando el 28,4% de las publicaciones nacionales en el período 2005-2010. Y respecto a las becas de doctorado CONICYT, para el período 2006-2011, ha mantenido el primer lugar, con un porcentaje que ha oscilado entre el 30 y 34% del total de becas adjudicadas.
Claramente las universidades del Estado han hecho y hacen un aporte indesmentible al país. La pregunta es si queremos que los recursos se orienten, como ocurre en todos los países desarrollados, a un marco de garantías capaz de mantener el pluralismo, la libertad de cátedra, la complejidad disciplinaria, la investigación de frontera, la carrera académica, la ausencia de discriminación como es el aporte que realizan las universidades estatales u optamos por financiar un sistema donde priman los criterios comerciales, en algunos casos de dudosa calidad académica.
La Universidad de Chile y sus pares estatales, están planteando potenciar su relación con el Estado. Lo que implica ordenar estos conceptos, comprometer responsabilidades y financiar los proyectos universitarios públicos en la medida en que éstos cumplen un rol social claramente diferenciado con los de otras instituciones de educación superior. Pero también implica sincerar y transparentar el lucro en las universidades privadas, regulándolo y acotándolo. Es hora de hacer una gran reforma a la educación superior que permita que la educación sea un derecho para todos los chilenos.
