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Arriesgar lo (im)posible: la otra democracia tras las movidas en Educación Superior

por 30 junio, 2011

Propongo que seamos todas y todos los chilenos mediante una consulta nacional quienes decidamos qué tipo de educación superior queremos. Si el gobierno quiere realmente hacer de este año, el año de la educación superior, no puede sino pensar en una reforma general al sistema que integre, y estabilice, las expectativas de cada chileno.
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Chile fue el primer país en América Latina que introdujo aranceles de pago en las instituciones de educación superior públicas. Entre otros importantes elementos que modificaron radicalmente el funcionamiento de las universidades, hoy, la única condición de igualdad que permite acceder al sistema corresponde a quienes cuentan con un soporte económico que garantice su permanencia.

Cualquiera sea el tipo de institución (Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional o Universidad), en todas debes pagar. Con esto, en la práctica, todas las personas y familias interesadas en acceder a un bien social como la educación superior deben  ser capaces de “invertir”, en distintos periodos de tiempo y según su “capital social”/económico, por el tipo de educación superior a poseer.

Este proceso en funcionamiento hace más de 30 años, se ha  centrado en la capacidad de oferta y ha focalizando una mayor cobertura bajo un solo horizonte: un país con mayor escolaridad es un país con mayor desarrollo. Es decir, en lo que respecta a educación superior, son los bolsillos de las familias chilenas los sostenedores de  índices de desarrollo país.

Propongo que seamos todas y todos los chilenos mediante una consulta nacional quienes decidamos qué tipo de educación superior queremos. Si el gobierno quiere realmente hacer de este año, el año de la educación superior, no puede sino pensar en una reforma general al sistema que integre, y estabilice, las expectativas de cada chileno.

Efectivamente, la cantidad de estudiantes que han pasado por la educación superior universitaria, ha crecido hasta llegar a poco más del 43% en el 2010. Sin embargo, en proporción al mismo periodo, sigue siendo un indicador que no se corresponde con la escolaridad básica y secundaria alcanzada. Pues claro, ¿es un deber que todas y todos tengamos títulos universitarios para un buen vivir? La respuesta que como país tengamos es crucial.

La situación de la Educación Superior nos muestra que lo que hemos producido como país es generar desiguales formas de ingreso al “desarrollo”. Hoy tenemos Universidades excesivamente homogéneas socialmente. En parte, porque con la libertad de enseñanza la oferta ha estado centrada en  instituciones que no cuentan con un aporte directo del Estado que incentive más a integrar y no solo a “mover” socialmente. El famoso discurso de la movilidad social, realmente se estanca cuando las instituciones en su seno no integran la diversidad social del país.

Estamos frente a  un total desamparo por parte del Estado que limita nuestra libertad cuando es éste quien nos segmenta según el soporte financiero con que podemos acceder al desarrollo cuando “lo normal” es acceder a la educación superior debiendo  pagar, en desiguales condiciones, para poder alcanzarlo. ¿por qué las universidades, solo por existir, no debieran becar a sus estudiantes de los primeros tres quintiles a fin de promover más integración?

Por ejemplo, en las  “instituciones de educación superior del Estado”, como lo es la Universidad de Chile, no se ha modificado sustancialmente la matricula en más de 20 años. Promoviendo, en la práctica, la homogeneidad social de estudiantes entre las universidades “competitivas”. Por un lado, existen universidades estatales para la elite compitiendo entre privadas  de y para la elite. Mientras la mayoría de las familias “invierten” en créditos muy desiguales en universidades privadas o estatales regionales demasiado precarizadas, es decir, hay universidades (estatales y privadas) para ricos y universidades (estatales y privadas) para pobres.

La problemática primordial de la Educación Superior no se ha enfrentado de manera adecuada, hoy se hace indispensable la creación de un nuevo marco educativo que permita erradicar una de nuestras mayores desigualdades. El modelo de Educación Superior refracta directamente el tipo de país que somos y el que queremos ser.

Para esto, no bastan soluciones que mantengan un sentido parcelado o “técnico” de pensar la educación. Ya pasó mayo, esto es más que una reivindicación corporativa. Con las  Universidades y colegios movilizados o en toma nos permitimos llegar fuerte a todos los chilenos. Son estudiantes, rectores, funcionarios, académicos, las familias endeudadas quienes exigen. ¿Por qué, entonces, debiésemos volver a la normalidad de las aulas como si nada hubiere pasado?  El llamado hacia un dialogo pareciera ser: “conversemos, cambiemos todo. Así el sistema, la institucionalidad, se mantendrá exactamente igual”.

En este sentido, la respuesta de la política - los políticos del establishment donde históricamente no ha entrado el sentido común sino el interés particular mal llamado técnico -  a la crisis de la educación no puede retirarse a la institucionalidad heredada de la dictadura o formas “representativas” de los “actores de la educación” como el 2006. Esta vez, más bien, se trata de proyectar e incidir en los excesos mismos que en la educación de mercado son más que la educación. En efecto, la coyuntura del endeudamiento en la educación se caracteriza cada vez más por la forma “normal” de vida que sostenemos. Pareciera obvio que  la  profesionalización es una inversión personal para un mejor estilo de vida. Entonces, todos paguemos y cada cual como pueda.

A mi entender, la cuestión clave no es si la educación gratuita es (im)posible, sino: ¿en qué sentido es (im)posible y cómo se entiende políticamente esta imposiblidad?

Si realmente queremos que las y los alumnos de sectores de ingresos bajos y medios no tengan su acceso restringido por barreras financieras, debemos tener como prioridad a nivel país el desarrollo universitario, y desde esa perspectiva, impulsar mecanismos que permitan el despliegue de esta prioridad de la mejor manera posible.

Para esto, propongo que seamos todas y todos los chilenos mediante una consulta nacional quienes decidamos qué tipo de educación superior queremos. Si el gobierno quiere realmente hacer de este año, el año de la educación superior, no puede sino pensar en una reforma general al sistema que integre, y estabilice, las expectativas de cada chileno. Sin embargo, no puede dejar de lado el hecho que  mayoritariamente desaprobamos su gestión, por tanto, debe superar la institucionalidad que no permite integrar a todos. ¿es esto imposible?

Tanto el término de las movilizaciones, como el futuro de la Educación Superior, esta vez, no pueden pasar por la política institucional heredada de la dictadura. La democracia del acuerdo le jugó en contra a la democracia, excluyó a muchos y abandonó el debate público de los asuntos estratégicos del país. Este es el mejor momento para  practicar una democracia que nos incluya a todas y todos. Solo el Estado y la ciudadanía organizada, podrán garantizar que una nueva ley de Educación Superior represente el país que queremos y para eso, esta democracia “representativa” queda al debe.

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