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Se acabaron los cuentos: inscripción automática ahora

Sebastián Sichel
Por : Sebastián Sichel Abogado y director de Giro País
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Ya van 2 años y medio desde esa historia, y todo sigue igual: la mezcla de la discusión sobre el voto de los chilenos en el extranjero, el arrepentimiento de algunos por el voto voluntario y la omisión activa de varios que veían amenazados sus cargos con los cambios, conspiraron para que esto fuera mucho más lento de lo razonable.


Corría marzo del 2009 y al menos 3/5 de los miembros del Congreso celebran la aprobación de una reforma que incorporaba el voto voluntario y la Inscripción Automática a nuestra Constitución. Pese a la euforia, finalmente se acordó su postergación hasta un plazo lejano: la municipal del 2012. Quedaba pendiente la aprobación de una ley que hiciera viable el proceso.

Ya van 2 años y medio desde esa historia, y todo sigue igual: la mezcla de la discusión sobre el voto de los chilenos en el extranjero, el arrepentimiento de algunos por el  voto voluntario y la omisión activa de varios que veían amenazados sus cargos con los cambios, conspiraron para que esto fuera mucho más lento de lo razonable. En paralelo el Gobierno demoró la respuesta técnica para conciliar los domicilios automáticamente con los electores, lo que empantanó otros meses la discusión. Esto ha llevado a varios a esgrimir la imposibilidad de que la IA no esté operativa para las elecciones 2012 e incluso 2013. Estamos llegando al absurdo que recién el 2016 tendríamos un sistema de inscripción electoral automático. Y 4 millones o más  fuera del él hasta ahí.

[cita]El Estado hoy tiene un deber esencial en materia electoral y que no debe eludir: mantener un registro electoral actualizado de todos los mayores de 18 años. Un Estado democrático debe facilitar el ejercicio de la ciudadanía, no limitarla. Y poner todos los incentivos para que se ejerza el derecho a elegir (más allá de los deberes recíprocos de los ciudadanos). En la modernidad no hay excusas técnicas creíbles para no hacerlo.[/cita]

La conciencia de que se estaba configurando el peor de los escenarios posibles, llevó a que un grupo de 108 firmantes nos juntáramos con un objetivo: presionar para que la reforma se apruebe para la elección del 2012. A “Salvemos la Democracia”, concurrió gente diversa y con opiniones disímiles sobre la voluntariedad/obligatoriedad del voto. La máxima era una sola: construir acuerdos en torno a la IA. Lo único preclaro era que nada era peor el estado actual de nuestro padrón electoral.

Existe una probabilidad alta de que de no aprobarse esta reforma en los hechos tendremos Inscripción Voluntaria con Voto Voluntario. Con la voluntariedad incorporada en la Constitución es casi imposible desde el punto de vista legal y político aplicar sanciones al no votar.  Si las sanciones son ya casi inexistentes (el criterio general de la autoridad ha sido no aplicarlas), menos lo serán la próxima elección. La credibilidad de la política está en juego: la transversalidad de los partidos políticos y candidatos presidenciales de la época para aprobar el cambio constitucional fue total. Los quórums inéditos y su uso como herramienta de campaña exigen una mínima coherencia. Y cumplir la promesa de aplicarla el 2012. Tratar hoy de revertir la voluntariedad a través de esta ley es intentar otra vez sacar las castañas con la mano del gato, para eso debe intentarse una nueva y legitima reforma constitucional. De seguir en el camino de la dilación, podríamos llegar al absurdo de no tener IA y un derecho constitucional a la voluntariedad del voto controvertido y cuya aplicación quede entregada a la interpretación. El Estado hoy tiene un deber esencial en materia electoral y que no debe eludir: mantener un registro electoral actualizado de todos los mayores de 18 años. Un Estado democrático debe facilitar el ejercicio de la ciudadanía, no limitarla. Y poner todos los incentivos para que se ejerza el derecho a elegir (más allá de los deberes recíprocos de los ciudadanos). En la modernidad no hay excusas técnicas creíbles para no hacerlo.

El esfuerzo de la política debe estar en “airear” el sistema, hoy asfixiado. La IA es un tímido inicio para ello, sabemos que urgen más reformas. La prioridad está en romper el inmovilismo del sistema y agregarle competitividad a la política. En la práctica hoy tenemos un sistema electoral “congelado” desde el año 1989 –los mismos políticos con los mismos electores- y que ha generado desafección principalmente en los más jóvenes de la población. La IA al menos pone los incentivos en el lugar adecuado: el Estado debe buscar los medios más eficientes para que las personas concurran a votar y la clase política debe competir por el voto de los ciudadanos mejorando su oferta.

Finalmente, el plazo se agota: la ley dice que esta reforma deberá aprobarse 330 días antes de la elección municipal, es decir el 31 de noviembre. Proyectando, de no ser así, menos del 20% de los menores de 34 años aparecerán en los registros electorales. Y el riesgo es que los menores de 40 serán una ridícula minoría en  la votación global: una verdadera gerontodemocracia.

Ayer dos diputados presentaron una Reforma Constitucional para restituir el voto obligatorio. Bien por ellos, al menos ahora se separó la discusión. Se acabaron las excusas para aprobar la inscripción ahora.

Su aprobación depende de la Comisión de Constitución y de Gobierno de la Cámara de Diputados, en el Senado ya tuvo una larga discusión. Lo impresentable es seguir jugando al comprahuevos: llegó la hora de terminar la discusión e implementarla. Confiamos en que la voluntad manifestada por muchos explícitamente se exprese en su aprobación antes de que se agote el plazo. No olvido las palabras del Presidente de un Partido cuando le pregunte qué pasaba a principios del 2010: “Eso ya está listo, no es necesario de insistir”, casi 2 años después de esa conversación, veo que lo que no debemos dejar es de exigir su aprobación: hasta que promulguen la ley. Es un pequeño paso para la política, pero un gran paso para la democracia.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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