La instalación de un nuevo competidor en este mercado no es coser y cantar. Es un negocio de volumen con altas economías de escala y con varias barreras naturales que enumeró el presidente de Transbank en declaraciones de prensa: tecnología, capital y capacidad operativa para procesar un gran número de transacciones.
A mediados de enero, señalé en mi anterior columna que las tarjetas son un medio de pago muy conveniente que ofrece una serie de ventajas para quienes las usan, pero que los costos del sistema de pagos con tarjeta son muy superiores a los de otros países. Ello se explica, decía la columna, por una estructura monopólica con un único operador en la parte adquirente que cobra altas tarifas, las que terminan siendo soportadas por los consumidores. Modales.
En febrero, en el marco del Plan Impulso Competitivo del Ministerio de Economía, el Gobierno manifestó su voluntad de introducir competencia en este mercado con vistas a reducir las actuales tarifas.
El hecho es que mientras los grandes comercios enfrentan tarifas del orden de 1%, a los pequeños se les aplica una tarifa que puede llegar a 2,95%, es decir, un costo tres veces mayor a los de supermercados o grandes tiendas. La estructura de tarifas discrimina según rubro de comercio y el comportamiento de las ventas con tarjeta. A cada rubro se le define una tabla tarifaria con un rango de precios que varía en función del valor promedio del ticket de venta y del volumen total de ventas.
[cita]La instalación de un nuevo competidor en este mercado no es coser y cantar. Es un negocio de volumen con altas economías de escala y con varias barreras naturales que enumeró el presidente de Transbank en declaraciones de prensa: tecnología, capital y capacidad operativa para procesar un gran número de transacciones.[/cita]
De aquí surgen dos situaciones que no son deseables para el funcionamiento eficiente de los mercados.
Primero, que el costo de las tarifas al comercio es traspasado finalmente a los consumidores, encareciendo los precios al por menor para todo medio de pago y reduciendo la eficiencia en las transacciones minoristas de la economía, pues estimula el usa de formas de pago de alto costo.
Segundo, que la estructura de tarifas privilegia a los grandes del “retail” en desmedro de los pequeños comercios y de los nuevos emprendimientos, los que se ven perjudicados por costos más altos.
Resulta, por tanto, muy atingente someter al actual monopolio a un mayor escrutinio desde la perspectiva del impulso competitivo y del emprendimiento.
Sin embargo, la instalación de un nuevo competidor en este mercado no es coser y cantar. Es un negocio de volumen con altas economías de escala y con varias barreras naturales que enumeró el presidente de Transbank en declaraciones de prensa: tecnología, capital y capacidad operativa para procesar un gran número de transacciones. Además, se requiere de una licencia de adquirencia que sólo puede ser otorgada por una empresa dueña de una marca de tarjetas (Visa o MasterCard) y contar con un sistema (software) de transacciones de pago que cumpla con los estándares de seguridad de datos de la industria.
Salvo escasas excepciones, tal licencia se otorga sólo a bancos a fin de asegurar el acceso al sistema de compensaciones bancario. Tal vez por ello, el Gobierno considera que el instrumento para lograr el objetivo de mayor competencia sería el Banco del Estado.
Para BancoEstado no es un asunto trivial entrar a competir en la adquirencia, toda vez que además de superar las anteriores barreras, para ofrecer el servicio necesita afiliar una cartera de comercios de tamaño suficiente para dar sustento al negocio. Esa es una tarea nada de fácil que se erige como una gran barrera de entrada adicional. En su momento, la experiencia de Transbank en la afiliación de comercios fue un fracaso y los bancos tuvieron que pagar oro a Bancard por la cartera de contratos de comercios afiliados.
Así las cosas, sería un éxito si se lograse ampliar la oferta del mercado desde el actual monopolio a un duopolio con el Banco del Estado como un adquirente alternativo. La tarea es más compleja aún si se considera que ese banco es hoy accionista de Transbank.
Suponiendo que, no obstante las dificultades, BancoEstado lograre montar una red adquirente independiente, surgen algunas interrogantes clave.
¿Podrá el nuevo entrante ser rentable y cobrar tarifas competitivas si debe recuperar la inversión con una base de comercios estrecha, mientras Transbank ya ha amortizado la inversión y cuenta con una red de 100 mil comercios que ofrece pocos espacios libres a terceros?
¿Operará el nuevo entrante con las mismas reglas que aplica Transbank y que están proscritas en otros mercados por ser contrarias a la libre competencia, como la regla de no sobrecargo, la regla de aceptar todas las tarjetas y la exclusividad del uso de la red?
Es difícil hacer pronósticos, pero es discutible que un duopolio ofrezca los beneficios de un mercado con auténtica competencia.
Tal vez sea útil abrirse a explorar fórmulas que incorporen una regulación más efectiva que la actualmente vigente. Eso es lo que ha ocurrido en mercados que ya han abordado el problema de las prácticas contrarias a la sana competencia en los sistemas de pago y del alto costo de su funcionamiento.
Hace 10 años, Australia determinó eliminar las reglas anti competencia de los manuales de operación e impuso una regulación tarifaria basada en costos que ha funcionado razonablemente bien y con un mercado de tarjetas que continúa creciendo vigorosamente. La Comunidad Europea y Gran Bretaña, a través de sus respectivas agencias de libre competencia, han forzado a la industria, a veces negociando y otras en procesos antitrust, a adecuar sus reglas y tarifas a condiciones de competencia. Suiza optó por regulaciones tarifarias al estilo australiano. En México, el gremio bancario y el banco central han llevado adelante un programa de reducción de tarifas que ha mostrado importantes avances.
El año pasado, a partir de estudios de costos de las transacciones de tarjetas de débito, la Reserva Federal de Estados Unidos impuso un límite que redujo las tarifas de intercambio promedio de 45 a 21 centavos, mientras que en Chile puede llegar a un dólar, y obligó a ofrecer al menos 2 opciones de red. También en 2011, VisaEurope redujo “voluntariamente” su comisión por compras transfronterizas a un máximo de 0,20%, comisión que en Chile puede ser hasta 15 veces mayor.
En fin, hay múltiples ejemplos de regulaciones aplicadas a los sistemas de pago minoristas. Aunque teóricos han señalado la inconveniencia de regular algo tan complejo como un mercado de dos lados con externalidades de red y advertido de eventuales consecuencias indeseadas de esas regulaciones, lo cierto es que ellas no han afectado negativamente el desarrollo del sistema de tarjetas. Por el contrario, la industria sigue boyante y las regulaciones han permitido que su funcionamiento sea más eficiente para la economía como un todo y mejor apreciado por comercios y consumidores.
El Plan Impulso Competitivo podría ser la palanca de cambios apropiada para explorar fórmulas que incluyan tarifas reguladas y eliminación de reglas anti competencia, como ha sido la experiencia extranjera. Si el plan es exitoso, Chile podrá beneficiarse de avances en eficiencia como lo han hecho otros mercados.
