El gran problema en Chile es que para acceder a un asiento en el Congreso se requiere de altas sumas de dinero, lo que convierte el ejercicio de la democracia en una ilusión, pues solo los actores con más recursos pueden efectivamente resultar electos.
El tenor de la discusión sobre el aumento en las asignaciones de los senadores está mal enfocado. La justificación entregada por los parlamentarios a primera vista parece correcta: no es posible que un senador que representa a un millón de electores distribuidos en decenas de kilómetros tenga los mismos gastos operacionales de alguien que representa a cien mil. La proporcionalidad siempre me ha parecido un criterio razonable.
No obstante, el tema esconde dos cuestiones mucho más sustantivas. La primera tiene que ver con la fortaleza institucional del Congreso Nacional para cumplir sus funciones de producción legislativa y representación. A este respecto, me temo que contamos con una institución muy débil. Hoy, los congresistas cuentan con muy pocas herramientas y capacidades para generar una ley y establecer un contrapeso serio a los batallones de funcionarios, equipos, y estudios que emanan desde el Ejecutivo.
Un ejemplo de ello es la actual estructura de asesoría profesional legislativa. El sistema está diseñado para que cada legislador contrate asesores profesionales en forma individual. Existe la posibilidad que los comités parlamentarios puedan sumar recursos y contratarlas en forma colectiva. Sin embargo, salvo contadas excepciones, el incentivo de los legisladores es a contratarlos individualmente. De acuerdo a la información oficial, un senador dispone de $2.6 millones mensuales para tales efectos. Es decir, el Senado podría llegar a gastar cerca de $100 millones mensuales en asesorías para la producción de la ley.
[cita]El gran problema en Chile es que para acceder a un asiento en el Congreso se requiere de altas sumas de dinero, lo que convierte el ejercicio de la democracia en una ilusión, pues solo los actores con más recursos pueden efectivamente resultar electos.[/cita]
Más eficiente que este sistema individualizado sería uno de tipo centralizado, permanente, profesional, y organizado por comités parlamentarios. Aunque se ha discutido en el Congreso la idea de establecer un sistema de apoyo técnico-profesional o “staffers”, la iniciativa nunca ha podido materializarse pues priman los incentivos individuales. Si no se aborda el tema del robustecimiento de la gestión legislativa, nuestra democracia se debilitará, las políticas públicas serán subóptimas y la ciudadanía se distanciará todavía más de los congresistas.
Una segunda dimensión se refiere a cuántos son los recursos se requieren para ejercer la función parlamentaria. Si en una democracia en teoría somos iguales, cualquier persona debiese poder aspirar a llegar al poder. Una vez electo, el Estado debiese permitir que el representante pudiese solventar sus gastos de modo de estar libre de conflicto de intereses. Si el legislador requiere recursos para mantenerse en el poder o mantiene vínculos directos con el sector privado se produciría una insana relación de poder.
La forma en que se financia la política es, entonces, un componente esencial de este debate. El gran problema en Chile es que para acceder a un asiento en el Congreso se requiere de altas sumas de dinero, lo que convierte el ejercicio de la democracia en una ilusión pues solo los actores con más recursos pueden efectivamente resultar electos.
Solo para ilustrar esta tendencia, de acuerdo a las estadísticas del Inspector de intereses (www.inspectordeintereses.cl), el 56,3% de los parlamentarios participa de al menos una sociedad. Algunos de ellos tienen intereses que se expresan en la participación con acciones y en varias sociedades de responsabilidad limitada. Un caso ya emblemático es el senador Carlos Larraín, quien además de participar de empresas del área de vivienda y urbanismo, tiene acciones en Salfacorp, Andina-B, CCU, CMPC, Conchaytoro, Copec, Enersis, Forus, Coloso, Puerto Lirquén, Pasur, entre otros. Vale la pena advertir que 69 congresistas (43,6%) no presentan participación en ninguna sociedad.
En Chile, acceder a un cargo en el Congreso es costoso. Además, las reglas del juego favorecen a quienes tienen privilegiado acceso a recursos del sector privado. Por lo tanto el riesgo en Chile no es tanto que los congresistas reciban más dinero en forma de asignaciones. Aquello finalmente se puede controlar. La principal amenaza es convertirnos en una plutocracia. Eso es lo que hoy debiésemos estar discutiendo: cómo garantizar una democracia donde nuestros representantes gobiernen para los muchos y no para unos pocos que concentran altísimos recursos de poder.
