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La disolución del Congreso

por 24 julio, 2012

La disolución del Congreso
Cuando la Cámara de Diputados de la República de Chile rechaza un informe cuyas conclusiones son de sentido común, describiendo que las universidades privadas sí lucran, no sólo se pone de espaldas a la realidad, sino que pegan un portazo al interés general de la sociedad, al respeto cívico y, en el acto, disuelven el Congreso Nacional por crisis de legitimidad. La sala de la Cámara de Diputados ha dejado de ser un órgano de representación.
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El 19 de julio se ha disuelto el Congreso Nacional en la República de Chile. El siguiente relato ejecuta la crónica de dicho acontecimiento.

Los caminos de la participación política y la representación se han construido como rutas separadas. La crisis del sistema político actual radica justamente en esta brecha. Desde la Ley de Presupuestos discutida a fines de 2011 (para 2012), la discusión por la reforma tributaria, los atisbos de reformas políticas, las señales indicaban que el Congreso Nacional intentaba acortar esa brecha y retomar la legitimidad cuestionada. Si la participación política podía ser canalizada, entonces el principio de representación se volvía a constituir y lo social se aproximaría nuevamente a lo político. La polis (ciudadanía) y la política volverían a tener algo que ver entre sí. El punto de encuentro más claro entre la verdad de la sociedad y la verdad de la política era el Informe de la Comisión investigadora del funcionamiento de la educación superior (digamos, la comisión del lucro en las universidades privadas). En ese extenso informe se daba cuenta de un conjunto de procedimientos ejecutados por al menos siete universidades privadas cuya orientación es la obtención de ganancias económicas, contrariando así la ley vigente en la materia.

El informe es efectivamente muy relevante. Declaran personas clave del funcionamiento del sistema. Entre esas declaraciones está la del director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, quien hace una apología al lavado de dinero en su declaración. Hito histórico, pues resulta ser la primera vez que un funcionario público de tan alta jerarquía y tan íntimamente relacionado con el control de tan grave delito, revela el completo interés del Estado de Chile de ser receptor de fondos derivados del lavado de dinero.

Esa comisión era el único puente relativamente firme entre lo social y lo político en el Chile actual. El jueves 19 de julio de 2012 debía aprobarse en sala el trabajo que había comenzado el 6 de julio de 2011, cuando 49 diputados solicitaron la creación de la comisión. Un año y trece días después, el informe de 370 páginas emitido por la comisión, que da cuenta de hechos delictivos de público conocimiento (y hasta reconocidos, es decir, confesos), fue rechazado por 45 votos en contra y una abstención (que se suma a los rechazos), empatando la cifra de 46 votos a favor. Milimétricamente, el informe no fue aprobado. Y los milímetros en la Cámara de Diputados no resultan del azar. La Cámara no juega a los dados.

Veintiocho diputados faltaron en sala, un diputado emitió su voto habiéndose retirado de la sala y su voto fue validado por el presidente de la Cámara de Diputados, mientras era denunciado (sin éxito) por nulidad. Las ausencias no son sólo omisiones graves. Es particularmente evidente que hubo quienes se restaron a pesar de no tener licencia ni permiso y a sabiendas del impacto que habría de tener: entre quienes no asistieron y sus votos se esperaban para aprobar la labor de la comisión, destacan René Alinco, Jorge Burgos y Felipe Harboe. Cualquiera de ellos que hubiese asistido habría cambiado la historia de esta sesión.

El corazón de una democracia radica en la distribución de poder. Dado que el aparato de Estado es una concentración del poder, se busca compensar ello con la existencia de diversos poderes autónomos. El Congreso cumple el rol de cuerpo deliberativo, siendo la sala de la Cámara de Diputados el lugar donde hay mayor contacto, mayor representación, entre el sistema político y la ciudadanía. Por eso, cuando la Cámara de Diputados de la República de Chile rechaza un informe cuyas conclusiones son de sentido común, describiendo que las universidades privadas sí lucran, no sólo se pone de espaldas a la realidad, sino que pegan un portazo al interés general de la sociedad, al respeto cívico y, en el acto, disuelven el Congreso Nacional por crisis de legitimidad. La sala de la Cámara de Diputados ha dejado de ser un órgano de representación, no ha impugnado el informe con ninguna crítica de fondo, simplemente le ha dado vuelta la espalda al trabajo del propio Congreso por defender intereses particulares.

El informe es efectivamente muy relevante. Declaran personas clave del funcionamiento del sistema. Entre esas declaraciones está la del director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, quien hace una apología al lavado de dinero en su declaración. Hito histórico, pues resulta ser la primera vez que un funcionario público de tan alta jerarquía y tan íntimamente relacionado con el control de tan grave delito, revela el completo interés del Estado de Chile de ser receptor de fondos derivados del lavado de dinero. Dice el director del SII: “desde el punto de vista del fisco de Chile, puede ser muy atractivo que le hagan cobros sustancialmente superiores a los corrientes en plaza por el arriendo de un inmueble, etcétera, porque ahí tengo la capacidad de recaudar” (página 259 del informe).

El Congreso Nacional ha explicitado su carácter, ha revelado las prácticas que lo han llevado al descrédito, ha mostrado el íntimo contubernio con los intereses particulares y, ya no el descuido, sino la violación, del interés general. El Congreso Nacional ha sido disuelto como tal, no es propio de una república, su único sentido es mantener a la política secuestrada para satisfacer bolsillos propios y/o ajenos. Lo primero es miserable, lo segundo es patético. El Congreso Nacional ha sido disuelto por la propia Cámara de Diputados. El movimiento estudiantil estuvo dispuesto a transitar por sus pasillos, a hablar en su comisión, a reunirse con los partidos políticos que les han llamado. Pero la traición a la sociedad ha aparecido nuevamente en forma de portazo.

El Congreso Nacional ha sido disuelto. Desde el 19 de julio de 2012 en adelante sus oficinas y sesiones se hacen en el marco del secuestro permanente de la política chilena, que ha quedado develado.

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