Señor Director:
La columna del señor García Larraín donde critica lo expuesto por mí en “Chateau versus Peña: gana Chateau” presenta problemas no menores:
No distingue dos procesos y fenómenos históricos distintos. Una cosa es la modernidad y su proceso de Ilustración (Aufklärung) en la cual se desarrolla una idea de derecho natural racional, otra la de la extensión de la democracia como sistema participativo. Si bien hay ocasiones en que han coincidido, como indica Pocock (entre muchos) son dos tradiciones distintas. Una apunta a una extensión a priori de derechos de inclusión y garantías iguales para todos, mientras la segunda remite a una participación del ciudadano que le permita ser un sujeto de derecho que se transforma en su propio legislador.
La expresión política de lo primero ha sido por vía del liberalismo, lo segundo a través del republicanismo.
¿Puede haber contraposición entre la tradición que funda el “derecho natural moderno” y la tradición republicana de participación democrática? Claro que sí. Existe una muy extensa literatura al respecto (extremadamente conocida y que no viene al caso recordar, espero).
Por eso se considera necesaria la existencia de garantías inviolables que eviten esa situación. Ejemplo: leyes antidiscriminación. La existencia del racismo no podría estar sometida a la aceptación o no de una mayoría ocasional.
Es así como hoy empleamos el término “valores democráticos” no solo como sinónimo de “participación política”, sino que de un conjunto de normas que generan resguardos jurídicos y normativos a todos los individuos que pertenecen a una comunidad política.
En eso, como lo indiqué en mi artículo, Carlos Peña tiene toda la razón en destacar el carácter antidemocrático del instructivo militar. Solamente agrego que, como nos muestran los estudios últimos, los prejuicios discriminatorios hacia pobres, gays y extranjeros, hacen que tanto la extensión de ciertos derechos básicos como su protección no puede estar sujeta a votación ni aceptación mayoritaria. Entrego el ejemplo de la ilegitimidad de los plebiscitos para decidir sobre el matrimonio igualitario.
Las opciones para los “García Larraín” son: primero, negar la existencia del avance del derecho natural moderno y por ende su preeminencia normativa; segundo reconocer la relatividad absoluta de las normas que rigen la convivencia ciudadana y por tanto el “voto decide”; y tercero, optar por una fragmentación social a partir de microcomunidades fundadas en modos de vida compartidos, independientemente de qué valores animen esa convivencia. La aldea de pescadores de McIntyre.
Por cierto, sigue abierta la cuestión de si considera “antidemocrático” el instructivo del Ejército. Y si lo hace: ¿se opone porque contradice a la mayoría o por el contenido normativo del mismo?
Gonzalo Bustamante
