Opinión
En Providencia, los asaltos aumentaron en un 36,3 %, consolidando una sensación de inseguridad ciudadana, que no puede ser mitigada con la simple circulación de vehículos de seguridad ciudadana municipales, que se han transformado en un monumento a la ineficiencia y al gasto improductivo de los recursos.
Según el último estudio sobre Transparencia Activa 2012 en el Sector municipal del Consejo para la Transparencia, el Municipio de Providencia obtuvo sólo un 42,27 % de cumplimiento, lo cual lo sitúa con el peor índice entre las municipalidades de su grupo, que comparte con Las Condes, Vitacura y Santiago.
En este contexto, resulta contradictorio que un premio que destaca la buena gestión municipal, sea adjudicado al actual Municipio de Providencia. Pero lo que es verdaderamente insólito es que la entrega sea hecha por el propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, directamente al Alcalde y candidato, Cristián Labbé y que las autoridades españolas tomen distancia del hecho.
Ostentar bajos índices de transparencia no es un honor. Lo verdaderamente valioso en una democracia es el trabajo con y para la gente de una manera franca y abierta. Consultando las decisiones más importantes y dando cuenta de lo hecho. Las cifras mencionadas reflejan una forma de trabajo de espaldas a la ciudadanía y una baja valoración de la función pública en un sistema democrático.
Esa tendencia tan arraigada a tratar los asuntos públicos como privados debía ceder al ejercicio del control y la participación de la ciudadanía, y de lo cual, con mayor razón por los temas que gestiona, deben favorecerse los ciudadanos en relación a sus municipios.
Como parte de los esfuerzos por modernizar el Estado y terminar con una administración omnipotente, el país ha buscado crecientemente que los actos administrativos y sus fundamentos sean de conocimiento público. Por ello se dio una Ley de Procedimientos Administrativos que obliga a los municipios, una Ley de Transparencia, y creó el Consejo para la Transparencia, cuya finalidad es promover y cooperar “en la construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública de las personas”.
Con ello, esa tendencia tan arraigada a tratar los asuntos públicos como privados debía ceder al ejercicio del control y la participación de la ciudadanía, y de lo cual, con mayor razón por los temas que gestiona, deben favorecerse los ciudadanos en relación a sus municipios.
Providencia está muy lejos de ser eficiente en la gestión destinada a garantizar la seguridad de los habitantes de la comuna. Según un reciente estudio realizado por el Ministerio Público, Providencia registró 11.597 denuncias por delitos de diferente índole por cada 100 mil habitantes el año 2011. Es decir, muy por encima del promedio nacional (3.976 por cada 100 mil habitantes), superando con creces los índices de Vitacura (7.631), Las Condes (5.527) y La Reina (4.187), e incluso los de la Región Metropolitana (4.103). Los asaltos aumentaron en un 36,3 %, consolidando una sensación de inseguridad ciudadana, que no puede ser mitigada con la simple circulación de vehículos de seguridad ciudadana municipales, que se han transformado en un monumento a la ineficiencia y al gasto improductivo de los recursos.
Por ello tanto el premio y la forma en que se lo entrega parece más una burla electoral a los vecinos de Providencia que un reconocimiento, peor aún si involucra la figura presidencial en un acto netamente electoral, para un alcalde-candidato que no lo merece.
Actos como ese confirman la impresión de que Labbé no será reelegido, y que el Gobierno trata de ayudarlo de cualquier manera y a cualquier costo, incluso con gestos que finalmente resultan ofensivos para los ciudadanos, pues implican desprecio por su inteligencia y sentido común.
