El gobierno no ha dicho nada sobre lo que va a pasar con los miles de estudiantes que asisten a instituciones que actualmente están acreditadas por dos o tres años y que probablemente perderán la acreditación en el nuevo sistema. El Gobierno no reconocerá las instituciones que no están acreditadas, por lo que los títulos que éstas otorgan tendrán poco valor en el mercado laboral.
El proyecto de ley para crear un nuevo sistema de acreditación, anunciado por el Presidente Piñera y el Ministro de Educación, Harald Beyer, promete importantes mejoras al sistema: la introducción de un modelo binario (donde existen sólo dos opciones: acreditado por seis años o no acreditado), la definición de 12 estándares mínimos de calidad y el cambio en la designación de los comisionados.
No obstante, la forma en que se presenta este nuevo proyecto deja mucho de desear. Primero, los cambios anunciados no explican por qué se sustituirá la Comisión Nacional de Acreditación por una nueva Agencia Nacional de Acreditación. El trabajo impresentable o incluso ilegal de algunos individuos e instituciones no debería afectar la credibilidad del sistema en su totalidad. Más bien parece una estrategia para culpar a los gobiernos anteriores por las irregularidades descubiertas y así eludir responsabilidades.
[cita]El gobierno no ha dicho nada sobre lo que va a pasar con los miles de estudiantes que asisten a instituciones que actualmente están acreditadas por dos o tres años y que probablemente perderán la acreditación en el nuevo sistema. El Gobierno no reconocerá las instituciones que no están acreditadas, por lo que los títulos que éstas otorgan tendrán poco valor en el mercado laboral.[/cita]
Sin embargo, no hay que olvidar que varios de los propios (ex) ministros del Gobierno tienen vínculos con instituciones de educación superior que actualmente son investigadas por la Fiscalía por sospechas de haber obtenido la acreditación de modo fraudulento o por otros hechos delictivos como el lucro.
Segundo, el Gobierno no ha dicho nada sobre lo que va a pasar con los miles de estudiantes que asisten a instituciones que actualmente están acreditadas por dos o tres años y que probablemente perderán la acreditación en el nuevo sistema. El Gobierno no reconocerá las instituciones que no están acreditadas, por lo que los títulos que éstas otorgan tendrán poco valor en el mercado laboral. ¿Cómo se explicará esta situación a todos aquellos estudiantes que ingresaron a su universidad, IP o CFT bajo el entendido de que se trataba de una institución acreditada y con expectativas de que el título mejoraría sus oportunidades laborales?
Por último, parece que el nuevo presidente de la CNA, quien hace sólo unos días fue designado por el Presidente Piñera para enfrentar la crisis dentro del organismo, no estaba al tanto de la poca confianza del Gobierno en su institución. El día anterior al anuncio del nuevo proyecto de ley, salió a defender a la Comisión en los medios asegurando que “ha habido una injusticia contra la CNA” y que no se estaba hablando de “una especie de refundación de la Comisión”. La confusión que esta falta de comunicación provoca es obvia.
Tomando en cuenta la poca claridad con que ha sido presentado el proyecto, sólo podemos esperar que su implementación sea mejor tramitada.
