Opinión
Hay encuestas que dicen que los chilenos somos más felices y menos pobres. Y si es así no habría mucho de qué preocuparse, sin embargo, tengo la leve sospecha, y no soy el único, de que existe una tremenda brecha de injusticia en materia cultural de la que nadie quiere hacerse cargo.
Este año se cumplirá una década desde que se promulgó la Ley que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En ese entonces fue el sociólogo y experto en Educación, José Weinstein, el responsable de instalar la primera piedra. Lo siguieron la actriz Paulina Urrutia, y el actual ministro Luciano Cruz-Coke, también actor y gestor cultural. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados la institucionalidad cultural chilena, nació con deficiencias que le han pasado la cuenta a lo largo de los años, y que hoy todavía se discuten y se pretenden subsanar por la vía legislativa. Se dice que es una institucionalidad incompleta, que no integra todas las áreas del quehacer cultural, que no resuelve bien la demanda del sector, y que su nivel de representación social está en crisis. Correlato que sería interesante analizar a la luz de los acontecimientos que han remecido al país en los últimos años, y que justamente tienen que ver con un cambio en la lógica de funcionamiento y de participación política de algunos sectores de la ciudadanía.
En lo que concierne al circuito cultural, que está compuesto básicamente por creadores, gestores y administradores culturales, medios de comunicación, y editores, por nombrar solo algunos —la mayoría advenedizos a los gobiernos de facto— hay que decir que se trata de una élite que no ejerce la crítica cultural en Chile, a pesar de ser un sector importante en la industria que desde la perspectiva económica cada vez tiene mayor relevancia. El problema radica en que este sector participa de la “actividad cultural” solo desde una lógica de libre mercado, y por otra parte a través del mecenazgo público de los recursos que otorgan los fondos concursables, más algunas subvenciones especiales, y donaciones por medio de privados, lo que ha derivado en un clientelismo para algunos insano. Sin embargo, hay que ser justo y admitir que la industria cultural chilena ha crecido y en términos económicos es un agente dinamizador del modelo que hasta hoy existe.
No obstante, se trata de un sector que no es un actor relevante en la discusión en torno a una verdadera política cultural de Estado porque no es su preocupación. Su atención está puesta en los recursos y el mercado de la cultura y las artes. Mientras funcione no hay problema. Ese es el quid de la cuestión que habría que poner también sobre la mesa, puesto que cuando se habla de participación y acceso a la cultura, habría que saber muy bien de qué y de quiénes se está hablando, qué se entiende por participación, y cómo se está expresando realmente. Es decir ¿quiénes participan y cómo en cultura?
[cita]De política ni hablar, sencillamente el discurso de la autoridad claramente no tiene color a nada. Más bien podríamos encasillar su disertación como exclusivamente técnica, lo que no debería hacerla neutral, porque así como no existe el periodismo objetivo, tampoco existen los funcionaros neutrales. Por mucho que se autodenominen como “técnicos” el Ministro, sus asesores, y todos los que trabajan en un servicio público, representan ideas políticas, y están al servicio de estas. [/cita]
Sabemos que el actual Consejo está compuesto por un directorio que está integrado por cinco representantes de la sociedad civil, dos de las universidades (pública y privada), un Premio Nacional, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, más el propio Ministro Presidente. Hay que sumar a un Comité Consultivo que todo el mundo desconoce y poco o nada se sabe que hace. Es bastante gente, que se supone debe velar y trabajar por un desarrollo cultural armónico, equitativo, y pluralista, según la Ley 18.891 que creó el Consejo hace diez años. El dilema, es que a estas alturas, suena muy bien pero no parece ser la fórmula más eficiente. No es un juicio a la democracia, por el contrario, es cómo la hacemos más representativa y eficaz, que es lo que se reclama en la actualidad en amplios niveles de la sociedad chilena.
El ministro anunció, la semana pasada en su Cuenta Pública 2012 lo que viene anunciando hace un buen rato y que el Presidente ha dicho dos veces en su discurso de cada 21 de mayo, pero que la mayoría también desconoce. Se trata del próximo envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que crea el Ministerio de la Cultura, más dos Subsecretarías, y del Patrimonio. A lo que habría que sumar las modificaciones a la Ley de Donaciones con Fines Culturales, más conocida como Ley Valdés, instrumento que también es necesario revisar con mayor profundidad en cuanto a su modelo y objetivos, más allá de las nuevas atribuciones que se le quiere otorgar, y que básicamente tienden a buscar un mayor rango de donantes y más beneficiarios.
La Cuenta Pública del ministro fue austera, y como ex director de Comunicaciones del Consejo lo puedo afirmar responsablemente, es una cuenta ordenada, muy concreta, en la lógica del logro, y del evento en todo nivel, ya sea nacional, regional, o internacional, pero que carece de algo que se llama autocrítica. Ahora, hay que reconocer, que no es muy diferente a las que ya conocemos. Pues una cuenta pública sufre siempre de la lectura en positivo de las cifras y de alusiones absurdas como comparar la asistencia de público de las artes escénicas con el fútbol profesional ¡Qué despropósito más grande! Todos en la misma bolsa del espectáculo y el corte de entradas. Por otra parte, se habla de “soñar con un Chile en que la cultura esté en el centro del desarrollo”, frase bastante usada por lo que le recomiendo al señor ministro cambiarla. Es cierto, pero está bueno, lo hemos escuchado demasiado y el asunto no funciona por repetición. Además un ex Presidente podría reclamar su derecho de autor. Lo que sí, fue una cuenta abultada en cifras, que uno podría interpretar como bastante eficiente desde la perspectiva económica, y que claramente si se juega en algún lugar, es en los cómputos más que en las ideas. De política ni hablar, sencillamente el discurso de la autoridad claramente no tiene color a nada. Más bien podríamos encasillar su disertación como exclusivamente técnica, lo que no debería hacerla neutral, porque así como no existe el periodismo objetivo, tampoco existen los funcionaros neutrales. Por mucho que se autodenominen como “técnicos” el ministro, sus asesores, y todos los que trabajan en un servicio público, representan ideas políticas, y están al servicio de estas.
Son muchos los pendientes y no existe claridad en torno al nuevo proyecto de institucionalidad cultural. Es evidente que la coordinación entre instituciones afines es baja y que se siguen malgastando recursos de todos los chilenos. Los Consejos sectoriales del libro, música, y el audiovisual, tampoco parecen funcionar con criterios autónomos del gabinete del Ministro de turno, y los fondos concursables, que en el caso del Fondart y el Libro ya cumplieron dos décadas, no dan señales de hacer una revisión y evaluación en cuanto a su nivel de impacto en la sociedad, y sería hora. Más que mal se trata de un tercio del presupuesto en fondos públicos, y los dos últimos años por mucho que se hable de una “modernización” del sistema, es claro que cada día tienen menos prestigio en la comunidad, y la gestión en esta área, según los propios evaluadores no ha sido buena por mucho que se hagan esfuerzos por innovar y potenciar el emprendimiento. Todo ello, bastante más ligado a las posibilidades económicas del postulante, que a su potencial creativo.
La deuda es grande y uno podría seguir sacando trapitos al sol, aunque como periodista no puedo dejar de mencionar el problema de la calidad de la televisión, y la difusión de la cultura para la población. Quizá este sea una de las debilidades más grandes del problema cultural chileno, la información y los mensajes que estamos recibiendo, y que por cierto, estamos claros que nadie reglamenta y sí es así, son un total fracaso como lo ha sido el modelo educacional por decir lo menos. Quiero ser claro en admitir que no se trata de un asunto del gobierno de turno, ni de la administración de Cruz-Coke, lo que no lo redime en ningún caso, sino más bien de un modelo estructural que no se hace cargo de estrategias complementarias e integradoras.
Sí de pobreza o pueblo indígenas se trata, por decir algo, o de sectores vulnerables como se les llama hoy a los que no tienen acceso, ni hablar porque según algunos “expertos en la materia” no sería un asunto de la cultura, sino del Ministerio de Planificación. ¿Fantástico no? Hay encuestas que dicen que los chilenos somos más felices y menos pobres. Y si es así no habría mucho de qué preocuparse, sin embargo, tengo la leve sospecha, y no soy el único, de que existe una tremenda brecha de injusticia en materia cultural de la que nadie quiere hacerse cargo. Sabemos que el modelo de institucionalidad no lo resuelve, y pienso que es hora de discutirlo en todos los niveles de la sociedad en forma transparente y clara de una vez por todas, y más que anunciarnos en La Moneda la creación del Ministerio, el señor ministro y el actual Directorio del Consejo de la Cultura, deberían abrir verdaderos canales de participación y debate en torno al nuevo proyecto, o de lo contrario nuestra institucionalidad cultural, así como va, en rigor, y atendiendo a la realidad, no tiene ni tendrá, ni Dios ni Ley.
