Opinión
De allí que no sea casualidad que corresponda al gobierno de un Presidente con gran patrimonio personal el haber comenzado a poner ciertas cosas en su lugar y que, por primera vez, desde el retorno a la democracia, la banca, el retail, farmacias, universidades y colegios privados, Isapres o AFP, hayan tenido que terminar con la letra chica y mejorar su servicios, adecuándose a los reglamentos, normas y leyes que rigen la asimétrica relación entre grandes empresas, consumidores y trabajadores.
Los resultados que muestra la economía chilena al término del cuarto año de la crisis mundial más grave de la historia han sido objeto de extendidos elogios por parte de organismos internacionales y de gobiernos de naciones desarrolladas y emergentes. Sin embargo, aún por oscuras razones, esta percepción no sólo no es reconocida en Chile, sino, al revés, con cada buena noticia —como la reciente caída del desempleo al guarismo más bajo de los últimos 40 años— buena parte de las interpretaciones terminan transformándolas en “malas noticias”.
De otro lado, aun cuando de acuerdo a la encuesta de Adimark de diciembre de 2012 sobre confianza de los consumidores (IPEC) este índice cerró con su mejor resultado desde 2006; y que la llamada “percepción económica personal actual” presenta el mejor resultado desde que comenzó el IPEC, el gobierno y el Presidente Piñera no consigue penetrar la barrera de las antipatías ciudadanas, ubicando su popularidad en un tibio tercio de evaluaciones positivas.
Para explicar esta paradoja se han esbozado una serie de hipótesis que van desde las sociológicas hasta las psicológicas, incluyendo temas banales como la simpatía o carisma, pero, en general, pocos han reflexionado sobre las consecuencias del diferencial que se produce cuando surgen las inevitables tensiones entre una sociedad que progresa y un cuerpo normativo estancado, como lo hace una reciente columna de Jorge Correa Sutil.
En efecto, en síntesis, Correa dice que “la derecha se ha obstinado en ponerle freno a la expresión y poder de las mayorías electorales, en debilitar la política, en hacerla menos competitiva y representativa”, lo que, como resultado, suscita un enajenamiento ciudadano de dicha actividad, estimulando la expresión de los legítimos intereses a través de movimientos sociales. Estos, al no sentirse representados dentro de los canales institucionales, salen a la calle, generando violencia y desorden y arrastran cada conflicto a los Tribunales, “judicializando” un sinnúmeros de procesos económicos, sociales, políticos y hasta culturales.
[cita]Perderle el miedo a perder el poder alcanzado es, sin embargo, un primer paso que difícilmente darán quienes lo tienen, aunque por cierto, gran ayuda en función de terminar con el monopolio instalado sería cortar de una vez por todas el cordón umbilical que vincula a la clase política con la empresarial, aceptando que si queremos política y políticos de calidad, como ciudadanos debemos pagar por ello, disponiendo del financiamiento estatal suficiente para aplanarle la cancha a los incumbentes y desafiantes. Si no pagamos, entonces, “quienes pagan las mentas, seguirán bailando con las señoritas”.[/cita]
Aunque no comparto la afirmación de que este estancamiento normativo sea resultado sólo de una suerte de “conspiración de derecha”, pues es evidente que en el atasco político han participado casi todos los incumbentes —de derecha, centro e izquierda— la secuencia esbozada tiene atributos de verdad y muestran, como derivada, los caminos que deberá recorrer el país en los próximos años.
Chile tiene un PIB y ahorro nacional que lo ubica en la puerta de entrada al club de naciones desarrolladas gracias a un modelo de libertades que permitió el desate de la creatividad, la participación económica y el emprendimiento, incrementando las opciones de elección de millones de chilenos y extendiendo esas libertades hasta ámbitos que, incluso naciones más desarrolladas no se habían arriesgado, tales como la previsión, la salud o la educación.
Pero vivir en mercados libres implica el surgimiento inevitable de conductas y sensaciones que están en la base de la praxis de la voluntariedad de elección, entre ellas, la selección de las preferencia de consumo de acuerdo a los recursos; la búsqueda de la mejor relación entre precio y calidad, lo que nos hace más exigentes; la afirmación de los derechos como consumidor y una mayor demanda por justicia y equidad en casos de asimetrías entre comprador y vendedor; sentimientos de igualdad en el acceso a los bienes; expectativas de que realizando los esfuerzos necesarios, casi todo es alcanzable; aplanamiento de las jerarquías sociales simbólicas de poder y fama con valoración de lo que se tiene por sobre lo que se es; valorización del individuo por sobre el grupo, en la medida que en los mercados competitivos “cada cual se rasca con sus propias uñas”; depreciación de la política, que se ve ajena y lejana, sin relevancia para la construcción de los sueños propios y, en fin, toda una cultura que subyace en las percepciones una vez que el modelo de mercado libre se ha instalado.
Correa critica —no sin razón— el absurdo de que “vayamos a tener primarias para designar candidatos al Parlamento, en vez de que muchos compitan en listas más abiertas y plurales”, atribuyendo este fenómeno a los vericuetos y trebejos que hacen ciertos incumbentes para mantener un sistema electoral y quórum constitucionales supramayoritarios que impiden la pérdida de sus cuotas de poder. Tales condiciones del “mercado político” transforma a los partidos en máquinas monopólicas de hacer primarias y a sus componentes, en guardianes del poder alcanzado, en una tarea en la que la ciudadanía se ve a sí misma sólo como un instrumento para sostenerlos. ¿Por qué el miedo a la competencia y la mayor participación?
Estos fenómenos, reflejos de la naturaleza humana, ya fueron ampliamente descritos por Adam Smith y Charles Darwin en el siglo XIX. Pocos están dispuesto a pasar por sobre sus propios intereses y modificar un estado de cosas que podría terminar por afectarlo. Es decir, una vez en el poder y gozando de sus seguridades, el temor a perderlo explica la pertinacia con la que se evita que, a través de una mayor participación, lleguen miles de “advenedizos e ignorantes” a competir “por representar los intereses ciudadanos”. Por eso es lógica la connivencia de ciertas elites, políticas, económicas y hasta religiosas, porque la naturaleza humana tiende a establecer ese do ut des de protección del poder alcanzado entre quienes lo han conseguido.
Pero la ciudadanía —súper informada por las nuevas tecnologías de las comunicaciones y empoderada por 40 años de praxis de mercado— percibió este incesto hace tiempo. Por eso se abstiene de validarlo concurriendo a elegir “representantes” que ya no los representan, especialmente cuando el voto —como debe ser— es un acto libre y voluntario. No porque no le interese la política. Los movimientos sociales son la contra prueba: están ahí porque representan los intereses directos a defender porque quienes actúan como “representantes” —dados sus compromisos— ya no representan. Hace mucho que las personas dejaron de compran lechugas que imaginaron frescas y verdes al intermediario que les lleva un manojo de hojas amarillas y añejas. Como cuando compro, nadie representa mejor mis intereses que yo, nos están diciendo.
Este convencimiento sobre las deficiencias de la actual representación y la demanda de participación directa se han masificado gracias a las libertades económica que impulsa el mercado y, por cierto, se ha profundizado con las TIC’s que permiten sondear en línea el estado de ánimo social. Y cuando son muchos los que creen, la tendencia gregaria transforma la opinión estimada mayoritaria, en una verdad. Es la naturaleza humana.
Entonces, si queremos una democracia viable, sólida, en la que los intereses de los diversos sectores del país se expresen ordenadamente a través de canales institucionales, que los conflictos se resuelvan pacífica y civilizadamente, que no se judicialice el conjunto de los temas de interés nacional, que haya respeto a la propiedad, pluralidad y diversidad, que las autoridades estén legitimadas y las elites de todo tipo tengan real autoridad sobre sus dirigidos (y no sólo poder de coacción), que el país progrese porque todos lo impulsamos como un hogar común y que haya más participación ciudadana institucional (que no parece ser el principal interés de ciertos incumbentes), la receta es clara: hay que inducir más competitividad al mercado político —así como a todos los demás— estimulando la participación de las personas con vocación de servicio público a través de una apertura que elimine las actuales trabas de ingreso al sistema político, logrando así que, como las Pymes, cualquier interesado pueda ser un dirigente “en 24 horas”.
Perderle el miedo a perder el poder alcanzado es, sin embargo, un primer paso que difícilmente darán quienes lo tienen, aunque por cierto, gran ayuda en función de terminar con el monopolio instalado sería cortar de una vez por todas el cordón umbilical que vincula a la clase política con la empresarial, aceptando que si queremos política y políticos de calidad, como ciudadanos debemos pagar por ello, disponiendo del financiamiento estatal suficiente para aplanarle la cancha a los incumbentes y desafiantes. Si no pagamos, entonces, “quienes pagan las mentas, seguirán bailando con las señoritas”.
De allí que no sea casualidad que corresponda al Gobierno de un Presidente con gran patrimonio personal el haber comenzado a poner ciertas cosas en su lugar y que, por primera vez, desde el retorno a la democracia, la banca, el retail, farmacias, universidades y colegios privados, Isapres o AFP, hayan tenido que terminar con la letra chica y mejorar su servicios, adecuándose a los reglamentos, normas y leyes que rigen la asimétrica relación entre grandes empresas, consumidores y trabajadores. Es de esperar que esta disposición —que sin muchas razones se asocia a la izquierda, pero que favorece la viabilidad de una sociedad de libertades— siga manteniéndose y profundizándose, lo mismo en economía que en política, aun cuando, para fines de este año, cuando el Presidente se despida, haya pocos políticos y empresarios dispuestos a decir que “aman a Piñera”.
