Torpezas e impericias: itinerario reciente de una escalada

El último episodio de la escalada de tensiones entre Chile y Bolivia acaba de producirse con motivo del anuncio boliviano de suspender la autorización de vuelos de LAN y TAM. Medida que a todas luces representa lo que en diplomacia se conoce como una “acción de retorsión”, la cual se utiliza para buscar responder a una acción hostil de una contraparte. Por lo mismo, el reciente anuncio, que refleja la voluntad de transitar desde las declaraciones a la vía de las acciones de respuesta disponibles, ilustra de modo patente el grado de malestar y crispación que hoy manifiestan las relaciones bilaterales de Chile con Bolivia. Cuadro que tiene su obvio fundamento en una serie de episodios de reciente ocurrencia, los cuales han venido a tensionar aun más una relación que desde hace un buen rato camina a tientas y tropezones.

Un caso paradigmático de actuación política y diplomática manifiestamente equivocada e irresponsable, está fielmente representado por el episodio de los militares bolivianos detenidos por carabineros y hoy sometidos a la justicia chilena. Circunstancia que tuvo lugar de modo casi simultáneo al áspero intercambio entre los presidentes Piñera y Morales ocurrido durante la Cumbre de Celac, el cual a su vez ha tenido una secuela interminable en la forma de una seguidilla de mutuas recriminaciones y declaraciones grandilocuentes de una y otra parte. Todas manifestaciones que configuran una especie de guerrilla verbal que se libra por los medios escritos y televisivos, y cuyo término no parece estar precisamente a la vuelta de la esquina. Mucho menos ahora.

La circunstancia más actual y los eventos específicos de la siempre compleja relación chileno-boliviana ilustran de modo patente y dramático las consecuencias de una relación bilateral mal llevada y peor comprendida. Y además, ejemplifica las consecuencias negativas que experimenta una relación vecinal cuando la diplomacia y hasta el buen juicio son dejados de lado, en beneficio de la improvisación y los dictámenes de los estados de ánimo momentáneos de quienes tienen facultad de resolución y acción sobre las delicadas cuestiones que atañen a la política exterior.

[cita]El Gobierno de Chile, en el momento en que se sucedieron los hechos, pudo y debió haber optado por tratar este caso políticamente, usando sus facultades privativas e instruyendo a la Dirección de Extranjería para que los efectivos bolivianos fueran puestos a disposición de sus mandos y expulsados de territorio nacional sin más trámite ni dilaciones innecesarias. Sin embargo, en lugar de hacer aquello, optó incomprensiblemente por hacer que fueran puestos a disposición de los tribunales de justicia.[/cita]

Pese que haya quienes quisieron ver en este episodio una acción deliberada destinada a dañar la Cumbre de Celac, el caso es que con toda probabilidad, y examinando la cuestión con realismo y serenidad, el evento de los tres conscriptos bolivianos detenidos por carabineros el pasado 25 de enero por ingresar ilegalmente y armados a territorio chileno, debiera  tratarse de un simple y rutinario caso fortuito. Por lo mismo, estimado como un asunto al que no cabía darle otra connotación e implicancias que no fueran las propias de un vulgar extravío geográfico. Una contingencia de muy posible ocurrencia en el territorio desértico donde transcurren los hechos, en las cercanías de la localidad de Colchane, Región de Tarapacá, zona donde no existe frontera física reconocible a simple vista. Un entorno de desolados parajes y geografía monótona, donde es altamente posible que a alguien le pueda ocurrir que no sepa exactamente donde se encuentra parado, si sobre suelo chileno o boliviano. Y cabe hacer notar a los efectos de sacar algunas conclusiones aleccionadoras sobre cómo tratar estos incidentes, que aquello podría perfectamente pasarles, si es que acaso ya no les ha pasado, y por idénticas razones, a nuestros carabineros que efectúan patrullajes fronterizos, de acceder por error a territorio boliviano, peruano, e incluso argentino.

Abona la plausibilidad de esta hipótesis del extravío, la obligatoriedad de descartar de plano la suposición disparatada de que se hubiese tratado de una fuerza expedicionaria extranjera con ánimo invasor. Pues como se sabe, se trató de una pequeña unidad compuesta por solo tres muy jóvenes soldados conscriptos premunidos de equipamiento militar precario, consistente en un fusil FAL, una pistola y un cuchillo, según nos informa la prensa.

La tesis de la penetración fronteriza clandestina con fines de espionaje debe ser igualmente descartada por inverosímil. Se sabe que las técnicas de espionaje moderno no escatiman en recursos ni en capacidades de enmascaramiento, pero no se tiene noticias de espías que traten de infiltrarse subrepticiamente a pleno día, ni mucho menos vistiendo sus uniformes institucionales.

De modo que lo sorprendente de este caso no es la ocurrencia misma del hecho, sino que es el giro que han tomado las cosas, especialmente debido a que los efectivos militares bolivianos fueron detenidos y puestos a disposición del tribunal de Pozo Almonte, cuyo juez les acaba de prolongar la detención hasta el día 25 de febrero, con el objeto de investigar exhaustivamente vaya usted a saber qué desconocidos pormenores.

El gobierno ha remarcado que en Chile rige el Estado de Derecho, para querer deslindar responsabilidades y colocarlas en manos de los tribunales. Como quien dice, lavándose las manos por anticipado ante lo que pudiera llegar a ocurrir, a pesar de que fue su propia idea la de instruir a carabineros para que los militares bolivianos fueran puestos a disposición de los tribunales. En lugar de hacer en su momento lo que era debido y aconsejaba la prudencia y las prácticas diplomáticas comúnmente aceptadas en todo el mundo frente a estas contingencias. Incluso en fronteras calientes como entre las dos Coreas, Israel y sus vecinos árabes y otros tantos países vecinos, aunque adversarios o enemigos declarados.

Por su parte, el Gobierno boliviano afirma que sus efectivos se extraviaron persiguiendo contrabandistas y ha notificado que condecorará a los conscriptos cuando sean liberados. Aunque no ha explicitado si los muchachos se harán acreedores de esta distinción por el simple e involuntario acto de extraviarse, por haber sido detenidos por efectivos chilenos o por otra razón difícil de imaginar. Más recientemente, el propio presidente Evo Morales ha declarado a los conscriptos como “Grandes Héroes y Defensores del Mar”, y anunciado que recurrirá a instancias internacionales varias para lograr la liberación de quienes ha descrito como “rehenes”.

Como es fácil de observar, por obra y gracia de las desprolijidades, impericias y torpezas de una y otra parte, y de las reacciones desproporcionadas, se ha configurado un cuadro más propio de un episodio de realismo mágico que de lo que efectivamente se trata: un incidente fronterizo vulgar y corriente.

Cualquiera sabe que este tipo de incidentes son de ocurrencia común entre países que tienen extensas fronteras. También se sabe, o debiera saberse, que este tipo de situaciones, incluidos otros mucho más complejas de abordar, como son los de espionaje puro y duro, son comúnmente tratados por la vía administrativa y de los canales políticos y diplomáticos, bajo estricta reserva y con extrema delicadeza y cuidado. Es por eso que la opinión pública jamás se llega siquiera a enterar de su ocurrencia, pues el sigilo con que se procesan estos casos tiene el propósito, aceptado como práctica común ente autoridades responsables, de cautelar a todo trance un interés superior. En su caso, la normalidad general de las relaciones bilaterales entre dos Estados vecinos, las cuales no pueden ser expuestas a tensiones gratuitas por cuestiones que bien pueden ser estimadas como nimiedades.

Cuando una cuestión de esta especie alcanza estado público, se convierte en un escándalo y escala, no es por mera casualidad ni porque se salió de control, sino porque existe la voluntad deliberada de alguna de las partes de que aquello ocurra. Es decir, porque se quiere sacar provecho del caso en pro de un interés especifico, casi siempre de naturaleza coyuntural y subalterna.

El Gobierno de Chile, en el momento en que se sucedieron los hechos, pudo y debió haber optado por tratar este caso políticamente, usando sus facultades privativas e instruyendo a la Dirección de Extranjería para que los efectivos bolivianos fueran puestos a disposición de sus mandos y expulsados de territorio nacional sin más trámite ni dilaciones innecesarias. Sin embargo, en lugar de hacer aquello, optó incomprensiblemente por hacer que fueran puestos a disposición de los tribunales de justicia, para que sean juzgados por ingreso ilegal por paso no habilitado y porte ilegal de armas de guerra. Es decir, adoptó una opción inusitada, impropia y políticamente riesgosa, que hace caso omiso de las particularidades del caso. Especialmente, al ignorar ex profeso que los encausados no son personas comunes y corrientes, sino efectivos militares en servicio.

Hay que ponerse en el caso de que el juez de Pozo Almonte, obrando en estricto derecho y sin hacer otro tipo de consideraciones relevantes, como las que sí estaba obligado a tener en cuenta el poder Ejecutivo, resuelva procesar y eventualmente condenar a los efectivos bolivianos a penas de reclusión de cualquier cuantía. ¿Es que vamos a tener entonces a militares bolivianos presos en nuestras cárceles por un caso de tan limitadas connotaciones?

¿Es que acaso no es evidente que si aquello efectivamente ocurriera, el poder Ejecutivo, por razones de Estado, se vería en la necesidad ineludible de proceder a indultarlos?

Y si todo esto es previsiblemente así ¿cuál es el sentido de toda esta comedia?

Un poco de cordura y realismo, ¡Por favor! Todavía hay tiempo y posibilidades para hacer primar el buen criterio.