Pero aquel militarismo –como apunta Edgard Velásquez (2002)– no es propiedad de los militares, sino también de aquellos civiles que constituyen la expresión política del militarismo armado, los cuales constituyen la punta de lanza de diversas corporaciones y asociaciones privadas, que piensan que la solución a los problemas sociales se deben regir por el orden y la disciplina castrense.
La condenable muerte del señor Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne McKay, viene a constituir uno de los acontecimientos más lamentables relacionados con el denominado “conflicto en La Araucanía”. En ese sentido, así como hemos repudiado las usurpaciones, atropellos, falta de justicia y violencia en sus diversas manifestaciones contra el pueblo mapuche, con la misma fuerza y sin ambigüedades debemos hacer presente nuestro rechazo y crítica a este luctuoso y triste hecho.
Asimismo, este tipo de actos no hace otra cosa que dar argumentos y reforzar aquel discurso político y de los grandes medios que piensan que la única forma de hacer frente a este tipo de acciones es a través de la criminalización, militarización de la zona, medidas punitivas, aplicación de la ley antiterrorista, aumentar el número de efectivos policiales en aquel territorio o decretar estado de excepción, pensando que con este tipo de dispositivos se solucionarán los problemas de fondo que se arrastran por décadas y en el cual los respectivos gobiernos y el Estado en particular han tenido un rotundo fracaso. Y ante dicho fracaso, el Estado responde con aquellas punitivas.
Por ello, compartimos el llamado realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y su directora, en el sentido de repudiar y deplorar este tipo de actos, realizar un llamado a los tribunales y organismos de justicia para que identifiquen y juzguen a los responsables, en el “pleno respeto al estado de derecho y a los estándares de derechos humanos a los que nuestro país se ha obligado”, de ahí la negativa a la aplicación de la Ley Antiterrorista “que vulnera principios del debido proceso”. De lo contrario, la violencia se impondrá como mecanismo de resolución conflictos, afectando a las propias comunidades de la zona.
[cita]Pero aquel militarismo —como apunta Edgard Velásquez (2002)— no es propiedad de los militares, sino también de aquellos civiles que constituyen la expresión política del militarismo armado, los cuales constituyen la punta de lanza de diversas corporaciones y asociaciones privadas, que piensan que la solución a los problemas sociales se deben regir por el orden y la disciplina castrense.[/cita]
Pero el tema de la violencia no es nuevo en la historia nacional, pues ha estado presente en determinados momentos del desarrollo político chileno. Es más, desde la independencia en adelante, la violencia constituyó el medio de resolución de las crisis. Guerras civiles triunfales de 1830 y 1891 o en nuestro siglo, así como el golpe militar de 1973, constituyeron ejemplos del uso de la violencia para reestablecer un orden e imponer una nueva constelación de poder.
Así, la violencia política tiene que entenderse como una forma particular de violencia, como aquel conflicto central de toda sociedad: el conflicto entre gobernantes y gobernados, caracterizado por su verticalidad, y en el cual se da una relación entre poder/violencia y Estado/violencia.
Desde la perspectiva de la criminalidad, Austin Turk (1996) señala que uno de los elementos centrales en el análisis sobre la violencia política dice relación con el grupo que domina los procesos de legalización y criminalización, entendiendo el primer concepto como aquel proceso de hacer leyes, instrumentos empíricos para transformar normas ilegales de los grupos dominantes en normas legales que son obligatorias para otros grupos. Por otro lado, la criminalización consiste en el proceso de imponer leyes que tienen por objeto la coerción psicológica o física de aquellos grupos o sectores que desafían las normas legales. De esta forma, los grupos dominantes utilizarán la ley no solamente para penalizar una determinada infracción o delito, sino también para ampliar y consolidar la dominación.
De este modo, toda acción política es vista como delito cuando es percibida por la autoridad (grupos dominantes y hegemónicos) como una alteración o modificación en la estructura de la misma. En ese caso, quienes son parte y promueven esas acciones políticas serán criminalizados, imponiéndoles una determinada realidad. Por ejemplo, el concepto de violencia en estos casos es más bien utilizado para las acciones de los manifestantes contra el gobierno que para aquellas que realizan los partidarios del gobierno o las fuerzas policiales contra los opositores.
Vinculado al tema de la violencia, está aquel discurso de la política binaria, la cual implica que la política es vista bajo la lógica de la guerra (interna), del amigo-enemigo, donde la política tiende a militarizarse y al mismo tiempo requiere de la existencia de aquel enemigo como supuesto de la propia existencia. Pero aquel militarismo —como apunta Edgard Velásquez (2002)— no es propiedad de los militares, sino también de aquellos civiles que constituyen la expresión política del militarismo armado, los cuales constituyen la punta de lanza de diversas corporaciones y asociaciones privadas, que piensan que la solución a los problemas sociales se deben regir por el orden y la disciplina castrense.
En consecuencia, debemos tener presente que la situación que afecta históricamente al pueblo mapuche debe ser abordada íntegramente, generando las condiciones para un diálogo franco, sin exclusión y el cual coloque término a la violencia en sus diversas expresiones o manifestaciones. Lo anterior pasa —entre otras cosas— por terminar con aquel doble discurso de determinados sectores de la sociedad, específicamente políticos y de algunos medios, que con justa razón repudian enérgicamente el atentado y muerte del señor Luchsinger y su esposa, pero por otro lado omiten y guardan silencio cuando se mata a un comunero mapuche (Matías Catrileo, Alex Lemún y Jaime Mendoza Collío), a lo cual se agrega el apoyo por acción u omisión por parte de la autoridad política a determinados actores y sectores para que éstos se armen en su legítimo derecho a la defensa o bien paralicen y bloqueen carreteras sin que nada les pase.
Lo anterior no hace otra cosa que dejar una vez más al descubierto el doble discurso de la clase política sobre cómo opera y funciona nuestra imperfecta democracia.
