El futuro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se juega el próximo 22 de marzo en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). A continuación, información relevante para entender el por qué de la sentencia anterior:
Primero: reunida ahora mismo en Washington D.C., la CIDH adoptará los cambios a su reglamento, respondiendo a recomendaciones hechas por los Estados en 2011 para mejorar su funcionamiento. Al mismo tiempo, los representantes de los Estados miembros de la OEA han estado debatiendo cómo “fortalecerán” el sistema interamericano de derechos humanos. Vale decir, están pensando hacer nuevas recomendaciones de cambio, que esta vez podrían perjudicar el cumplimiento del mandato de la CIDH en vez de mejorar su funcionamiento.
Segundo: hace una semana, los representantes de 19 Estados partes de la Convención Americana se reunieron en Ecuador, por invitación del gobierno de Rafael Correa, y adoptaron la Declaración de Guayaquil, que pretende que los comisionados sean elegidos entre candidatos de los países que han ratificado la Convención (dejando afuera, entre otros, Estados Unidos y Canadá); y mantener la Conferencia de los Estados partes de la Convención como espacio de “diálogo permanente” sobre un sistema interamericano “equitativo y transparente”, creando así un foro paralelo al Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA.
[cita]El Estado de Chile deberá demostrar el 22 de marzo de 2013 ser consistente con su convicción reiteradamente expresada respecto de que las reformas se pueden hacer sin cambiar el Estatuto, resguardando así la autonomía de la CIDH. Deberá demostrar también que hace valer su peso para con otros Estados, instando a que el sistema interamericano mantenga su capacidad de proteger los derechos humanos en el continente.[/cita]
Lo que se puede ver como una iniciativa anti-EE.UU., también puede leerse como un intento de abrir el Estatuto, con la posibilidad que los Estados cambien las reglas del juego a la CIDH, sin que esta pueda opinar. Esto sería contrario a lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Tercero: dos propuestas de la Declaración de Guayaquil están en este momento representadas en el borrador de resolución a ser adoptada el 22 de marzo de 2013 en la OEA. La más importante es que los Estados quieren convertir todas las relatorías temáticas de la Comisión en “especiales”, tal como la Relatoría sobre Libertad de Expresión. Eso significaría que los relatores ya no serían los comisionados, sino funcionarios que deben ser contratados por la Secretaría de la CIDH, disminuyendo el papel de los primeros. No obstante, si la resolución garantizara el financiamiento de este nuevo sistema, podría constituir un paso positivo, siempre que los comisionados sigan supervisando y dirigiendo la labor de las relatorías, incluyendo el uso de sus recursos. La duda está en la disponibilidad de recursos: la experiencia indica que no los habrá. En esta situación, bajar el perfil de los comisionados podría ser fatal para la protección de los derechos humanos.
Cuarto: el 14 de marzo la Reunión Extraordinaria de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados asociados (RAADDHH), adoptó una resolución respaldando plenamente la Declaración de Guayaquil, con lo cual sus propuestas podrían volver a ser planteadas en el Consejo Permanente de la OEA, con todas las implicancias de un posible cisma en la protección de derechos humanos en el continente.
El Estado de Chile deberá demostrar el 22 de marzo de 2013 ser consistente con su convicción reiteradamente expresada respecto de que las reformas se pueden hacer sin cambiar el Estatuto, resguardando así la autonomía de la CIDH. Deberá demostrar también que hace valer su peso para con otros Estados, instando a que el sistema interamericano mantenga su capacidad de proteger los derechos humanos en el continente. Además tendrá que velar porque todoslos Estados miembros de la OEA puedan seguir participando en las discusiones sobre reformas al sistema interamericano. Finalmente, debe asegurar que el rol de los comisionados no se trivialice.
Está en juego no solamente la credibilidad del sistema, sino la credibilidad de los Estados, en específico, del Estado de Chile, en su compromiso con los derechos humanos y las instituciones que los promueven y protegen.
