Opinión
Hoy día reiteramos que, a mediano plazo, independiente del fallo de La Haya y del contenido preciso de la demanda boliviana, nuestra política —aprovechando las afirmaciones de los gobernantes peruanos de no ser obstáculo para lograr un acuerdo— debería trilateralizar el tema incorporando al Perú a una mesa de negociaciones de manera de lograr una salida soberana al mar de Bolivia, contigua a la frontera con Perú, con compensación territorial para Chile.
En respuesta a las declaraciones del Presidente Evo Morales, el canciller Alfredo Moreno —entre otras materias— señaló que «con el levantamiento de la reserva al Pacto de Bogotá, el Tratado de 1904 ya no puede ser discutido».
En diciembre de 2010, en respuesta a reportajes periodísticos y opiniones que circulaban en el sector Defensa, afirmábamos que en “el caso del Tratado de 1904, y considerando que los medios pacíficos constituyen objetivos permanentes de Bolivia, su gobierno podría tratar de renegociar el Tratado pero nunca denunciarlo, toda vez que la única forma de dar satisfacción a su derecho irrenunciable es por vía diplomática y su denuncia (de dudosa validez) haría retroceder las relaciones bilaterales a 1904 llevando a fojas cero el actual estado de las conversaciones”.
El reciente anuncio del presidente Morales de que su país presentará una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia en defensa de su “reintegración marítima”, ha confirmado nuestras apreciaciones.
[cita]El cerrar filas en torno al Ejecutivo en defensa de la soberanía e intereses nacionales es un deber en situaciones de crisis o conflicto, pero ello no debe impedir el debate, con altura de miras, de nuestra política exterior en otros momentos, como tampoco inhibir una serena crítica a su conducción cuando esta ha sido desafortunada, situación en la que actualmente nos encontramos.[/cita]
Hoy día reiteramos que, a mediano plazo, independiente del fallo de La Haya y del contenido preciso de la demanda boliviana, nuestra política —aprovechando las afirmaciones de los gobernantes peruanos de no ser obstáculo para lograr un acuerdo— debería trilateralizar el tema incorporando al Perú a una mesa de negociaciones de manera de lograr una salida soberana al mar de Bolivia, contigua a la frontera con Perú, con compensación territorial para Chile.
Esta fórmula, conocida como Charaña II, fue considerada por el ex Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, quién en julio de 2010 afirmaba que “el tema de Charaña es una solución que en su momento fracasó, pero que es viable, que tiene lógica, que hace sentido, que supone beneficios para todas las partes. Como hay otras soluciones también. Porque satisface una aspiración boliviana. Debería estar basado en una compensación territorial y generar una complementariedad donde Perú también ganaría si abandona su tradicional lógica de que los intereses bolivianos no podrían ser satisfechos con territorios que en el siglo XIX pertenecieron a Perú (…). Tiene lógica, porque no atenta contra los conceptos de soberanía. No se ceden espacios gratuitamente, sino que en función de objetivos complementarios”.
El cerrar filas en torno al Ejecutivo en defensa de la soberanía e intereses nacionales es un deber en situaciones de crisis o conflicto, pero ello no debe impedir el debate, con altura de miras, de nuestra política exterior en otros momentos, como tampoco inhibir una serena crítica a su conducción cuando esta ha sido desafortunada, situación en la que actualmente nos encontramos.
El que nuestra opinión pública, en un período determinado, no comparta una fórmula específica para resolver el tema de la mediterraneidad boliviana, más que inhabilitar al gobierno para avanzar en esta línea, debería estimularlo a desplegar una sistemática y amplia política de educación cívica que lidere, más que se acomode al cambiante estado de la opinión pública.
