Es verdad que no todas estas universidades creadas después de 1981 tienen fin de lucro, a la vez que también pueden estar orientadas por principios pluralistas. Por lo tanto, para ser también agentes de la gratuidad, estas universidades pueden incorporarse al CRUCH a través de reformas y mejoramientos sustantivos que den garantías de calidad: cambio de régimen de propiedad para evitar ventas y disoluciones; reinversión total de recursos de acuerdo a fines académicos; cambio en las reglas de gobierno hacia participación e inclusión.
¿Cómo implementar gratuidad? ¿Cómo asegurar calidad? Estos frentes se pueden abordar complementariamente. Acerca de la gratuidad, es preciso que la discusión sobre cómo llevarla a cabo no sea totalmente reducida a la, no menos importante, reforma tributaria. Se debe distinguir a través de cuáles universidades es posible implementarla. Sería contraproducente a las motivaciones del movimiento social que universidades que no tienen las condiciones mínimas, porque no inverten en ellas, o que tampoco satisfacen principios de pluralismo, reciban financiamiento público para impartir educación gratuita.
En la práctica sería destinar fondos públicos para que sean enajenados. Es fácil anticipar otras distorsiones, como aranceles que son inflados en la medida en que se introducen más recursos públicos, alimentando la patológica separación entre arancel de referencia y arancel real, o el despilfarro en publicidad en una agudizada competencia por alumnos portadores de becas y créditos. También significaría solventar públicamente proyectos universitarios que están social e ideológicamente segregados. Solo universidades que no tengan fin de lucro y que se orienten por proyectos públicos e inclusivos pueden ser agentes de la gratuidad.
Con respecto a la calidad, ya no se le puede seguir relativizando como idea. No tener fin de lucro es una condición básica de calidad, porque independientemente de los problemas que una universidad pueda tener, sus fines académicos no están en cuestión. En cambio, el fin de lucro es la limitación más radical de la calidad, porque se obtiene al optar sistemáticamente por el retiro de los recursos en lugar de contratar cuerpos académicos. Así, un concepto laxo de calidad, reflejado en dicotomías estériles del tipo ¿procesos o resultados? ¿eficiencia o impacto?, es funcional para presentar universidades mediocres y comercialmente orientadas como modelos de gestión eficaz y con calidad ajustada a sus propósitos.
[cita]Es verdad que no todas estas universidades creadas después de 1981 tienen fin de lucro, a la vez que también pueden estar orientadas por principios pluralistas. Por lo tanto, para ser también agentes de la gratuidad, estas universidades pueden incorporarse al CRUCH a través de reformas y mejoramientos sustantivos que den garantías de calidad: cambio de régimen de propiedad para evitar ventas y disoluciones; reinversión total de recursos de acuerdo a fines académicos; cambio en las reglas de gobierno hacia participación e inclusión.[/cita]
Para ilustrar tomemos ejemplos de universidades acreditadas. En el tramo de cinco años de acreditación institucional, por un lado, una universidad pública regional (UTA) tiene, según Mineduc y CNED, 36 estudiantes por cada académico de jornada completa y 83 por cada doctor fulltime. El año pasado llevó a cabo 13 proyectos de investigación financiados por Conicyt. Por el otro, una universidad privada (U. Autónoma) con el doble de estudiantes tiene a la mayoría de sus profesores (77%) contratados por hora (“profesores taxi”); se cuentan 102 estudiantes por cada profesor jornada completa y 1084 para cada doctor fulltime. No tuvo proyectos Conicyt el año pasado. El tramo de 4 años de acreditación presenta asimetrías similares. Una universidad pública (UMCE) tiene 25 estudiantes por cada jornada completa y 189 estudiantes por cada profesor jornada completa con doctorado. La universidad privada (UVM, del congloremado Laureate) tiene 56 estudiantes por profesor tiempo completo y 412 por cada académico tiempo completo con doctorado.
Estas universidades no son de calidad equivalente, pero con la acreditación hemos escuchado que se trata más bien de modelos diferentes, y mientras las públicas tienden a asociarse a estructuras pesadas, a las privadas se les suele observar su gestión liviana y eficiente, omitiendo el empobrecimiento de las condiciones académicas en que operan. Si no se contratan departamentos académicos ¿En qué se gastan los ingresos por arancel? o ¿Quiénes y cómo deciden sobre los libros de bibliotecas y equipamiento de laboratorios?
También se ha dicho que esta heterogeneidad converge en la meta de formación de capital humano, pero ello es una justificación ideológica de la segregación del sistema: existen universidades sin fin de lucro y con investigación para la elite, mientras que las universidades para los pobres deben sincerar el fin de lucro y su papel como instituciones docentes cuya función es entregar cobertura.
La mejor manera de implementar la gratuidad es a través de la masificación, es decir, la expansión de la matrícula del sector público de universidades y de aquellas instituciones del CRUCH que cumplen un rol público en el desarrollo del conocimiento y la educación. El problema hoy es que una buena parte de estas instituciones se segmenta para la elite, dejando a las universidades privadas la formación de la mayoría de los estudiantes del país (54%), en condiciones que concentran el problema del lucro, la baja calidad y ausencia de cuerpos académicos.
Es verdad que no todas estas universidades creadas después de 1981 tienen fin de lucro, a la vez que también pueden estar orientadas por principios pluralistas. Por lo tanto, para ser también agentes de la gratuidad, estas universidades pueden incorporarse al CRUCH a través de reformas y mejoramientos sustantivos que den garantías de calidad: cambio de régimen de propiedad para evitar ventas y disoluciones; reinversión total de recursos de acuerdo a fines académicos; cambio en las reglas de gobierno hacia participación e inclusión.
Discutir, definir y explicitar estos principios de apertura del CRUCH conduciría también a su fortalecimiento, en la medida que las universidades dejan atrás su vocación de elite y redefinen sus misiones institucionales y mecanismos de participación para producir la integración social de sus estudiantes. En otras palabras, se trata también de que el pluralismo social y cultural se recupere para las universidades y no permanezca como una cualidad abstracta o ideológica de este sistema universitario que agrega proyectos que en sí mismos no son pluralistas.
La acreditación puede servir a la implementación de la gratuidad si pone el foco en distinguir a las universidades que se integran al CRUCH, de manera que reciban el apoyo económico del Estado para expandirse definitivamente sobre el sector actualmente ocupado por instituciones privadas con fin de lucro. La idea es que la cantidad de universidades se reduzca, básicamente porque los estudiantes preferirán entrar a estas instituciones gratuitas y de calidad consolidada, por sobre aquellas que cobran para luego no invertir en calidad académica – necesariamente las instituciones que persisten en esta contradicción tendrán que ser cerradas para no concentrar en ellas la segregación del sistema. La acreditación estaría por fin articulada con la meta de servir al mejoramiento de la educación superior, y no se vería sobrepasada por las contradicciones y abusos del sector mercantilizado de universidades. Esto es posible en la medida que fije un grupo acotado de estándares claros para que la des-elitización de las universidades y gratuidad de la educación superior se lleve a cabo con calidad y resguardando la finalidad pública del proceso: contratación de cuerpos académicos con capacidad de investigación; condiciones materiales (infraestructura, bibliotecas, etc.); modelos de formación que ajusten aprendizaje y retención de los estudiantes a un marco de masificación; capacidad de gestión para producir subsidios cruzados entre los recursos aportados para docencia, investigación y proyectos; entre otros.
Frente a esta propuesta, la alternativa de que el Estado financie la educación gratuita a través de vouchers para gastar en cualquier universidad que atrae a los estudiantes con publicidad es completamente inconveniente. Y, sin embargo, este es justamente el riesgo si “avanzar hacia la gratuidad” se lleva a cabo sin una política que ponga a las universidades públicas y a las que cumplen fines públicos en el centro de su implementación.
