Las conductas violentas o que dañan propiedad de terceros deben ser controladas con procedimientos adecuados, pero los que se están usando impactan negativamente sobre el apoyo del público a Carabineros. De tal forma que, de acuerdo a la encuesta ICSO-UDP, la institución ha visto constantemente reducida su aprobación ciudadana (54,3 % en 2008 al 45,2 % en 2013).
A propósito de las declaraciones del Director General de Carabineros, general Gustavo González, favoreciendo una ampliación del control de identidad al caso de personas encapuchadas, El Mercurio (23 de abril, 2013) editorializaba la situación institucional proponiendo el amplio uso de implementos represivos, demandando más tecnología e inteligencia, y menos control y severidad gubernamental con la policía.
Argumentaba que ésta “debe tener apoyo político y capacidad técnica para preservar el orden público y reducirla a un cuerpo impotente, prohibiéndole usar implementos de uso normal en otras democracias —gases lacrimógenos, balines de pintura, carros lanzaagua, caballos y perros auxiliares—, sometiéndola a un rigor exagerado y exigiendo resultados policiales, pero luego tratar a las policías con severidad desproporcionada con proliferación indefinida de sumarios, expulsión de efectivos por motivos discutibles lo que inflige un golpe adicional al anularla también frente a los desórdenes públicos”.
[cita]Las conductas violentas o que dañan propiedad de terceros deben ser controladas con procedimientos adecuados, pero los que se están usando impactan negativamente sobre el apoyo del público a Carabineros. De tal forma que, de acuerdo a la encuesta ICSO-UDP, la institución ha visto constantemente reducida su aprobación ciudadana (54,3 % en 2008 al 45,2 % en 2013).[/cita]
Llama la atención que la política de la actual administración sea considerada de severidad desproporcionada y que se cuestionen los sumarios y expulsiones que el mando institucional ha adoptado frente a conductas claramente ilegales de algunos, pocos, de sus miembros.
La opinión pública ha sido informada por Carabineros de Chile del involucramiento de individuos de sus dotaciones en robos y quita de droga en falsos allanamientos; de vínculos con ladrones de cajeros automáticos; del uso de componentes químicos de bombas lacrimógenas para drogarse; del pago de arriendo de costosa casa habitación; de cohecho por vínculos con empresario a quien advertían sobre procedimientos en sus locales nocturnos; de sobreprecios en compra de generadores; de maltratos, golpes y vejación a detenidos; de violencia contra niños mapuche; y disparos con causa de muerte.
Antes estas ilegalidades el alto mando ha actuado con transparencia y firmeza, aun cuando falta un mayor control sobre las Fuerzas Especiales. Estas, de acuerdo a las denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, agreden a manifestantes, reporteros gráficos y periodistas en forma indiscriminada y desproporcionada, detienen ilegalmente y vejan sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, y que en vehículos policiales se generan espacios sin control dando cabida a abusos.
Las conductas violentas o que dañan propiedad de terceros deben ser controladas con procedimientos adecuados, pero los que se están usando impactan negativamente sobre el apoyo del público a Carabineros. De tal forma que, de acuerdo a la encuesta ICSO-UDP, la institución ha visto constantemente reducida su aprobación ciudadana (54,3 % en 2008 al 45,2 % en 2013).
En consecuencia, más que relajar el control sobre las conductas de los uniformados, una menor severidad en los castigos a sus faltas, o una ley que aumente las penas y de más libertad de acción a la policía —Ley Hinzpeter—, lo que la ciudadanía y la democracia requieren es una fuerza policial profesionalizada, autocontenida, respetuosa de los derechos humanos, y cercana a la comunidad, que haga de la pregunta ¿Quién nos protege de los protectores?, una interrogante que solo trae malos recuerdos.
