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Ley de Pesca y platas políticas: preguntas sin respuesta (aún)

por 20 mayo, 2013

Plantear ahora la necesidad de un financiamiento estatal de los partidos políticos implica convicción y capacidad para ejercer nuestros liderazgos políticos. Es ahora cuando los candidatos presidenciales deben asumir compromisos concretos tendientes a avanzar en una reforma a la institucionalidad y financiamiento de los partidos.
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Si hubo una ley que generó controversia el año pasado fue la Ley de Pesca, que en la práctica entregó a perpetuidad la riqueza marina de Chile a un puñado bastante pequeño de empresas. Lo advertimos el año pasado —pero a pocos le importó— que los grandes favorecidos por esta hicieron un lobby en el límite de la legalidad. La denuncia de Ciper Chile dio a conocer una información en extremo preocupante, que no hace más que confirmar lo poco transparente que fue el proceso legislativo: el asesor de una diputada trianguló dineros provenientes de la industria pesquera para la campaña de su jefa, justo en los momentos en que se discutía la polémica Ley.

¿No nos vamos a poner colorados? ¿Vamos a dejar que el tiempo eche tierra a este hecho tremendamente lesivo no sólo para los pescadores, sino que también para la institucionalidad democrática? ¿Qué pasa si hay más casos como el de la diputada en cuestión? ¿Se legisló sobre la base de incentivos económicos ilegales e inmorales? ¿Es la diputada Isasi la única que pudo recibir algún tipo de prebenda? ¿Puede garantizar una votación en conciencia alguien que vota “incentivado” por una de las partes incumbentes?

Plantear ahora la necesidad de un financiamiento estatal de los partidos políticos implica convicción y capacidad para ejercer nuestros liderazgos políticos. Es ahora cuando los candidatos presidenciales deben asumir compromisos concretos tendientes a avanzar en una reforma a la institucionalidad y financiamiento de los partidos.

Es malo para nuestra democracia que haya tantas preguntas sin respuestas. Estas no solamente deben ser abordadas desde la arista que corresponde a los Tribunales de Justicia o de la Comisión de Ética del Parlamento; se debe ir a la raíz, vale decir a la legislación sobre financiamiento y funcionamiento de partidos políticos

Lo sucedido es una gran oportunidad para que de una vez por todas abordemos la gran pregunta sin respuesta: ¿Cómo se financia la política en Chile?

Responder aquello pasa por transparentar todo: financiamiento, conflictos de interés, negocios y sociedades en las que participan todos y cada uno de los actores, desde un simple concejal hasta el Presidente de la República y quienes aspiran a serlo y los asesores de aquellos.

Hemos hecho poco al respecto y mientras no asumamos este desafío de fondo, nos quedaremos en la polémica menor que solo sirve para ampliar las dudas sobre las actuaciones de los parlamentarios y los politicos en general.

¿Quién asume el desafío de promover una ley que efectivamente restrinja el gasto en campaña a niveles racionales y que castigue como corresponde, con la pérdida de la elección, a quien no respete el tope? ¿Quién me apoya en un proyecto de ley que obligue a repetir una ley si se comprueba que en su tramitación hubo tráfico de influencias o, lisa y llanamente, sobornos?

Evaluemos el financiamiento público de los partidos políticos. Por ejemplo, eliminemos los aportes de empresas, propuesta que concita apoyo en sectores de la Derecha como lo ha expresado el ex director del CEP, Arturo Fontaine, y veamos un financiamiento estatal justo, porque de esta forma se obliga al Estado a extremar las medidas de fiscalización y control y, a la vez, limita el poder que logran ciertas burocracias partidarias.

Llegó el momento de poner en el centro de la agenda de reformas políticas lo que refiere al funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos. Ello debe ir de la mano de mejoras a la representación política (fin al sistema binominal), con mayor control al funcionamiento de las estructuras partidarias y con estímulos a la competencia interna para permitir la renovación de autoridades y parlamentarios.

¿Quién se atreve con una agenda de este tipo en momentos en que la actividad política y los políticos somos severamente  castigados por la opinión pública? Plantear ahora la necesidad de un financiamiento estatal de los partidos políticos implica convicción y capacidad para ejercer nuestros liderazgos políticos. Es ahora cuando los candidatos presidenciales deben asumir compromisos concretos tendientes a avanzar en una reforma a la institucionalidad y financiamiento de los partidos. Es posible que no sumen con ello puntos en las encuestas o comentarios en Twitter, pero es el momento de poner el tema no solo condenando lo evidentemente repudiable, sino especialmente haciendo propuestas concretas.

Es posible acordar una agenda rápida de tramitación de proyectos de este tipo, con prioridad por sobre otras reformas políticas. Pero para ello, es necesario vencer resistencias internas que controlan cuotas de poder en los partidos y que son las únicas que aprovechan el oscurantismo en que se desenvuelve nuestra clase política.

Mientras no asumamos estos desafíos, solo nos queda observar la denostación que hace la mayoría de los chilenos y chilenas de nosotros: los políticos.

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