Se vive en Chile una situación política en donde la cuestión del poder en el Estado debe estar en el centro de todo análisis. Por ello debe ser analizado con realismo el modo en que están conformadas las relaciones de fuerza y en última instancia, las correlaciones de clase en la sociedad. La resolución a la presente crisis política admite la posibilidad de cerrar el ciclo contrarevolucionario inaugurado con el golpe de Estado de 1973, donde la izquierda que emerge tiene un rol.
La lucha electoral que se libra en el marco de la democracia protegida de las clases lucrativas tiende a desperfilar la naturaleza del conflicto que se esconde tras la violencia del Estado dirigido por los contrarevolucionarios de 1973, y por quienes de uno u otro modo terminaron fagocitando de los residuos del orden democrático alcanzado en 1990. Examinemos brevemente los hechos y su concatenación.
En 1970 tuvo lugar una revolución democrática que lideró Salvador Allende junto a la Unidad Popular; se produjo entonces un traspaso de las funciones de gobierno al nuevo núcleo de dirección estatal más no la totalidad del poder. Ese poder siguió operando y usado como terrorismo por la derecha y ultraderecha, donde civiles sediciosos instaron a fracciones de las fuerzas armadas ideologizadas por la doctrina de seguridad nacional a dar un golpe de Estado y restablecer las condiciones para la reproducción de su capital y de privilegios.
La Unidad Popular fue diezmada, sus líderes asesinados, torturados y miles terminaron desaparecidos hasta hoy. La contrarevolución burguesa tuvo éxito al punto que doblegó con el paso de los años a una fracción no menor de las dirigencias de la Unidad Popular, muchos de ellos del Partido Socialista, del MAPU e IC, en aceptar las condiciones de una rendición incondicional, al extremo de garantizar la reproducción de un modelo de explotación del trabajo, los recursos naturales, y un engendro de democracia basado en la aplicación del Estado de excepción.
La correlación de fuerzas o de clases cambió radicalmente en 1973, al instalarse, mediante las armas, una dictadura terrorista del capital, aliada a intereses imperialistas —proceso ampliamente documentado—, y a sectores de la burguesía más antinacional y antipopular. Esa nueva correlación de fuerzas tuvo el poder para torturar, asesinar, hacer desaparecer personas e imponer un Estado a la medida del gran capital, y que se refrendó en la Constitución de 1980, hoy considerada como ilegítima por una gran mayoría de la población.
El orden terrorista impuesto por las clases que ejercen el poder total del Estado, junto con diseñar la arquitectura de la opresión legal de las mayorías, impuso un orden económico que permitiese reproducir sus ganancias a niveles desconocidos en Chile, transformando a la nueva ideología neoliberal en un credo religioso, la cual fue contando con innumerables acólitos, entre ellos parte de la elite de la Unidad Popular que accedió al precario gobierno estatal en 1990.
¿Termina o se modifica la correlación de fuerzas en 1988 al acceder la Concertación de Partidos por la Democracia a la gestión de Estado? No. Llega a su fin la fase terrorista de la contrarevolución burguesa de 1973, y se abre una nueva fase de dominación bajo condiciones de democracia tutelada o protegida que se fue desmontando progresivamente a través de reformas constitucionales, llegando el presidente Lagos a promulgar una nueva constitución en 2004.
El Estado de excepción o esa forma de “guerra civil legal” que ha imperado ha sido el modo en que esa correlación de fuerzas mantuvo el control sobre el Estado en última instancia. En consecuencia, hablar de correlación de fuerzas sólo puede tener sentido si se la concibe como el modo en que bajo condiciones de capitalismo neoliberal —como el que oprime a las mayorías sociales—, permite identificar las formas de lucha que harán posible su alteración. Lo demás, ilusión.
En el contexto de las intensas luchas que libran movimientos sociales en diversos rincones del país está en el centro la lucha por el poder del Estado, donde se tensionan los equilibrios de poder trabajados finamente por los contrarevolucionarios y aceptados, a fin de cuentas, por quienes han sido administradores de un orden policiaco, carente de legitimidad, sin participación del pueblo en los asuntos cruciales. Ese modelo hoy está severamente cuestionado.
La tarea de quienes buscan superar la actual correlación de fuerzas —la izquierda que emerge hoy—, en los hechos equivale a poner término a la mantención del orden económico-institucional del pacto Dictadura-Concertación de 1988-1989, y consiste en ampliar, profundizar y articular orgánicamente nuevas alianzas sociales con vistas a la construcción de un nuevo Bloque Político-cultural, que articule movimiento estudiantil, trabajadores del cobre, empresas portuarias, comunidades campesinas, pobladores, intelectuales demócratas, pequeños y medianos empresarios, y donde nuestras Fuerzas Armadas tengan un lugar en esa nueva correlación de fuerzas, esta vez, no al servicio de civiles del gran capital y sus servidores, sino de apoyo y respeto a la soberanía popular.
Uno de los hitos en ese camino es la realización de una Asamblea Constituyente que permita alterar esa correlación en favor de la mayoría ciudadana. Todo lo que se aparte de poner en el centro de la actual crisis la cuestión del poder está destinado a prolongar la agonía del modelo chileno y los costos que demandará poner término a la contrarevolución terrorista de 1973.
Reducir la disputa central por el poder del Estado que hoy se libra —primarias mediante y elecciones de noviembre—, a un juegos de posiciones y acuerdos de élites, son actos de propaganda electoral que rehúye la cuestión de construcción de poder ciudadano para alcanzar un nuevo Estado y un orden democrático de mayorías.
