Opinión
Tenemos algunos senadores en la DC, entre ellos Patricio Walker, a quienes les dan náuseas la sola idea de una asamblea constituyente; para que hablar en la Derecha. El senador Walker cree que eso es igual a caos, desorden, desgobierno pero, sin embargo, detrás de esas peroratas y alegatos se esconden temas más de fondo, más profundos, que tienen relación con la distribución del poder. La elite piensa que únicamente sus miembros deben dictar las reglas del juego, que nos deben salvar de irresponsables aventureros y revolucionarios trasnochados.
Las elites han existido probablemente desde siempre y han cooptado con gran efectividad los distintos espacios de poder político, social, cultural y económico surgidos desde las primeras formas de organización política hasta los Estados modernos. Pero su participación no ha sido sólo desde los Estados, sino desde la influencia que le otorga el poder económico, militar y religioso. Sus influencias también son intelectuales, sociales y culturales. Son elites que tienen una gran vocación de poder y que, por nuestros días, lo ejercen en medio de temores. El caso chileno debe ser de los más paradigmáticos. He ahí la causa directa del apresurado acuerdo sobre el sistema electoral para salir al paso de la asamblea constituyente.
Tenemos algunos senadores en la DC, entre ellos Patricio Walker, a quienes les dan náuseas la sola idea de una asamblea constituyente; para que hablar en la Derecha. El senador Walker cree que eso es igual a caos, desorden, desgobierno pero, sin embargo, detrás de esas peroratas y alegatos se esconden temas más de fondo, más profundos, que tienen relación con la distribución del poder. La elite piensa que únicamente sus miembros deben dictar las reglas del juego, que nos deben salvar de irresponsables aventureros y revolucionarios trasnochados. El poder constituyente son ellos y no otros. Ellos deben decidir, y no la “calle”, cuáles son las normas que nos deben regir a todos. Piensa él, supongo, que el poder constituyente es una atribución exclusiva y excluyente. Lo barnizan con esto de la «democracia de las instituciones», de la «democracia representativa», en fin, eufemismos institucionales para ocultar el desprecio y temor a la soberanía popular.
Pero dichos legisladores olvidan que, independiente que no aparezca en la ilegítima Constitución actual, la soberanía popular es, en definitiva, el auténtico constituyente. La Carta Magna, aunque no le reconozca ese derecho, no está por sobre el derecho del pueblo a dictar democráticamente sus normas esenciales. Habrá que buscar las fórmulas. Incluso, constitucionalistas que no han tenido credenciales democráticas, como Carl Schmidt, tuvieron que admitir el origen en la soberanía popular del poder constituyente. Hablamos en este caso de la Constitución de Weimar.
Algunos —demasiado imaginativos— pensarán que la asamblea estará compuesta sólo por encapuchados, anarquistas, izquierdistas, guerrilleros, combatientes, salidos de novelas del realismo mágico, de aventuras populistas o por combatientes encabezados por el Che o Camilo Torres. Y que la gente “decente» no estará sentada en los curules, que por “derecho propio” deberían hacerlo. Se equivocan. Una asamblea democrática debe ser representativa de todo el espectro político y social del país. No es exclusivo de un sector político ni sólo de sus promotores. De ahí también que hay que estar alerta frente a los sectarismos.
[cita]Algunos —demasiado imaginativos— pensarán que la asamblea estará compuesta sólo por encapuchados, anarquistas, izquierdistas, guerrilleros, combatientes, salidos de novelas del realismo mágico, de aventuras populistas o por combatientes encabezados por el Che o Camilo Torres. Y que la gente “decente» no estará sentada en los curules, que por “derecho propio” deberían hacerlo. Se equivocan. Una asamblea democrática debe ser representativa de todo el espectro político y social del país. No es exclusivo de un sector político ni sólo de sus promotores. De ahí también que hay que estar alerta frente a los sectarismos.[/cita]
La DC tiene tradición en la defensa de la asamblea constituyente. Frei Montalva en el Caupolicán, Castillo Velasco en su documento “La Patria para Todos”, el Grupo de los 24 y otros integrantes DC ya habían planteado, en plena dictadura, la idea de una asamblea. Por qué hoy no? ¿Están esperando una crisis sin retorno para implementarla? ¿Es tanto el temor de la derecha y las elites a la asamblea?
En su declaración de principios de 1957, la DC se define por una auténtica democracia en lo político, económico y social. En el primer artículo, propugna como “misión” una “verdadera democracia”, “en la que el hombre pueda obtener su pleno desarrollo espiritual y material”.
En su discurso de 1980 en el Caupolicán, Frei llamaba a la oposición a “encontrar un camino que nos permita ser lo que fuimos: una Patria libre y democrática, con instituciones renovadas de acuerdo a las nuevas realidades y exigencias”.
“Fundados en estas razones es que venimos a proponer una alternativa para Chile, que le permita retornar a la democracia debidamente renovada”, decía, para a continuación señalar que “constituido este gobierno de transición se elija por votación popular una asamblea constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de Constitución. Este proyecto se someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías, y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión”.
La idea fue posteriormente retomada por la Alianza Democrática, en el documento “Bases del diálogo para un gran acuerdo nacional” (1983), donde propone como uno de los ejes fundamentales para alcanzar un acuerdo con la dictadura, la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. Dicho documento fue suscrito por la Democracia Cristiana, entre otros partidos.
En el V Congreso Nacional de la Democracia Cristiana, del 2007, expresó que el agotamiento del sistema político y crisis de representatividad nos “… plantea la necesidad urgente de emprender reformas profundas en nuestro sistema democrático para hacerlo más eficaz y acorde a las nuevas realidades”. En dicha línea, se estableció como “indispensable” una “nueva Constitución” y que “el procedimiento dependerá del proceso”, es decir, todas las opciones quedan abiertas.
La JDC, acordó en el área del Sistema Político de su V Congreso Ideológico y Programático del 2012, lo siguiente: “Creemos que el texto constitucional vigente adolece no sólo de una ilegitimidad de origen que jamás se borrará sino, más importante, de una desequilibrada ordenación de sus componentes internos: una que favorece la desigualdad y el autoritarismo”.
A continuación expresa: “Asimismo, consideramos que las reformas constitucionales llevadas a cabo en 1989 y 2005 fueron insuficientes (…)”.
Y finalmente concluye: “Por eso, somos partidarios de la sustitución integra del texto constitucional, a través de métodos que garanticen una auténtica Constitución republicana, emanada de la voluntad popular, que abra un nuevo tiempo, de mayor participación en nuestro país, impulsada desde la política, con la participación de todos los sectores sociales y con garantías constitucionales que aseguren un proceso serio y profundo de transformaciones en Chile. Creemos que la Asamblea Constituyente, en los términos explicados, es la herramienta que Chile necesita para robustecer su democracia, con una nueva carta magna”.
¿Por qué tanto trecho entre la teoría y práctica en la actual DC? ¿Por qué no se cumplen los mandatos de los congresos, que son las máximas instancias partidarias? Los dirigentes máximos, en su mayoría, pertenecen a esa elite. No todos evidentemente, pero sí los más influyentes. Sus agendas son distintas a las del colectivo. Y tampoco se sienten interpretados por los acuerdos, por ello, los descartan, quizás también, en nombre de esa “gobernabilidad” que más bien parece “orden”.
La aceptación implícita de la Constitución de 1980 fue una coacción que fue imposible de sortear para la entonces oposición democrática. La dictadura había sido derrotada, pero mantenían altísimos niveles de influencia política e institucional. El entramado constitucional había establecido mecanismos que resguardaban el legado del régimen y su impunidad. El realismo opositor indicaba que los caminos eran estrechos y peligrosos. No había espacios para maniobras y menos para heroísmos. La vía armada había terminado en el fracaso, la movilización social no había logrado la caída del dictador, y fue con un “lápiz y un papel” como se le pudo derrotar, pero no fue suficiente.
Incluso, a este respecto, en medio de los vítores por el retorno a la democracia, el programa de Gobierno de Patricio Aylwin no fue más lejos que proponer la derogación de algunos artículos que sólo se lograron en parte el 2005. No estuvo en su programa el cambio constitucional. No era por falta de convicción sino por el frágil equilibrio de poderes, y además, por los amarres y la camisa de fuerza que representa la Constitución de 1980.
Nuestra Constitución, como ha señalado Michelle Bachelet, debe ser hecha en democracia. Y si a eso agregamos que si se hace con la participación de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas, mucho mejor.
La DC debe retomar sus mejores tradiciones democráticas; pasar del temor y las desconfianzas, a un firme compromiso por una democratización efectiva de la vida política, económica y social del país. Sólo así se logrará retomar el liderazgo perdido, y no asumiendo posiciones neo conservadoras que tanto daño le han hecho. La reforma al binominal ya no es suficiente, sino que se requiere de una Carta Magna emanada del verdadero constituyente, esto es, la soberanía popular.
