Por estos días, la página web de la Corporación Nacional Forestal exhibe un video que cuenta la historia de las políticas públicas en el ámbito forestal en Chile y destaca las ventajas del proyecto de ley que pretende ampliar los beneficios del D.L 701 por 20 años más. En el video promocional se utiliza profusamente la palabra Bosque para referirse a las plantaciones exóticas de pino y eucalipto, que ha incentivado dicha ley por 40 años.
Junto a lo anterior, el video señala que mantener los incentivos a la forestación contribuirá a cumplir compromisos internacionales en materia de reducción de CO2, además de proteger suelos degradados y reducir la pobreza vinculada a procesos erosivos, destacando por cierto la creación de riqueza. Puras ventajas.
Un bosque es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles y funcionan como hábitat animales, moduladores de flujos hidrológicos y conservadores de suelo (sí, Wikipedia, 2013). Como ya se habrá dado cuenta el lector agudo, no existe institución gubernamental o privada, como CONAF, que pueda hacer esto. Por lo tanto, en Chile no se fomenta la creación de bosques, se fomentan las plantaciones forestales.
Cabe señalar, que una plantación forestal causa impactos comprobados en la hidrología de una cuenca, en la materia orgánica y bioquímica de los suelos, así como también, en la etapa de cosecha los suelos se ven desprotegidos por largos períodos de tiempo lo que provoca severos procesos erosivos, cuyo sedimento en ríos provoca la extinción de toda forma de vida, tal como ocurre hoy en el río Lumaco.
Gran parte del patrimonio forestal de la industria celulosa del país, se encuentra entre las regiones octava y novena, las mismas que concentran la mayor cantidad de población rural mapuche. Es allí, donde los efectos del “fomento” se hacen sentir, expropiación (recordemos que en los años 70s y 80s no existía tierra indígena y abundaban los arriendos a 99 años), erosión, sequía, enfermedad, y pobreza. Todo aquello que la nueva ley de fomento forestal promete cambiar.
Actualmente, las comunas de “vocación” forestal exhiben los mayores índices de pobreza del país a casi 40 años de la promulgación del D.L 701 de 1974. Las gobernaciones de Arauco, Malleco y Cautín, junto con enviar carabineros a cuidar camiones madereros, deben enviar también semanalmente camiones aljibes a repartir agua a las comunidades mapuche para que las familias puedan cocinar. Además, las municipalidades deben invertir grandes sumas de dinero anualmente de sus exiguos presupuestos para reparar los caminos y puentes que permitan transitar fluidamente el sueño verde de los consorcios madereros. Cualquier esfuerzo es necesario para mantener éxito chileno de la industria maderera.
Ahora, con este proyecto de ley, se pretende gastar 37 millones de dólares anualmente durante 20 años para continuar con el desastre ecológico de las celulosas, crear 300 mil empleos precarios, y sumir en la pobreza otra generación de indios. Cabe preguntarse, si es necesario seguir subsidiando una industria con tamaño nivel de externalidades negativas y un patrimonio incalculable; esta industria no sería lo mismo si internalizara dentro de su estructura de costos, los daños ambientales y sociales provocados durante 40 años y que nuestros impuestos han debido solventar.
Finalmente, y para ser justos, el D.L 701 y su versión 2.0, sí ha cumplido con una de sus promesas: la creación de riqueza.
Nota elquintopoder: Si estás de acuerdo en rechazar proyecto de ley de fomento forestal, firma y difunde en tus redes esta carta de la Misión Mapuche Jesuita. ¡Comprométete, actúa y pídele a los parlamentarios rechacen el proyecto!
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
