Periódicamente se resucita el «caso Riggs» para enlodar la memoria del más importante estadista chileno del siglo XX. Hasta no hace mucho sus detractores decían que la «fortuna» de Pinochet era de 27 millones de dólares. Ahora, sin explicación, la han reducido a 17 millones, según un «informe» de la Universidad de Chile. Pero eso tampoco es verdad.
Dejemos primero establecido un hecho: cuando Impuestos Internos, bajo un Director socialista, examinó los ingresos y gastos de Pinochet durante sus 17 años de gobierno (1973-1990), sólo encontró 544 mil dólares sin explicar («La Tercera», 8 de octubre de 2005, p. 4). Una suma irrisoria, equivalente a lo que los gobernantes de la Concertación se llevaban cada dos meses para la casa en sobres clandestinos con billetes («fue una corruptela», reconoció el inefable don Patricio cuando se comprobó que esa práctica se había iniciado bajo su gobierno). Pablo Longueira salvó a Ricardo Lagos y a la Concertación del escándalo, mediante una verdadera «Ley de Amnistía» extraordinariamente generosa, pues lo que hasta entonces se robaban fue agregado a sus sueldos. Los concertacionistas nunca le agradecieron debidamente. Entonces Impuestos Internos dictaminó que los gastos reservados no podían examinarse. «Hecha la trampa, hecha la ley», comentó en esos días un feligrés de mis columnas en «El Mercurio». Y la Concertación quedó impoluta. Lo malo es que después volvió a dejar de estarlo, tras una renovada lista de escándalos.
Entonces, que quede claro: la acción de gobernante de Pinochet no fue el origen del patrimonio que después reunió. Desde luego, en su declaración inicial de bienes, hecha al asumir el poder en 1973, se advertía ya un conjunto de haberes que, en dinero de hoy, equivaldría a cerca de 3 millones de dólares. A ello se sumaron los ahorros de todo su período de gobernante y los numerosos donativos que recibió. Hasta hubo un ciudadano sueco, Jorn Wilhelm Sjersted, que en 1982 lo designó heredero de su fortuna. Seguramente para compensar el daño que el Primer Ministro sueco, Olof Palme, infería a Chile, al contribuir públicamente a financiar el terrorismo comunista (FPMR) de acá. Pero ¡justicia divina!: a Palme lo asesinó un terrorista.
Pero las mayores ganancias las obtuvo el general después de 1990, a raíz de que el dueño del Banco Riggs, Mr. Albritton, otro gran admirador del general por su contribución a la caída del comunismo y a la liberación de centenares de millones de seres humanos, lo visitó en Chile a mediados de la década y le ofreció administrarle sus ahorros (que él suponía, con razón, amenazados por la vindicta del marxismo local). Le prometía una buena rentabilidad, la cual consiguió. Esto lo reconoce el Informe del Senado norteamericano que dio a conocer la cuenta del general en el Riggs. La misma fue originalmente detectada por izquierdistas norteamericanos gracias a la «Patriotic Act» destinada a permitir el examen de cuentas privadas, con motivo del atentado a las Torres Gemelas. Por esas ganancias el entorno del general pagó impuestos por nueve millones de dólares en Chile, equivalentes al 132 por ciento del patrimonio gravado, pago que contribuyeron a financiar personas próximas y admiradoras del general. Los detalles pueden verse en mi libro «Terapia para Cerebros Lavados», páginas 422 y siguientes.
El hecho es que los jueces empeñados en investigar «la fortuna de Pinochet», con atribuciones para hacerse de todo lo que aparezca a su nombre en cualquier lugar de Chile o el mundo, han logrado incautar dos millones 600 mil dólares, que es la suma que tienen hoy en su poder. De esta cantidad, periódicamente la cónyuge del general debe solicitar giros para poder pagar las contribuciones de sus inmuebles, algunos de los cuales provienen de donativos de personas agradecidas de su acción salvadora de la Patria. Pues la supuesta «fortuna de Pinochet» de 17 millones de dólares no está en ninguna otra parte.
En efecto, esos 17 millones «comprobados» por la Universidad de Chile nunca existieron. El perito Gonzalo Marín Orrego perició el verdadero patrimonio del general después del 2000 y descubrió numerosos errores y dobles contabilizaciones. En «El Mercurio» del 20 de octubre de 2007, págima C 15, la publicación de su peritaje mostró una suma final líquida de 7,4 millones de dólares, los cuales se componen de sus bienes raíces y de los 2,6 millones en poder del Tribunal.
Entremedio, un politizado Consejo de Defensa del Estado, con gran publicidad y declaraciones estentóreas de sus abogadas de izquierda sobre «lavado de dinero», ha iniciado acciones que terminaron en nada. A raíz de una cuenta del general en el Banco Espirito Santo de Miami, el citado Consejo intentó hacerla incautar alegando que provenía de «recursos fiscales malhabidos», pero el banco norteamericano se defendió y ganó el juicio, pues demostró que el origen de los fondos se explicaba con los ingresos propios del general. Claro, no hubo la misma publicidad para el fallo que para el anuncio de la demanda del CDE.
Cuando, pocos días antes del fallecimiento del general, nos reunimos un grupo de amigos suyos a almorzar con él, y estando en medio de la salvaje campaña de calumnias sobre su patrimonio, que rodeó sus últimos días de vida, él nos declaró textualmente: «Juro por la memoria de mi madre que nunca tomé un peso que no me correspondiera».
El tiempo ha confirmado y seguirá confirmando que nos decía la verdad.