Al afrontarlo desde una visión universalista de los derechos humanos, ya sea desde una perspectiva desde la sociedad civil o la clase política, el país avanza en cuestiones que hace 10 años parecían impensables. Sin embargo, a pesar de ello, detrás de los avances, quedan desafíos políticos por enfrentar que han sido repetidos hasta la saciedad: abolir la ley de amnistía, la justicia militar y los pactos de silencio en sectores civiles y militares.
Cientista Político. Director, Centro de Análisis e Investigación Política CAIP. Además es investigador asociado del Instituto de Humanidades de la Universidad Diego Portales.
Recordar juntos lo que fue el golpe de Estado de 1973 se vuelve un ejercicio cada vez más recurrente en la esfera pública de nuestro país. Estos últimos años han estado marcados por la discusión sobre la memoria nacional, basta mencionar la controversia en torno al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el supuesto déficit histórico en exponer los contextos y las causas del “golpe”, la iniciativa por el cambio de nombre de la calle “11 de septiembre” en la comuna de Providencia o el reciente cuestionamiento del otrora Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre. En estos casos, se jugaba cómo recordar, qué recordar y qué olvidar respecto de la Dictadura y la violación a los derechos humanos. Se trataba de la definición del sentido del pasado reciente.
Hoy, a 40 años de lo ocurrido, se realizan reportajes, documentales y series de televisión; libros, seminarios y conferencias académicas en las que participan invitados nacionales e internacionales; obras de teatro y concursos de música sobre víctimas de Derechos Humanos; declaraciones, discursos y señales políticas de diferentes partidos y autoridades del país. Estas iniciativas demuestran cierto avance cultural en materia derechos humanos que se materializa en conexiones entre personas y organizaciones de diferentes ámbitos, pero también hace patente la ausencia de una política de memoria y derechos humanos con un enfoque que responda a los problemas sin resolver. El hasta ahora pendiente compromiso de gobierno para realizar un Plan Nacional de Derechos Humanos con consultas de la sociedad civil y la falta de evaluación de políticas públicas de memoria que fueron implementas en transición no hacen sino reafirmar la carencia de una estrategia.
En la sociedad civil se fragua una discusión entre sitios de memoria, agrupaciones, ONG’s y otras organizaciones que a lo largo de la transición a la democracia se han mantenido en la trinchera de la defensa de los Derechos Humanos, logrando que la discusión alcanzara espacios como el mundo político y el académico. Esta vez no fue la Universidad ARCIS la que asumió la realización de la conferencia más relevante sobre el golpe de Estado, como sí lo hizo hace 10 años atrás. Hoy la Universidad Diego Portales organiza el seminario internacional “A 40 años del Golpe” aprovechando la relación con el Museo de la Memoria y los DDHH, y las escuelas de historia de diferentes universidades se reunirán para reflexionar en el seminario “A 40 años del golpe de Estado en Chile. Usos y abusos de la historia”.
[cita]Al afrontarlo desde una visión universalista de los derechos humanos, ya sea desde una perspectiva desde la sociedad civil o la clase política, el país avanza en cuestiones que hace 10 años parecían impensables. Sin embargo, a pesar de ello, detrás de los avances, quedan desafíos políticos por enfrentar que han sido repetidos hasta la saciedad: abolir la ley de amnistía, la justicia militar y los pactos de silencio en sectores civiles y militares.[/cita]
A esto habría que agregar el pequeño circuito de estudios de memoria en Chile y una gran cantidad de actividades que se han realizado y están por realizarse en diversas universidades del país como la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago y la Universidad ARCIS.
En el campo de las organizaciones sociales, las luchas por definir y redefinir el sentido de lo acontecido se materializan en el desarrollo y consolidación de los sitios de memoria como agentes que participan en la construcción de problemas públicos y en la formulación de políticas públicas en materia de memoria y derechos humanos. Con la política de creación de memoriales a modo de reparación y figuración pública de los crímenes de lesa humanidad, se reconoció la demanda de un conjunto de agrupaciones de presos políticos, torturados y de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos, ayudando en parte a su formación. De hecho, en Chile no sólo contamos con sitios financiados estatalmente como es Villa Grimaldi y Londres 38, además se constata el esfuerzo y los resultados de otros lugares como Corporación Paine un lugar para la memoria, Nido 20, Casa de memoria José Domingo Cañas, Casa de Derechos Humanos de Magallanes, entre otros, que se coordinan en la Red de Sitios de Memoria donde colaboran internacionalmente con otros sitios a través de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. A pesar de esto, la precariedad de cada una de las comunidades que gestionan y promueven lugares como estos es manifiesta sobretodo en términos de gestión y mantenimiento de los memoriales.
En cuanto al afianzamiento de una nueva gobernanza en materia de memoria y derechos humanos en Chile, luego del conjunto de comisiones que contribuyeron a la verdad, justicia y reparación, se ha promovido una institucionalidad como fue la creación de un Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la naciente subsecretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Sebastián Piñera. El discurso de los derechos humanos, propio de toda democracia moderna, se ha cristalizado en instituciones a través de la consolidación democrática luego de estos 40 años, posibilitando un debate profundo sobre nuestro país, pero queda por preguntarse la capacidad de estas instituciones para fomentar una cultura de derechos humanos y hacerse cargo de las carencias democráticas de la sociedad chilena.
Al afrontarlo desde una visión universalista de los derechos humanos, ya sea desde una perspectiva desde la sociedad civil o la clase política, el país avanza en cuestiones que hace 10 años parecían impensables. Sin embargo, a pesar de ello, detrás de los avances, quedan desafíos políticos por enfrentar que han sido repetidos hasta la saciedad: abolir la ley de amnistía, la justicia militar y los pactos de silencio en sectores civiles y militares. En la actualidad, en el mundo académico presenciamos la falta de cohesión en las ciencias sociales y las humanidades respecto del pasado reciente. En el caso de los lugares de memoria asistimos a una realidad más frágil. El escaso apoyo a las comunidades promotoras de la memoria, establece desigualdades entre ellas y vislumbra la exigencia de un programa que apoye la institucionalización de sitios que generen conciencia sobre los hechos ocurridos y cultiven una cultura de derechos humanos como base de la convivencia social. La institucionalidad política, por su lado, carece de lineamientos claros que crucen la contingencia de las visiones de gobierno.
Ciertamente, luego de 40 años, la profundización de la democracia ha permitido que recordemos juntos el pasado común, no obstante, el desafío de responder cómo mantenemos el pasado vivo sin convertirnos en sus prisioneros y cómo lo olvidamos sin exponernos a su repetición, sigue pendiente e instigando la memoria nacional. Esta es la aventura, pensar una memoria que no se petrifique en el recuerdo vengativo del pasado ni que se arroje al olvido indolente, sino que se aboque a avivar la lucha entre el recuerdo de lo ocurrido para que nunca más suceda algo parecido y el olvido que critica la institucionalización estrecha de la memoria. Con la distancia del tiempo, se hace urgente una política de memoria y derechos humanos que respalde las iniciativas y decisiones de las diferentes instituciones pero que también delinee el horizonte de responsabilidad del Estado chileno. Una política como esta no podrá reducirse al reconocimiento y reparación de las víctimas sino que deberá, igualmente, rescatar las memorias de las personas antes de ser víctimas. Una política que honre el nombre de las víctimas y que enseñe que la reivindicación de la memoria no es cuestión de izquierdas o derechas, sino de todo un país.
