Y así, por decreto, la nueva negociación colectiva, deja de ser masiva y paralizante, es decir, pierde la capacidad genuina de ser un mecanismo transformador de la realidad (mediante ejercicio del poder), pierde desde entonces la llamada “función distributiva” y deja de ser un arma, en el sentido de Perrone.
Era junio del año 1979 y como parte de un plan integral de transformación social, denominado “Las Siete Modernizaciones del Estado“, se reformula el modelo de relaciones laborales dibujando un nuevo orden laboral y sindical. Fue llamado el “Plan Laboral” y para sus autores, se trató esencialmente de una intervención sindical (Piñera, 1990; ACTAS, 2012) que redefinió el rol de los trabajadores organizados y su vínculo con la sociedad: el Plan rompe con la tradición de un sindicalismo de clase e instaura uno despolitizado y desmovilizado, uno que no interfiriera en la libre determinación que los empresarios hacen sobre su tasa de ganancia.
Para cumplir con este objetivo, la nueva institucionalidad configuró y activó dos dispositivos centrales: prohibió la negociación colectiva por rama y permitió el reemplazo de los huelguistas.
En términos generales, el nuevo esquema se inspira en el modelo estadounidense y en la experiencia anglosajona (incluido Canadá e Inglaterra), en donde la negociación colectiva se realiza predominantemente al nivel de la empresa y no en el espacio del sector económico ni al nivel nacional (como ciertamente lo fue durante la Unidad Popular y el Gobierno del Presidente Salvador Allende). Chile fue más allá y llegó al extremo de introducir el concepto de empresa en el Código del Trabajo (empresa entendida como individualidad legal y no económica), conduciendo a la negociación colectiva al estadio de máxima descentralización internacionalmente conocido: al nivel del RUT (Rol Único Tributario), espacio en el que se pueden registrar tantos como la empresa desee.
Lo que sucede con la huelga también es fundamental. Aquí, la relación que hace Luca Perrone entre huelga y poder apunta al quid del asunto: la huelga es un arma que sirve a los trabajadores en la consecución de sus objetivos colectivos (Perrone et al, 1984) y, en la medida en que los intereses son diferentes, el vínculo es el clásico: aumentos en el poder para los trabajadores afecta negativamente los intereses de los dueños del capital y viceversa (Olin Wright, 2000). En este plano, dispositivos como el reemplazo de los trabajadores/as en huelga proveen una clara ventaja sobre una de las partes a fin de mejorar su posición y sus intereses materiales (mayor tasa de ganancia, mayor grado de acumulación).
Y así, por decreto, la nueva negociación colectiva, deja de ser masiva y paralizante, es decir, pierde la capacidad genuina de ser un mecanismo transformador de la realidad (mediante ejercicio del poder), pierde desde entonces la llamada “función distributiva” y deja de ser un arma, en el sentido de Perrone.
De este modo, la vía sindical chilena posterior a 1973 y en particular aquella comenzada en 1979 constituye un “golpe” al trabajo, uno, cuya esencia es intervenir las relaciones de poder entre fuerzas de clase opuestas, entre capital y trabajo. Dicho ataque fue y es institucional —no fue sólo un ataque armado—, comenzó durante el régimen dictatorial de Pinochet y continuó en los sucesivos gobiernos democráticos a partir de los noventa (Narbona, 2013).
A septiembre de 2013, los dispositivos pro-capital, activados en Dictadura, siguen intactos y aquel modelo laboral hoy arroja como resultado que solo un 8 % de los trabajadores dependientes disponga de un contrato colectivo habilitado para la huelga (pero con la opción de ser reemplazados). Con dicho registro, Chile es el segundo país más débil de la OECD. En América Latina, Uruguay exhibe un 90%, mientras que Argentina un 60 %.
El golpe al trabajo ha permitido robustecer una forma de acumulación originaria y hoy renovada dentro de la marcha capitalista, la “acumulación por desposesión” (Harvey, 2012), aquella donde unos ganan a costa de otros en un ciclo corto o inmediato de ganancia, mediante privatizaciones, especulación, usura, fraudes y sobre-explotación del trabajo. El argumento central, en relación al mundo del trabajo, es que una élite rentista –blindada institucionalmente a través de un poder de jure– ataca permanentemente a los trabajadores y se apropia del valor de su trabajo castigando drásticamente sus salarios. En cifras oficiales (CASEN 2011), esto se expresa en que la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de $ 251.620 (US$ 503), ello, en un país cuyo ingreso per cápita se estima de los US$ 22.655 y en donde los niveles de concentración de ingresos superan ampliamente al resto de los países: en Chile, el 1% de las personas más ricas concentra el 30 % de los ingresos totales y constituye el mayor registro respecto de los países que realizan dicha medición (López, Figueroa y Gutiérrez, 2013).
Si el interés y foco del debate hoy es la desigualdad, es importante entender las condiciones que originan tal fenómeno. A 40 años de ocurrido el Golpe y a 34 de impuesto el nuevo orden colectivo-laboral, el desbalance de poder entre trabajo y capital apunta a la concreción efectiva de los intereses materiales y también políticos de una sola parte involucrada: aquella que representa a los empresarios. Mientras eso no cambie, el trabajo infravalorado, seguirá siendo un conductor clave de la radical desigualdad en la distribución de los ingresos.
(*) Texto publicado en Red Seca.cl
