En tal sentido, sería deseable la implementación de medidas de cuotas de género como fórmula de solución transitoria al problema, en tanto las cifras de participación de hombres y mujeres alcanzan niveles equitativos. Una vez removidos los obstáculos que actualmente discriminan y postergan la carrera diplomática de las mujeres, las disposiciones transitorias creadas para asegurar equidad de género e igualdad de oportunidades podrían suprimirse.
Hasta hace unas pocas décadas, se tendía a considerar, por motivos tan rebuscados como absurdos, que las mujeres no eran aptas para la profesión diplomática. Las propias perspectivas del matrimonio y la maternidad, así como muy extendidos prejuicios, atavismos y el peso de las tradiciones institucionales, colocaron por mucho tiempo a las mujeres, de facto, fuera de la posibilidad de ejercer esta profesión.
Por supuesto, nunca existió una norma explícita que estipulara esta inaceptable y anacrónica discriminación de género. Una exclusión, dicho sea de paso, también aplicable –e incluso con mayor rigor– a nuestros pueblos originarios, lo que hace que hoy, en una extensa planta funcionaria, exista un solo funcionario diplomático de origen mapuche y otra de la etnia Rapanui.
Pero nunca faltaron los pretextos, las normas no escritas y los intereses de grupos que, como barreras invisibles pero casi infranqueables, se interpusieron una y otra vez, con muy escasas excepciones, para impedir de modo sistemático y porfiado que las mujeres pudieran acceder al servicio exterior, por la vía de la aplicación de métodos aviesos y excluyentes, que incluso llegaron a incluir, en última instancia, hasta preguntas capciosas y eliminatorias en las pruebas y entrevistas de ingreso a la Academia Diplomática de Chile. Y que han servido para producir que, cuando excepcionalmente las mujeres lograran acceder, se les multiplicaran las dificultarles de ascenso por los escarpados caminos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), hacia los más altos grados y responsabilidades, tanto en funciones en Chile como en el exterior.
[cita]En tal sentido, sería deseable la implementación de medidas de cuotas de género como fórmula de solución transitoria al problema, en tanto las cifras de participación de hombres y mujeres alcanzan niveles equitativos. Una vez removidos los obstáculos que actualmente discriminan y postergan la carrera diplomática de las mujeres, las disposiciones transitorias creadas para asegurar equidad de género e igualdad de oportunidades podrían suprimirse. [/cita]
No es para nada casual, entonces, la muy escasa presencia de mujeres en el servicio exterior chileno, de modo especial en los más altos grados de consejeras, ministras consejeras y embajadoras, lo cual constituye una excepción tan ostensible como inaceptable, y que no se condice para nada con la realidad imperante en la mayoría de las instituciones públicas nacionales, paradójicamente, incluidas las propias FFAA y de orden.
El año 2000, nació el “Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2000-2010”, uno de cuyos aspectos centrales consistió en la adopción de medidas para el aseguramiento de participación de las mujeres en las diversas estructuras institucionales de poder y, por lo mismo, en los diversos mecanismos ligados a la toma de decisiones. La llegada de Michelle Bachelet a La Moneda representó un punto de inflexión en el proceso de construcción de una ciudadanía igualitaria, de modo que su anuncio de un gabinete paritario, el año 2006, generó amplias y legitimas expectativas sobre el advenimiento de un auténtico cambio institucional en materia de equidad de género.
Ricardo Lagos había concluido su mandato con sólo cinco ministerios de un total de 20 en manos de mujeres y Bachelet, en cambio, iniciaba su presidencia con el 50% de los ministerios asignados a mujeres. Una tendencia similar se observó en la asignación de las subsecretarías, intendencias regionales y gobernaciones provinciales. Era la primera vez en la historia que una Presidenta, de modo deliberado, establecía una política de paridad en su gobierno.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, como reflejo de los atavismos subsistentes, no aplicó ni el criterio ni la norma. Ministro, Subsecretario, Director General de Política Exterior, Director General Administrativo y las principales direcciones políticas del servicio – con excepción de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites y la Dirección de Chilenos en el Exterior– fueron ocupadas por hombres.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera la situación no sólo no mejoró, sino que empeoró drásticamente. De modo que a la fecha, la única dirección de RREE a cargo de una mujer continúa siendo la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, cargo que ocupa desde 1997 la Embajadora María Teresa Infante.
La situación en Chile no es otra cosa que el reflejo de visiones estereotipadas sobre las mujeres que han dominado el análisis de las ciencias sociales a nivel mundial. La tradicional remisión de las mujeres a la esfera de “lo privado” –y, por ende, al ámbito de “lo doméstico”–, mientras “lo público” quedaba en el ámbito de la masculinidad, las excluyó de las actividades adscritas a esta esfera. Y, por consiguiente, las marginó en lo sustantivo, de las relaciones internacionales, una disciplina social que en su esencia apela a “lo público” al abordar las relaciones entre Estados.
Y aunque las mujeres se han ido incorporando paulatinamente a la actividad laboral y económica, a la educación, la cultura e incluso a la esfera política y la administración y en muchas sociedades se ha proclamado –y sancionado constitucionalmente– la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los espacios de poder en todos estos ámbitos de acción sigue siendo una lucha constante. Sigue existiendo una evidente y escandalosa desproporción en los hombres y mujeres que acceden a las más altas instancias de la política internacional. Los puestos de decisión en los organismos internacionales, las embajadas, las cancillerías y el mundo diplomático en general, sigue siendo ampliamente dominado por hombres. Incluso en aquellos estados considerados “más igualitarios”.
Una mirada a la administración pública en su conjunto, incluidas las Fuerzas Armadas, da cuenta de que el Ministerio de Relaciones Exteriores es, por lejos, la repartición pública más consuetudinariamente refractaria a incorporar la equidad de género como criterio, y donde más nítidamente se manifiesta la ausencia de voluntad de promover la igualdad de oportunidades para las funcionarias, vis a vis sus colegas varones.
El Servicio Exterior chileno es la entidad sobre la que recae esta alta responsabilidad y la integran los funcionarios egresados de la Academia Diplomática Andrés Bello (ACADE). Esta unidad del Ministerio data del 30 de marzo de 1954, cuando vía una Orden Ministerial del entonces Canciller Tobías Barros, se dispuso la creación de la «Academia de Estudios Diplomáticos», para el perfeccionamiento y especialización de los funcionarios de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 3 de junio de ese mismo año entró en vigor la orden mencionada y 9 años después, en 1963, una nueva ley orgánica dio paso a la “Academia Diplomática”.
Las mujeres chilenas comenzaron a integrar el servicio exterior chileno incluso antes de la creación de la Academia Diplomática, en la década del 20, anticipándose incluso a sus pares del Reino Unido. Las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores de principios del siglo pasado señalan que entre 1927 y 1930 Olga de la Barra sirvió como Vice-Cónsul de Chile en Glasgow e Inés Ortúzar ocupó el puesto de Cónsul chilena en Hull entre 1928 y 1930. Ambas fueron más tarde redestinadas a otros Consulados y siguieron sirviendo a Chile en el exterior.
Pero desde esa época hasta la fecha, la incorporación de las mujeres al Servicio Exterior –la columna vertebral de la Cancillería chilena– ha sido un proceso lento e intermitente, caracterizado por avances y retrocesos, una dinámica más vinculada a la voluntad personal de las autoridades ministeriales, que a políticas públicas deliberadas y explícitas de carácter nacional. Ello explica que, si bien han existido procesos de ingreso a la ACADE en que han accedido un 50% de mujeres, ha habido otros en que sólo una se ha incorporado al servicio de una media de 15 nuevos funcionarios.
A pesar del evidente logro que implicó la incorporación de mujeres en las filas del Servicio Exterior chileno, la escasez de mujeres en cargos de relevancia política dentro del organigrama del MINREL, es un dato concreto que invita a la reflexión y la crítica.
Del total de 574 funcionarios que integran la planta del Servicio Exterior chileno y que comprende los grados de Embajador, Ministro Consejero, Consejero, Primer Secretario, Segundo Secretario, Tercer Secretario y Tercer Secretario de segunda clase, sólo 69 son mujeres. Lo que representa un magro 12% del total de diplomáticos en la Cancillería chilena.
La situación de desmedro se muestra en toda su dimensión cuando se examinan las cifras en función de los puestos de decisión, pues, de un total de 90 Embajadores, sólo dos cargos son ocupados por mujeres, lo que equivale al 2,2% del total.
El artículo 9 del DFL-33 es el cuerpo legal que regula el nombramiento de Embajadores, y señala que la carrera diplomática de los funcionarios pertenecientes a la Planta del Servicio Exterior del Ministerio, se inicia en la 7a Categoría, en calidad de 3er Secretario de 2a Clase y culmina en la 1a Categoría, en el Grado de Embajador, luego de lo cual agrega que el “Presidente de la República, a proposición del Ministro de Relaciones Exteriores y por decreto supremo, determinará anualmente la cantidad de cargos de Embajador en los cuales podrán ser encasillados los Ministros Consejeros de la Planta del Servicio Exterior, sin sujeción a las normas de ascenso”.
En consecuencia, para ser nombrado Embajador desde la carrera diplomática es preciso haber alcanzado antes el grado de Ministro Consejero, al que sólo se llega luego de haber cumplido todos los requisitos que la ley establece para los ascensos de grado en el escalafón del Servicio Exterior. Frente a esta realidad, el discurso oficial del ministerio tiende a ser reglamentario y a explicar la escasez de mujeres en cargos relevantes señalando lo obvio: ninguna cumple con el requisito de grado para ocupar puestos de poder. Por lo mismo es que actualmente sólo dos mujeres detentan el grado de Ministras Consejeras, lo que augura una magra representación en el próximo período, si acaso las próximas autoridades no adoptan medidas concretas para introducir equidad de género en este servicio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe comprometerse a implementar reformas que salden la deuda histórica que este servicio arrastra con las mujeres, y eviten que la institución quede insanablemente rezagada frente a los importantes cambios que, en pro de la equidad de género, se han introducido en otras reparticiones públicas
En tal sentido, sería deseable la implementación de medidas de cuotas de género como formula de solución transitoria al problema, en tanto las cifras de participación de hombres y mujeres alcanzan niveles equitativos. Una vez removidos los obstáculos que actualmente discriminan y postergan la carrera diplomática de las mujeres, las disposiciones transitorias creadas para asegurar equidad de género e igualdad de oportunidades podrían suprimirse.
La equidad de género es una condición para la democracia y, adicionalmente, un requisito para hacer posible la modernización de las instituciones del Estado. De este esfuerzo, ninguna entidad puede autoexcluirse bajo pretexto alguno.
