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PSU: Claridades y caminos a seguir

por 31 diciembre, 2013

PSU: Claridades y caminos a seguir
Así, por ejemplo, la PSU no sólo permite que ingresen a las mejores universidades aquellos y aquellas estudiantes que provienen de hogares con mejores condiciones socioeconómicas, sino que también, entre quienes ingresan, reproduce un ordenamiento social en el que los hombres ingresan mayoritariamente a las carreras que tienen una mayor valoración social y rentabilidad económica, reforzando la posición de privilegio que estos tienen respecto de las mujeres en nuestra sociedad.
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El debate sobre la forma de acceso a la educación superior ha sido uno de los más dinámicos de los últimos años. La gran mayoría de los actores que son parte de esta discusión, como el Consejo de Rectores, el Mineduc y las organizaciones estudiantiles, han coincidido en un punto: la PSU no puede ser la única forma de seleccionar estudiantes. De ahí en más, las argumentaciones sobre qué camino debe seguir el proceso de entrada a la educación superior se diferencian. Además, discutir esta temática desde una institución tan selectiva –y por tanto elitizada– como la Universidad de Chile, ha implicado volver la mirada sobre la propia composición social de quienes ahí estudiamos. En tal sentido, como movimiento estudiantil queremos relevar tres puntos que nos parecen fundamentales y que consideramos que no pueden ser soslayados en la resolución de este problema

En primer lugar, consideramos que la PSU, lejos de ser una herramienta justa de selección, es un mapa de la desigualdad de la educación chilena, que refleja con claridad la crisis terminal que vive la educación pública, la misma que el movimiento estudiantil viene denunciando hace años. En este sentido, podemos afirmar que siempre ha existido una relación directa entre nivel socioeconómico (reflejado en el tipo de establecimiento) y resultado PSU. Es decir, el sistema de selección favorece a quienes tienen más recursos y, en ciertas pruebas, como la de matemática, beneficia a los hombres sobre las mujeres. Este último punto es relevante porque muestra la radicalidad de la función reproductora de las desigualdades y jerarquías sociales que tiene esta prueba de selección. Si bien se entiende que la PSU y sus resultados son un reflejo de las desigualdades insertas en el sistema educacional desde la primera infancia, es inaceptable que el instrumento de ingreso a la educación superior, en vez de ser un elemento que corrija esas desigualdades, las reafirme. Así, por ejemplo, la PSU no sólo permite que ingresen a las mejores universidades aquellos y aquellas estudiantes que provienen de hogares con mejores condiciones socioeconómicas, sino que también, entre quienes ingresan, reproduce un ordenamiento social en el que los hombres ingresan mayoritariamente a las carreras que tienen una mayor valoración social y rentabilidad económica, reforzando la posición de privilegio que estos tienen respecto de las mujeres en nuestra sociedad.

 Es necesario avanzar en la creación de mecanismos que integren las diferencias socioeconómicas, de género y étnicas, que hagan del acceso a la educación superior un derecho para todos y todas y no solamente un derecho para los ricos o para los más “talentosos” entre los pobres. Creemos que eso sería avanzar hacia un proceso justo. ¿Qué significa para nosotros este anhelo de justicia en el acceso?

Como segundo punto, creemos que el actual sistema de selección universitaria perjudica a los sectores socioeconómicos bajos, en la medida que su lógica sólo salva a un pequeño grupo dándole el beneficio de ingresar a la educación superior de calidad, y postergando a las grandes mayorías de siempre a optar sólo entre instituciones de bajo nivel académico. Sobre lo anterior, ¿por qué se buscan los talentos solamente entre los pobres?, ¿por qué los ricos ya tienen asegurado su cupo, independientemente de su rendimiento y desempeño académico? Si queremos realmente entender la educación como un derecho social, debemos comprender que la pregunta relevante acá no es “cómo rescatar los talentos” (que además, como vemos, no es una pregunta que se aplique de manera equitativa respecto de quienes desean ingresar a la educación superior), sino que se trata de preguntarnos si es que acaso alguien cree que hay personas que no son educables. Defender coherentemente la educación como derecho social es defender el potencial de aprendizaje de todos y todas quienes quieran continuar sus estudios en la educación superior, así como la posibilidad de poder hacerlo. Respecto de este punto, es interesante recordar discusiones que se daban décadas atrás cuando se planteaba que la educación secundaria era solamente para los mejores o que antes la educación en general era sólo para hombres. Hoy, la educación escolar es obligatoria para todos y todas. Con esto no queremos decir que la educación superior deba ser obligatoria, pues entendemos la multiplicidad de caminos y formas en la que se puede desarrollar la vida de las personas tras egresar de la educación secundaria.

Lo que queremos reafirmar es la importancia de  entender que debe existir un sistema educativo capaz de generar condiciones de igualdad de acceso y de formación para todos y todas. En ese sentido, pensar un sistema de acceso diferente debe ser una consecuencia de poseer un sistema educativo igualitario, accesible a nivel social y cultural, y que sea capaz de asumir la diversidad eliminando las desigualdades de carácter socioeconómico y de género.

En tercer lugar, consideramos que es urgente reducir las brechas sociales que se reafirman en el actual sistema de selección. En este sentido, la integración del ranking de notas es un avance, pero no es suficiente. Es necesario avanzar en la creación de mecanismos que integren las diferencias socioeconómicas, de género y étnicas, que hagan del acceso a la educación superior un derecho para todos y todas y no solamente un derecho para los ricos o para los más “talentosos” entre los pobres. Creemos que eso sería avanzar hacia un proceso justo. ¿Qué significa para nosotros este anhelo de justicia en el acceso? Bajo la consideración de que vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, “justo” implica en este caso que la educación superior sea una herramienta para superar este problema, más que para naturalizarlo y reproducirlo. El acceso, en este contexto, no es una cuestión técnica, sino política.

Superar la desigualdad de clase y de género que posee el actual sistema de selección universitaria es una tarea urgente para todos los actores involucrados en el mundo de la educación. Nosotros abogaremos, abriendo discusiones y potenciando movilizaciones, para que estos temas se solucionen en pos de la construcción de una educación superior pública, gratuita y de calidad. Abogaremos también por que la participación del movimiento estudiantil sea protagónica en la construcción de un nuevo proyecto educativo que vaya en beneficio de las grandes mayorías de nuestro país. Ese es nuestro compromiso, y los resultados de la PSU publicados el sábado pasado no hacen más que reafirmarlo.

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