En Chile, durante las últimas cuatro décadas, el Estado ha impedido la expansión de la matrícula en sus universidades, negando en los hechos que las personas puedan elegir entre instituciones públicas o privadas. Una restricción inexplicable no permitía que pudieran invertir en infraestructura; aun cuando lo hicieran con recursos propios no podían invertir porque, hasta el año 2011, tales universidades no tenían autorización legal para contratar créditos a largo plazo destinados a financiar su infraestructura.
Con el propósito de contribuir a un debate que todos reconocemos como necesario, el Consorcio de universidades del Estado ha formulado un conjunto de propuestas que miran al sistema de educación superior en su conjunto. En tal sentido, nos parece, que se requieren algunos cambios sustantivos en institucionalidad, en el control eficaz de la calidad, así como en la relación del Estado con sus universidades.
En materia institucional es indispensable que se fijen estándares públicos de calidad vinculantes para todas las instituciones, sean éstas públicas o privadas. La calidad de la prestación del servicio educacional contiene una dimensión cívica y de fe pública que el Estado no debe dejar a la libre convención de las partes. Un sistema de provisión mixta no es incompatible con la existencia de dichos estándares, por el contrario, puede ser una prudente forma de dar estabilidad al mismo. La libertad de enseñanza, un principio constitutivo de la convivencia democrática, debe manifestarse ante todo como autonomía de proyectos educativos, y no como libertad de empresa o de negocios en educación. Por esta misma consideración, la prohibición del lucro nunca ha constituido una amenaza para la libertad moral que garantiza un sistema de provisión mixta. De esto se sigue que la nueva institucionalidad debe contener, además, principios reguladores de transparencia y rendición de cuentas de amplio acceso a la ciudadanía.
[cita]El sistema de aseguramiento de la calidad debe estar a cargo de un órgano del Estado que garantice el ejercicio independiente de potestades públicas. La acreditación debe ser obligatoria y el régimen de licenciamiento para nuevas instituciones debe precaver toda argucia destinada a burlar los términos de la certificación, los que deberán ser específicos en cuanto a sedes y carreras. La Superintendencia debe estar articulada con el aseguramiento de la calidad y cumplir funciones complementarias, no sustitutivas de la agencia de acreditación y licenciamiento, pero útiles para contribuir a la eficacia jurídica de las normas reguladoras.[/cita]
Como se sabe, las políticas públicas han conducido a una privatización sin reglas, que viene a ser sinónimo de mercadización de la educación superior, situación que expone hoy a la mayoría de los estudiantes a riesgos y daños irreversibles, puesto que el Estado carece de facultades para garantizar la responsabilidad de las instituciones ante ellos y sus familias. Las situaciones de daño que ya se han verificado deberían ser la lección suficiente para introducir estas modificaciones cualitativas.
El otro objetivo es fortalecer el rol de las universidades estatales en el sistema de educación superior, lo que pasa por establecer una nueva relación del Estado con sus instituciones. En Chile, durante las últimas cuatro décadas, el Estado ha impedido la expansión de la matrícula en sus universidades, negando en los hechos que las personas puedan elegir entre instituciones públicas o privadas. Una restricción inexplicable no permitía que pudieran invertir en infraestructura; aun cuando lo hicieran con recursos propios no podían invertir porque, hasta el año 2011, tales universidades no tenían autorización legal para contratar créditos a largo plazo destinados a financiar su infraestructura. Esto ha sido consecuencia directa a su vez de que el Estado vive muy cerca de sus universidades si se trata de controlarlas, pero muy distante e indiferente a propósito de su financiamiento.
Toda esta política inspirada en la filosofía del Estado mínimo, porque sólo éste se justifica moralmente según las doctrinas hegemónicas, explica el abandono a su suerte de estas instituciones y la progresiva reducción de la oferta estatal en educación. En consecuencia, por una parte, deben terminar tales limitaciones y restricciones dando lugar a un régimen jurídico moderno que sea compatible con la misión y propósitos que sus estatutos les reconocen, y por la otra, el financiamiento del Estado debe consistir en aportes basales y contratos plurianuales que financien su operación y proyectos de largo plazo. De esta forma estas instituciones podrán cumplir con su rol público, sin tener que comportarse como otros oferentes privados de educación.
