No podemos pedirles a los parlamentarios que sean capaces de leer críticamente la evidencia científica que se produce en el mundo. Para ello existen expertos que son capaces de hacerlo, a pedido de las instituciones con responsabilidad en recomendar conductas a seguir por parte de los que dirigen o regulan sistemas de salud.
En 1981, la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine, publicó un artículo en el que se establecía una fuerte asociación entre el consumo de café y el cáncer del páncreas. El estudio era del tipo Casos y Controles, diseño en el que se comparan pacientes (Casos) con personas libres de la enfermedad (Controles), en lo que respecta a antecedentes de exposición a factores de riesgo (en este caso, el consumo de café). Si el factor de riesgo es más frecuente entre los casos y se cumplen algunas condiciones estadísticas y metodológicas, se concluye que el factor está asociado a la enfermedad.
La publicación pudo haber tenido un enorme impacto en la prevención del cáncer de páncreas y, por supuesto, en la economía de los países productores del popular brebaje. Esto no ocurrió porque, a poco andar, los lectores críticos descubrieron la presencia de un sesgo que explicaba los resultados y descartaba la asociación encontrada. En efecto, los controles eran pacientes del servicio de Gastroenterología, sin cáncer de páncreas, pero portadores de otras enfermedades digestivas crónicas, por lo que era lógico que consumieran menos café que la población general y que los casos de cáncer, quienes sobreviven poco después de un diagnóstico que no se hace por sus antecedentes de molestias digestivas previas.
Cito este ejemplo, a propósito de la reciente aprobación del proyecto de ley que prohíbe el uso de timerosal en las vacunas que se usen en Chile. No podemos pedirles a los parlamentarios que sean capaces de leer críticamente la evidencia científica que se produce en el mundo. Para ello existen expertos que son capaces de hacerlo, a pedido de las instituciones con responsabilidad en recomendar conductas a seguir por parte de los que dirigen o regulan sistemas de salud.
[cita]No podemos pedirles a los parlamentarios que sean capaces de leer críticamente la evidencia científica que se produce en el mundo. Para ello existen expertos que son capaces de hacerlo, a pedido de las instituciones con responsabilidad en recomendar conductas a seguir por parte de los que dirigen o regulan sistemas de salud.[/cita]
La Organización Mundial de la Salud, las Sociedades Científicas, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, la Unión Europea, son instituciones con esa responsabilidad. Dada la seriedad con la que analizan la evidencia antes de recomendar o restringir el uso de una sustancia o la práctica de una determinada conducta, los tomadores de decisión los usan como referente para el diseño y la implementación de políticas. Es más, la preocupación por evitar los conflictos de interés es parte esencial del proceso desarrollado por estos referentes para producir sus recomendaciones.
A mayor abundamiento, dado que este caso puede servir de enseñanza futura, los países más evolucionados, aquellos a los que queremos parecernos, han superado los riesgos de tomar decisiones equivocadas en las instituciones que no están diseñadas para ello, a través de la creación de agencias de carácter público, integradas por expertos y dotadas de autonomía, que se encargan de recomendar o desincentivar el uso de tecnologías sanitarias. El caso del Instituto Nacional para la Excelencia Clínica (NICE), creado en el Reino Unido hace algunos años, es uno de los más conocidos.
La ausencia de una agencia de estas características explica el insólito resultado de la discusión de la ley que comentamos y que la comunidad científica lamenta. Nuestros parlamentarios han considerado más relevante que las recomendaciones de la OMS y las de otras respetables organizaciones, la opinión de una asociación de padres de niños autistas y la del Presidente del Colegio Médico, quien es especialista en toxicología, condición que, junto a su rol de dirigente gremial, de ninguna manera lo convierten en un experto en lectura crítica de información científica en condiciones de contradecir a tan importantes referentes mundiales.
Han terminado prohibiendo por ley el uso de timerosal en las vacunas, yendo en contra de la evidencia científica y provocando consecuencias muy dañinas para la salud pública. Sólo como muestra, si esto se hubiera legislado en los Estados Unidos, se dificultaría la realización de campañas de vacunación contra la influenza en dicho país, el que, por haber asumido una conducta precautoria en los años 90, decidió (no por ley) no usar timerosal en sus vacunas, sobre la base de la sospecha arrojada por la investigación publicada en aquellos días. La vacuna antiinfluenza generalmente se usa en envases multidosis, y contiene timerosal para evitar la contaminación durante la administración de inyecciones del mismo envase a distintas personas.
Lo mismo podría ocurrir en Chile si esta ley se aplica, ya que los programas van a tener que adquirir vacunas sin timerosal, las que no necesariamente son mejores a las que lo contienen en cantidades apenas detectables y menores a las permitidas como ingesta de metil-mercurio, compuesto diferente al etil mercurio, presente en el timerosal. Valga mencionar, además, que son mucho más caras y que la ley obligará al Estado a comprar en un mercado con menos oferentes.
Definitivamente, es mucho más saludable, y así lo ha sido en la tradición de la salud pública, tomar estas decisiones sobre la base de la evidencia analizada críticamente por quienes están mandatados a hacerlo. Contradecir a los referentes mundiales sólo puede explicarse por la extensión de teorías conspirativas que nada tienen que ver con la realidad. No hay hoy dos opiniones en la comunidad científica que publica resultados creíbles de sus investigaciones respecto a este tema. Lo demás se parece más a lo del café y el cáncer del páncreas. Si nuestros legisladores hubieran abordado este tema en la época de la publicación mencionada más arriba, habrían terminado prohibiendo el café. Suerte para Colombia que eso no ocurrió.
