En el ámbito político chileno también existe una serie de barreras de entrada que inhibe la libre competencia democrática, y propicia estructuras oligárquicas, elitistas y de castas en todo el espectro político partidario, que todo liberal debería cuestionar.
En un interesante artículo, Cristóbal Bellolio plantea una serie de respuestas para despejar las dudas en torno a qué sería un proyecto liberal en Chile y sus mínimos teóricos y programáticos.
Quisiera hacer algunas observaciones y aportar al debate.
El liberalismo es metodológicamente individualista, es decir, rechaza concepciones orgánicas y colectivistas de la sociedad. Esto –contrario a lo que erróneamente se cree– no significa concebir a individuos constituidos por sí solos o atomizados y aislados sin lazos con otros, sino sujetos que ejercen su voluntad de manera autónoma con respecto a otros.
Así, las personas son capaces de elegir sobre la base del ejercicio de su voluntad, donde radica el valor de la libertad individual en tanto cada persona es un fin en sí misma y no un medio para otros. De eso surge el derecho de cada cual a llevar adelante sus proyectos de vida sin interferencia del Estado o los gobernantes; a su libertad de conciencia (es decir, a creer en lo que sea); de asociación; de movimiento y de disponer de los bienes obtenidos de manera justa en el ejercicio de su voluntad, mediante libres intercambios con otros.
[cita]En el ámbito político chileno también existe una serie de barreras de entrada que inhibe la libre competencia democrática, y propicia estructuras oligárquicas, elitistas y de castas en todo el espectro político partidario, que todo liberal debería cuestionar. [/cita]
Como cada persona es dueña de su voluntad y su cuerpo, y por tanto un fin en sí, nadie, ni un rey, ni un líder supremo, ni un grupo de sujetos, ni siquiera una mayoría –ni siquiera en nombre del Estado o dios o lo que sea– puede someterlo ya sea para obligarlo a actuar o pensar de una manera dada.
En ese sentido, contrario a lo que dice Cristóbal Bellolio, la libertad individual siempre debe prevalecer, salvo cuando un sujeto agrede física o psicológicamente a otro, transgrediendo con ello su inherente dignidad. Y es que justificar su vulneración sobre la base de cuestiones ambiguas, como necesidades de coordinación o demandas de justicia social, podría dar paso a la violación de la libertad personal de manera amplia. Ni siquiera el “salvar la democracia” justificaría la ambigüedad de “ciertas restricciones instrumentales de la libertad”.
Eso fue lo que pasó en Estados Unidos hace años, en la llamada “guerra al terrorismo”, cuando se otorgó amplias facultades a las policías para allanar hogares sin mayor justificación; y en Chile, donde ciertas restricciones para “salvar la democracia” terminaron siendo violencia indiscriminada contra algunas personas. Además, sería convertir a la democracia en una religión del Estado.
El liberalismo como doctrina surgida en contraposición al ejercicio arbitrario del monopolio de la fuerza sobre las personas y, por tanto, desconfiada del poder concentrado, exige que éste –que no es otro que el poder político– actúe bajo altas restricciones para resguardar la integridad personal de cada uno.
De ese fundamento, se deriva no sólo la necesidad de separar poderes para evitar su concentración viciosa, sino también el principio que plantea que el Estado no debe imponer un modo de vida ni credo alguno sobre las personas, sino resguardar su libertad –que es la libertad civil– para poder desplegar todo su potencial. Esa limitación del poder estatal en cuanto a no imponer un modo de vida, también implica que incluso el Estado liberal, en su afán progresista, no puede pretender imponer una moral secular y laica barriendo con todo lo que se considera tradición en la sociedad.
Como el absolutismo y su régimen económico (el mercantilismo) violaban sistemáticamente la libertad de comercio y la propiedad de campesinos y artesanos (empobreciéndolos con altos impuestos para la guerra, confiscaciones y trabajo forzado), el liberalismo eleva la defensa irrestricta del libre intercambio como principio ético y como instrumento para la paz entre los Estados, rechazando el nacionalismo y el proteccionismo con sus derivaciones colectivistas o corporativistas, pero también a las pretensiones estatistas de planificación económica fascista y comunista.
Hoy muchos liberales contemporáneos atacan a la libertad en pro de la igualdad, olvidando que muchas posiciones asimétricas y desigualdades no tienen su origen en el ejercicio de la libertad, sino en el privilegio surgido al alero del poder político, muchas veces camuflado de regulaciones estatales en los mercados.
El mercantilismo económico moderno, tan vigente a nivel mundial, es un ejemplo claro de aquello, y sin duda conlleva formas injustas de desigualdad al inhibir la libre competencia cuando el poder político favorece a ciertos grupos corporativos o de interés mediante leyes, barreras de entrada, concesiones o transferencias de propiedad de dudosa justicia.
En el ámbito político chileno también existe una serie de barreras de entrada que inhibe la libre competencia democrática, y propicia estructuras oligárquicas, elitistas y de castas en todo el espectro político partidario, que todo liberal debería cuestionar.
En ambos casos, lo que tenemos es una concentración de poder en contraposición a la libertad, que siempre es el primer problema al que se enfrentan los liberales. Esa es la primera certeza que debemos asumir quienes valoramos la libertad y, desde ahí, comenzar a levantar un proyecto político que aúne fuerzas teniendo presente que el principal enemigo de la libertad es siempre la concentración del poder político –incluso si se dice liberal–, y que la libertad tiene como base el respeto a la dignidad de las personas en tanto dueñas de su voluntad y, en consecuencia, capaces de elegir.
