El 5 de junio del año pasado publiqué una columna en “Estrategia”, donde decía que seguramente los economistas encargados de evaluar los proyectos de inversión en Chile, hallándose “en presencia del proyecto de Asamblea Constituyente que, por definición, trae todo el tema de los derechos básicos, entre ellos el de propiedad de esas inversiones, a fojas uno” iniciativa surgida “en el seno de la candidatura que, según las encuestas, lleva la delantera en la elección presidencial, y (habiendo) uno de sus juristas diseñado un resquicio legal para establecer tal Asamblea por decreto, lo cual hoy por hoy es inconstitucional, ¿qué les estarán diciendo los evaluadores de futuras inversiones a sus clientes?” Mi columna concluía que, seguramente, les recomendarían “no invierta por el momento”.
Al día siguiente el entonces Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por una de esas coincidencias que veces se producen en la vida pública, declaró lo mismo respecto al futuro de la inversión, y sus palabras levantaron una gran polvareda. Recibió la crítica inmisericorde de los políticos de la Concertación, que lo acusaron de provocar una “campaña del terror”, en circunstancias que tal campaña la estaban haciendo ellos, al anunciar que harían tabla rasa de la garantía al derecho de propiedad en Chile.
Bueno, hoy día “El Mercurio”, pág. B6, informa que la inversión en Chile cayó en 1,5% en el tercer trimestre de 2013 y 12,3% en el cuarto, lo que redujo el crecimiento de la economía a 4,1% en el año.
No sucedió porque yo lo dijera, sino porque el sentido común lo anticipaba así. Y la situación no ha cambiado. Hoy es un hecho que nadie puede predecir qué va a ser del derecho de propiedad en Chile, pero una cosa es segura: se va a debilitar. Porque justamente la coalición gobernante ha señalado como principal crítica a la Constitución de 1980 la de que ella es muy difícil de reformar y establece quórums muy altos. Y el más alto de todos es el que protege, entre otras garantías individuales, a la del derecho de propiedad: dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio.
La Nueva Mayoría no tiene ese quórum y probablemente no lo podrá conseguir jamás, así es que el derecho de propiedad estaría a salvo en Chile, a menos que la actual Constitución fuera burlada. Pero los chilenos vemos que actualmente la Constitución es burlada con enorme facilidad. Sin ir más lejos, hay 57 presos políticos uniformados en Punta Peuco, y algunos más presos en otros recintos, que constitucionalmente y si se respetaran el debido proceso, el texto de la Carta y el de la ley penal no podrían estarlo. Sin embargo lo están. Desde el Presidente y la Presidenta de la República para abajo, pasando por el Presidente de la Corte Suprema y las mayorías parlamentarias, y, podríamos añadir, casi toda la prensa y la opinión pública, han cohonestado esa inconstitucionalidad. ¿Por qué, entonces, no van a cohonestar esa otra, consistente en desconocer el derecho de propiedad sin respetar el quórum constitucional que lo ampara? Puro sentido común.
Escribí el 5 de junio del año pasado lo que iba a suceder y sucedió. No porque yo lo dijera, sino por su propio sentido común, el Ministro de Hacienda de la época advirtió que sobrevendría lo mismo. Y sobrevino. Lo cubrieron de críticas, pero el tiempo ha probado que tenía razón.
Entonces, el titular de hoy de “El Mercurio”, revelando la caída en la inversión, implícitamente lo anuncié yo el 5 de junio del año pasado, en mi columna de “Estrategia”. ¿No sería hora de que los chilenos empezaran a hacerme algún caso?
