Opinión
Como vara que se utiliza por la política pública a la hora de fomentar la competencia y segmentar escuelas entre buenas y malas, el SIMCE sintetiza para los actores del mundo educacional muchos de los efectos perversos del mercado.
El tema que predominó durante el discurso dado por la Presidenta Bachelet el pasado 21 de mayo fue educación. Tanto ella como el Ministro han presentado su reforma al sistema educativo como “refundacional” y eje de su gestión.
Sin embargo, ha surgido la inquietud compartida por diversos sectores sobre la claridad de los cambios que se implementarán, estimulada por los vaivenes y contradicciones en las declaraciones de Eyzaguirre respecto a lo público y el financiamiento a las universidades.
Es en este contexto que se hace necesario clarificar si serán superadas las herramientas y políticas que han contribuido a la consolidación de la mercantilización del sistema educativo. Entre ellas, hay una central en el ámbito escolar: el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), instrumento que, desde su creación y vinculación a diversas políticas educativas, se ha establecido como un eje articulador del mercado en educación y la normalización de lógicas neoliberales dentro del sistema.
[cita]Que el SIMCE –u otra medición análoga– siga siendo la señal de valor aplicada a cada escuela para su comparación, será una demostración clara de que la lógica de mercado seguirá existiendo en la educación chilena, a pesar de los cambios que se introduzcan dirigidos a acabar con el lucro, el copago y la selección. [/cita]
Prueba de la preponderancia del SIMCE en la estructuración y configuración del sistema educativo chileno es la relación que posee con múltiples políticas públicas, vinculándose sus resultados, entre otros, a pago de los docentes (bonos SNED) y a los convenios de desempeño de los directores de escuelas; e incluso en el futuro siendo el factor principal para determinar el cierre de colegios en la futura aplicación de la ordenación de escuelas, representando el SIMCE un 73,6% del total de variables consideradas en dicha medición.
La creciente centralidad del SIMCE en las políticas educativas tiene su raíz en una antigua necesidad detectada por los reformadores de los 80 al momento de crear un mercado de escuelas: establecer una señal clara a los agentes que permitiera distinguir escuelas más o menos eficaces, dando una base racional a su precio de mercado –materializado en 1993 con la introducción del copago– y ayudando a los apoderados a una elección de escuela más fidedigna. Como vara que se utiliza por la política pública a la hora de fomentar la competencia y segmentar escuelas entre buenas y malas, el SIMCE sintetiza para los actores del mundo educacional muchos de los efectos perversos del mercado. Destacan entre éstos la segregación y selección de estudiantes según rendimiento, la desprofesionalización docente, la progresiva reducción curricular, la exacerbada preparación para la prueba, y la tergiversación de lo que implica una educación de excelencia; todos ellos efectos que contravienen el supuesto fin principal de este instrumento: contribuir a la “calidad” de la educación.
Es paradójico que el SIMCE sea utilizado como indicador de “calidad educativa”, pese a poseer no sólo profundas falencias técnicas, sino también nulo correlato con los fines educativos que la misma Ley General de Educación establece.
Ante un diagnóstico tan categórico, llama la atención que aún no se conozca una posición oficial y clara sobre la continuidad del SIMCE. Sería razonable que prontamente el MINEDUC, además de anunciar su superación definitiva como instrumento, evitara que los resultados del SIMCE este año profundicen la estigmatización de escuelas. Es decir, que impida que esta inexacta herramienta sea utilizada mediáticamente como medidor de calidad y argumento racional para el escarnio público de colegios.
Que el SIMCE –u otra medición análoga– siga siendo la señal de valor aplicada a cada escuela para su comparación, será una demostración clara de que la lógica de mercado seguirá existiendo en la educación chilena, a pesar de los cambios que se introduzcan dirigidos a acabar con el lucro, el copago y la selección.
La reforma educacional podrá ser paulatina, pero no ambigua. Erradicar el mercado es una condición necesaria para la consagración y el aseguramiento de la educación como un derecho social. Resulta fundamental que se inicie una discusión abierta, que problematice y apunte a la construcción de un nuevo sistema de evaluación escolar, y que incorpore activamente a las comunidades educativas y cuerpos docentes en su construcción.
Este punto de vista es consenso entre múltiples actores a los que la reforma del gobierno no puede ignorar. La crítica a la competencia y el mercado no se limita al problema del lucro, la selección o de la evaluación de resultados (SIMCE) como aspectos aislados. De este modo, la participación y la discusión que se promuevan deben ser amplias, apuntando a favorecer y mejorar colaborativamente los procesos formativos y de aprendizaje de las comunidades escolares, en un marco de convergencia con la construcción de un nuevo sistema público que haga efectiva la educación como un derecho social universal.
