A modo de ejemplo, debería llamar la atención que en 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con el Foro permanente para la cuestiones indígenas de las Naciones Unidas, convocara a una reunión con el fin de estudiar los datos que atribuyen a miembros de las comunidades indígenas un índice de suicidio superior al resto de la población, con especial preocupación por los pueblos originarios de Australia, los maorís de Nueva Zelanda y las poblaciones amerindias de los territorios actualmente ocupados por los Estados Unidos y Canadá. Este problema también alcanza a Sudamérica, que en Chile tiene su máxima expresión en la alta tasa de suicidio de los jóvenes pehuenches.
El domingo de la semana anterior, se realizó una interesante entrevista a Pedro Cayuqueo en ‘Tolerancia Cero’. En ella, el periodista afirmó categóricamente: “Sí, el conflicto mapuche tiene solución”, como respuesta a Fernando Villegas, quien insinuó que se trataba de un proceso interminable y sin salida.
La frase “interminable y sin salida” fue utilizada incansablemente desde el siglo XVII por funcionarios militares, civiles y eclesiásticos del poder colonial e incluso durante la república temprana.
Hoy, la situación ha llegado a un punto crítico que tiene dos posibilidades: o concretar soluciones o maximizar el conflicto. Todos, mapuches y chilenos, estamos por lo primero, pues sabemos que el statu quo no es alternativa.
Y en esto nos sumamos a las palabras de Cayuqueo. Sí, el problema mapuche tiene solución. Sin embargo, tal solución debe tener algunos componentes que son clave para lograr niveles aceptables de éxito.
El primero es el más obvio: cualquier situación que tenga a individuos como centro del conflicto será difícil de resolver. Por esa complejidad se debe apuntar a diversas medidas de corto, mediano y largo plazo, que comprendan variables culturales, sociales, económicas y políticas, todas ellas interrelacionadas. Chile debiera avanzar en representación parlamentaria y local de los pueblos originarios, niveles de autodeterminación, entrega de territorio, políticas de salud y educación multicultural, entre muchas otras.
En segundo lugar, se debe comprender que no existe en el mundo la solución o modelo que podamos replicar en Chile, sin antes realizar un análisis profundo del funcionamiento de otras realidades. En esta línea, suelen resaltarse casos como el canadiense o de los maorís de Nueva Zelanda, como si se tratara de ejemplos totalmente exitosos.
[cita]A modo de ejemplo, debería llamar la atención que en 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con el Foro permanente para la cuestiones indígenas de las Naciones Unidas, convocara a una reunión con el fin de estudiar los datos que atribuyen a miembros de las comunidades indígenas un índice de suicidio superior al resto de la población, con especial preocupación por los pueblos originarios de Australia, los maorís de Nueva Zelanda y las poblaciones amerindias de los territorios actualmente ocupados por los Estados Unidos y Canadá. Este problema también alcanza a Sudamérica, que en Chile tiene su máxima expresión en la alta tasa de suicidio de los jóvenes pehuenches.[/cita]
Más allá de la crítica lógica, respecto de que cada contexto necesita su propia reflexión, preocupa el desconocimiento sobre las precariedades que hoy revelan las políticas de estos países. Esto no quiere decir que no se puedan rescatar elementos positivos de las iniciativas extranjeras; sólo queremos poner énfasis en la necesidad de su evaluación desde el punto de vista global.
A modo de ejemplo, debería llamar la atención que en 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con el Foro permanente para la cuestiones indígenas de las Naciones Unidas, convocara a una reunión con el fin de estudiar los datos que atribuyen a miembros de las comunidades indígenas un índice de suicidio superior al resto de la población, con especial preocupación por los pueblos originarios de Australia, los maorís de Nueva Zelanda y las poblaciones amerindias de los territorios actualmente ocupados por los Estados Unidos y Canadá. Este problema también alcanza a Sudamérica, que en Chile tiene su máxima expresión en la alta tasa de suicidio de los jóvenes pehuenches.
El documento ubica el suicidio en un contexto de discriminación, marginación, colonización traumática y pérdida de las formas de vida tradicionales. Asimismo, advierte de la complejidad de los factores que intervienen para la transmisión de esos traumas entre generaciones en forma de un comportamiento suicida. La marginación de esos jóvenes se perpetúa tanto al interior de sus propias comunidades como en las sociedades envolventes, por la profunda discriminación y sentimiento de aislamiento social que pueden conducir a reacciones autodestructivas.
Como se ve, no es sólo de un problema de tierras o incentivos económicos y recursos, sino de políticas públicas de largo aliento que comprometen a la sociedad en su conjunto. Hay que entender que no se trata del problema mapuche: se trata de un problema de Chile.
Espacio aparte merece el caso canadiense en relación a las políticas indígenas, pues hay una enorme distancia entre los dichos y los hechos. Recordemos que ese país fue uno de los cuatro que se opuso a que la ONU adoptara la Declaración de derechos de los pueblos indígenas, lo que contrasta con el pomposo homenaje realizado a aquellos en la inauguración de los Juegos olímpicos de invierno de 2010. Más imagen y publicidad que realidad.
El Estado canadiense se ha sentado a negociar con algunos ciertos reconocimientos, dejando a otros al margen del proceso. Un claro ejemplo es el de los inuits versus la situación de otras comunidades indígenas. Los inuits fueron los primeros indígenas canadienses que lograron el reconocimiento de sus tierras y el establecimiento de gobiernos autónomos en un proceso que se extendió desde 1982 a 2006. En estos territorios se han hecho esfuerzos por la conservación de la lengua (inuktitut) y se mantienen las actividades de caza y pesca que constituyen prácticas sociales, culturales y económicas tradicionales para la comunidad. Estos últimos años en la zona de los territorios del noroeste se están presentando amenazas con la pesca comercial y presencia de industrias extractivas de minería, pero con el consentimiento de los inuits se han establecido convenios con las empresas tanto de empleo como de impacto ambiental y participación en los beneficios económicos.
Pero ¿qué ocurre con otros grupos respecto a los intereses de explotación de recursos? La respuesta del Estado canadiense la encontramos en casos como los algonquinos, donde varios de sus dirigentes y jefes comunitarios fueron encarcelados por oponerse a prospecciones mineras en tierras que están en reclamación, aún no demarcadas. El tema de las demarcaciones pendientes en ese país es parte de un proceso que se ha extendido exageradamente en el tiempo (más de 20 años). No es de extrañar, ya que según la ley es el consejo de la comunidad el que gobierna, pero sólo tiene potestad en cuestiones sanitarias o educacionales, no territoriales. Sólo si se realizan las demarcaciones que reclaman, los pueblos originarios pasan a ser propietarios legales de esas tierras y, en consecuencia, sólo si las comunidades amerindias autorizan un uso industrial es posible explotar esos recursos.
Denuncias de la ONU respecto a las prácticas del gobierno canadiense son reiterativas en las trabas a la delimitación y demarcación de tierras de los pueblos originarios, en especial de las primeras naciones (pueblos amerindios que habitaban el actual territorio canadiense y sus descendientes, excluyendo a los inuits). Este año, nuevamente Canadá declara estar orgulloso de su política en la materia, pese a que un informe de la ONU denunció que el trato que reciben y las políticas del gobierno son insuficientes en distintos ámbitos, destacando la falta de respuesta frente al abuso de mujeres y niñas indígenas. Así se denunció, tras años de presiones, que casi 1.200 mujeres y niñas indígenas han desaparecido en Canadá en los últimos años, en su inmensa mayoría asesinadas, una cifra tres veces superior a lo calculado inicialmente. Este hecho incitó una llamada de atención al Gobierno para que cree una comisión que investigue las causas, llamada que no tuvo mayor éxito. Ejemplos hay muchos.
En Chile, el problema sí tiene solución y esa solución es progresar en un trato más justo, en la valoración de la cultura indígena en su riqueza y aporte al país, mejorar la educación de la sociedad implicando a su comunidad completa, diseñar políticas de representatividad y autonomía. Se debe entender además que se trata de un proceso dinámico y que con el tiempo, conforme se vayan generando nuevas y mejores plataformas, se demandarán nuevas y mejores condiciones. Y esto no tiene nada de malo. En este sentido, y en respuesta a Fernando Villegas, el tema mapuche no debe terminar nunca como tema. Si en los años 50, 60 y 70 algunos sectores históricamente discriminados lograron abrir espacio a sus derechos, no fue esta victoria condición para que sus demandas se fosilizaran. Se trata, más bien, del comienzo de un procesoen que la sociedad reconoce a diferentes sectores como interlocutores válidos para decidir y proponer, en un contexto dialógico igualitario, hacia dónde y desde dónde avanzar.
