Estamos convencidos de que resulta clave reorientar la política estatal en la provisión, tanto de los servicios de salud como en particular en la provisión de infraestructura hospitalaria en la salud pública. Es decir, redireccionar los esfuerzos en el sistema público hacia hacerse cargo de las necesidades de salud de la población de forma eficiente, más allá de las necesidades de los actores privados de obtener utilidades con un derecho universal.
Lo que hay detrás de la movilización de los trabajadores del Hospital Salvador –quienes llevan más de una semana paralizados– es una lucha que busca detener la concesión del Hospital a un consorcio de capitales mexicanos, españoles y chilenos.
Esta modalidad de construcción está muy cuestionada, tanto en Chile como a nivel internacional, sobre todo por sus implicancias respecto a los costos y por poseer un “modelo de negocio” que tiene como consecuencia inflexibilidades que impiden generar respuestas rápidas a las urgencias sanitarias. A nivel internacional también se cuestiona que esta forma de construir y operar los recintos hospitalarios puede afectar la calidad asistencial.
Frente a este conflicto, el gobierno ha actuado en forma inflexible. Si bien al momento de asumir, el gobierno parte deteniendo la cartera de concesiones heredadas de la administración de Piñera, hoy no está siendo coherente con su propio programa de terminar con tales concesiones, lo cual se refleja en mantener el “negocio” con el mencionado Hospital Salvador. Cabe preguntarse: ¿esta decisión del gobierno implicará que no habrá cuestionamiento al negocio en la salud?
[cita]Estamos convencidos de que resulta clave reorientar la política estatal en la provisión, tanto de los servicios de salud como en particular en la provisión de infraestructura hospitalaria en la salud pública. Es decir, redireccionar los esfuerzos en el sistema público hacia hacerse cargo de las necesidades de salud de la población de forma eficiente, más allá de las necesidades de los actores privados de obtener utilidades con un derecho universal.[/cita]
Lo que la forma de actuar de la actual administración muestra es una línea pro empresarial, en donde el Estado garantiza negocios al privatizar o tercerizar en distintas modalidades los servicios públicos de salud. Esto evidencia lo lejos que se está de concebir la salud como un derecho social.
El modelo de concesiones hospitalarias implica un salto en la participación del sector privado en la provisión de infraestructura y en la operación de los recintos hospitalarios, ya que el rol del concesionario no sólo se remite al diseño y la construcción, sino que éste pasa a tener un rol en la operación normal del hospital y, dependiendo de la duración del contrato, esta participación podrá ser por un periodo de al menos 15 años.
En términos gruesos, el modelo de concesiones funciona como un “crédito” con una alta tasa de interés, dado que el privado realiza un gasto de capital que el Estado luego deberá pagar, en la forma de subsidios en “cómodas cuotas”. En el caso del Hospital Salvador, estamos hablando de cuotas por concepto de construcción de UF 538.800 semestrales (20 semestres) y unas UF 250.000 por la operación (30 semestres).
Como si esto fuera poco, el concesionario recibirá premios por actividades que deberían ser cumplidas por obligación: en el mejor de los casos, estos premios llegarán a unos 17 millones de USD y, en el peor escenario, unos 84 millones de USD.
Por otro lado, el Estado deberá pagar multas en caso de que se supere un 60% de los días cama anuales. Sin embargo, los “genios” atrás de esta licitación no consideraron (¿?) que el hospital funciona en promedio con 96% de ocupación, por lo que si calculamos el total de multas por los días cama que serán utilizados anualmente, llegaremos a unos 2 millones de USD anuales, que deberá pagar como un “extra” el Estado al concesionario (por 15 años).
Hay otros subsidios –relacionados con el mobiliario y el equipamiento clínico– que también implicarán un gasto, que además de cubrir la inversión del privado, supondrá altos niveles de utilidades a recibir.
Esto nos muestra que la concesión del Salvador resultará onerosa para el Estado, lo cual nos lleva a un dilema de tipo ético: cuando el Estado gasta recursos destinados al cuidado sanitario en lucro privado, quiere decir que esos recursos no se podrán utilizar para satisfacer las necesidades de salud de la población y, en vez de eso, estamos generando un nicho de acumulación de capital para las empresas privadas, las cuales no entregarán un valor equivalente por el dinero gastado en ellas.
Durante la campaña electoral de 2013, el actual gobierno dijo que detendría las concesiones en los hospitales, política que por cierto no ha contado con ningún tipo de evaluación. Una vez que asume el gobierno de Michelle Bachelet, se retiran de la cartera de concesiones al menos seis hospitales, pero permanecen dos: el Salvador y el Félix Bulnes. Las razones por las cuales son mantenidos estos recintos tienen relación con lo avanzado del proceso en que se encontraban. De esta forma se relativizan sus propios compromisos o, dicho de otra forma, el gobierno actúa de manera poco coherente frente a su programa de gobierno, amparándose en argumentos tales como que se debe mantener la “institucionalidad” y el clima favorable a la “inversión extranjera”.
Creemos que estos argumentos no son lo suficientemente fuertes para justificar el daño que implicará la concesión del Salvador y, por lo demás, la misma “institucionalidad” contempla al menos dos mecanismos para ponerle término al contrato de la concesión, lo que implica llegar a un mutuo acuerdo con el concesionario o declarar que hay un interés público para que el hospital no sea construido mediante el modelo de concesiones.
Sin embargo, la posición del gobierno en esta materia puede implicar algo bastante más complejo y es la forma en la cual actuará frente a la excesiva mercantilización de la salud, donde incluso el sector público ha internalizado las lógicas del mercado –como la competencia en vez de la colaboración–, además del uso de lógicas de mercado en la provisión de servicios sanitarios.
Estamos convencidos de que resulta clave reorientar la política estatal en la provisión, tanto de los servicios de salud como en particular en la provisión de infraestructura hospitalaria en la salud pública. Es decir, redireccionar los esfuerzos en el sistema público hacia hacerse cargo de las necesidades de salud de la población de forma eficiente, más allá de las necesidades de los actores privados de obtener utilidades con un derecho universal.
Asimismo, cuando la “institucionalidad” y el clima de inversiones es opuesto a la democracia y la participación (elecciones y movilización), lo que termina garantizándose son los intereses empresariales por sobre la ciudadanía. Esto es un paso en la dirección equivocada, dado que implica menos democracia, menos derechos sociales y más regulaciones y garantías a los privados. Pareciera que el espíritu de la negociación tributaria está presente en este conflicto, algo así como el noventero discurso de “que no se vayan a enojar los empresarios”, en este caso, de la salud.
