Un acuerdo no es lo mismo que un consenso. El consenso del que hablan Zaldívar, Velasco y la derecha, es la neutralización de cualquier proceso de cambios que altere el statu quo y haga peligrar el modelo vigente. Un acuerdo supone que hay diferencias, pero que, a través del diálogo y el debate, se van procesando hasta alcanzar un resultado compartido.
Cuando un sistema es democrático se establecen mecanismos de diálogo para resolver diferencias y procesar los distintos intereses que existen en la sociedad. Tradicionalmente, los encargados de viabilizar ese proceso de diálogo son los partidos y movimientos políticos, aquellos instrumentos que tienen la capacidad de canalizar las variopintas sensibilidades ciudadanas y representarlas en las instancias de poder formal. Sumado a eso, la participación y voluntad ciudadana se expresan directamente a través de diferentes mecanismos, como consultas y plebiscitos. Sin embargo, hace muchos años que esto no está funcionando correctamente, generando un abismo cada vez más grande entre la gente de a pie y los lugares donde se toman las decisiones.
Una de las cosas que cambiaron en Chile, luego del ciclo de movilizaciones iniciado a mediados de la década pasada –en el mundo estudiantil, de la diversidad sexual o de los trabajadores subcontratados, por dar sólo algunos ejemplos–, es que el horizonte de lo posible se expandió luego de muchos años de estancamiento. Ante la debilidad de los referentes políticos para expresar los intereses de la mayoría, es la propia ciudadanía la que ha decidido tomar la iniciativa.
Hoy nos encontramos ante una encrucijada histórica de difícil resolución. En la última elección presidencial, más del 70% de los votantes eligieron candidatos que planteaban cambios profundos en la educación, salud, trabajo, y también una nueva Constitución. La candidata ganadora, la actual Presidenta Bachelet, propuso un programa que recoge gran parte de las demandas instaladas por la ciudadanía en los últimos años, y se ha puesto como fin darle viabilidad política a un conjunto de transformaciones estructurales. Sin embargo, y a pesar de la dura derrota, la derecha aún posee enormes cuotas de poder que desde el primer minuto han sido puestas en movimiento para frustrar el proceso en curso.
[cita]Un acuerdo no es lo mismo que un consenso. El consenso del que hablan Zaldívar, Velasco y la derecha, es la neutralización de cualquier proceso de cambios que altere el statu quo y haga peligrar el modelo vigente. Un acuerdo supone que hay diferencias, pero que, a través del diálogo y el debate, se van procesando hasta alcanzar un resultado compartido.[/cita]
La oposición, a través de una inteligente operación mediática, haciendo uso de encuestas que nadie sabe de dónde salen, busca permanentemente ir construyendo aquella entelequia llamada “opinión pública”. En el caso de las dos primeras grandes reformas que ha presentado el gobierno, fuimos testigos de cómo de un día para otro estas dejaron de tener apoyo popular y hoy serían supuestamente rechazadas. En diciembre de 2013 votaron masivamente por cambios profundos, sin embargo, hoy ya no los quieren por miedo a perder su “libertad de elegir”. Algo no cuadra.
Recientemente han organizado y promovido una marcha de apoderados contra la reforma educacional. Si uno suma la convocatoria total entre las distintas ciudades donde esto se desarrolló, no superan las 6 mil o 7 mil personas. En los últimos años, hemos visto manifestaciones de hasta medio millón de personas a lo largo del territorio nacional, una tras otra, año tras año, demandando un país más justo al son de una sola consigna: “No más lucro”. ¿Por qué diablos las encuestas no son capaces de medir ese fenómeno? ¿O es que estamos ante una ilusión óptica?
De manera antiética, la derecha comienza también a levantar una campaña del terror, combinando discursos apocalípticos con carísimas gigantografías, titulares tendenciosos y videos con música siniestra. En paralelo, los movimientos y partidos de izquierda somos sistemáticamente acusados de “dogmáticos”, “ideologizados” e “intransigentes” por los medios de comunicación que manejan el poder económico y la derecha política. Se nos acusa además de negarnos al diálogo, de no querer llegar a acuerdos con nadie y de querer imponer hasta el final nuestros puntos de vista. Lo más paradójico de todo esto, es que quienes nos acusan de este comportamiento, son los mismos que a través de una dictadura militar de 17 años, que exterminó, torturó y persiguió a miles de chilenos, impusieron un modelo político y económico sin preguntarle a nadie y asesinando a los que osaban oponerse a alguna de sus medidas, instaurando el terror como norma cotidiana. Ellos son los que hoy, sin ni siquiera arrugarse un poco, nos acusan de “dogmáticos”.
Durante mucho tiempo han planteado que el horizonte deseable para el país, es alcanzar grandes consensos. La derecha y la vieja Concertación son sus principales impulsores. Ellos insisten en defender la educación como un bien de consumo, creen que es razonable que un empresario reemplace a los trabajadores que inician una huelga, se niegan a reconocer el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, siguen planteando que las AFP son el mejor sistema para pagar pensiones (a pesar de que estas no alcanzan para vivir), entre otras materias que, sumadas, ayudan a reproducir la desigualdad de base en Chile. Sin embargo, parecieran no reconocer que las condiciones históricas que posibilitaron la “democracia de los consensos”, el tutelaje militar, la fragilidad institucional y la nula movilización social, hoy ya no existen.
Los sectores conservadores, varios de los cuales militan dentro de la Nueva Mayoría, observan con preocupación cómo el orden neoliberal vigente durante décadas comienza a ser cuestionado por enormes cantidades de personas. Ante el peligro de perder sus privilegios, su ADN antidemocrático los lleva a utilizar todos los medios: encuestas truchas, campañas del terror, acuerdos secretos, requerimientos al tribunal constitucional, interpelaciones parlamentarias, etc.
Es en este contexto donde debe empezar a producirse un entendimiento cada vez mayor entre quienes compartimos causas comunes. Una de las cosas que nos une, es que buscamos generar acuerdos amplios y contundentes en un conjunto de materias esenciales para desterrar la desigualdad y construir un país más justo. Pero, ojo, un acuerdo no es lo mismo que un consenso. El consenso del que hablan Zaldívar, Velasco y la derecha, es la neutralización de cualquier proceso de cambios que altere el statu quo y haga peligrar el modelo vigente. Un acuerdo supone que hay diferencias, pero que, a través del diálogo y el debate, se van procesando hasta alcanzar un resultado compartido.
Pero ese acuerdo no es sólo entre los partidos políticos, no se limita al ámbito de los diputados y senadores. Es mucho más amplio que eso. Es un acuerdo entre ciudadanos, entre trabajadores, entre estudiantes, entre dueñas de casa, entre niños, entre adultos y entre ancianos. Es el nacimiento de un nuevo pacto de convivencia, uno que pueda desmontar esta insoportable forma de vivir que se nos ha impuesto. Esa donde para llegar a fin de mes hay que endeudarse, esa donde no es posible asegurar ser bien atendido ante una enfermedad, esa donde no es posible aspirar a un mejor salario por miedo a perder el trabajo, esa donde se paga caro al nacer y se paga caro al morir. Este nuevo pacto de convivencia, deberá construirse de cara el país y no de espaldas a las ciudadanas y los ciudadanos. Por todo lo anterior es que resulta tan urgente y necesario convocar a una asamblea constituyente. Es hora de que Chile decida.
