El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas sostuvo una reunión con el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, abriendo una vieja fisura. Esta grieta que los recorre de arriba abajo, como una pared terremoteada, deja a 16 entidades -las universidades estatales- enfrentadas a las 9 restantes -las universidades privadas de orientación pública-.
Conozco de primera mano ambas organizaciones, ya que estudié mi licenciatura en la Universidad de Concepción -una privada con fines públicos- y un magíster en la Universidad de Chile -la niña símbolo de las estatales-.
La división de los rectores, podría pensarse que es por dinero, por cómo se distribuyen los recursos estatales entre estas 25 entidades; pero no. La batalla que están dando las universidades estatales, y que al parecer podrían ganar, va mucho más allá de una simple repartición de un presupuesto, su lucha es para recuperar un derecho incuestionable, una categoría que las diferencie de las otras 9 entidades. Eso implica que el Estado reconozca que debe financiar en un 100% sus universidades, tal cual como financia cualquier otra repartición estatal”.
Cuando se habla de financiamiento de la educación superior, se incluyen muchos factores. Me enfocaré en los referentes a los aportes fiscales directos, que están destinados a mantener funcionando una organización: pago de sueldos de académicos; mantención de los espacios físicos; y dinero para reparar, restaurar o construir inmuebles. Dineros administrativos, básicamente.
Cuando estudié en la Universidad de Concepción, había al menos 10 libros de cada título en la biblioteca central; en la Universidad de Chile, había una o dos ejemplares fotocopiados. Mientras en la UdeC tenía el placer de caminar unas 10 cuadras antes de llegar a la facultad de Ciencias Sociales -mirando el césped perfectamente regado, cortado y mantenido, los árboles, podados, frondosos y resplandecientes- en la Chile tenía suerte si había algo de pasto por ahí o un arbusto.
Aunque anecdóticas las dos situaciones, son el reflejo de la enorme cantidad de necesidades de las estatales, que su dueño, el Estado de Chile, no suple. Así de grandes son las diferencias.
Meter en el mismo saco a universidades estatales, que deberían recibir el 100% de su presupuesto del Estado (ahora reciben cerca del 10%), con universidades públicas, la mayoría de ellas católicas dogmáticas (6 de las 9), es un grave error.
Si hay instituciones, como la Universidad Católica o la Universidad de Concepción, que realizan grandes aportes a la ciencia y el desarrollo del país, deben recibir aportes del Estado, pero no pueden aspirar a ser tratadas por éste en igualdad de condiciones que las estatales, porque no son iguales.
Es más, haría un tercer grupo: el de las universidades religiosas o confesionales, que en el Cruch son 6, y que tienen fines específicos, que apuntan al adoctrinamiento en un credo, con un sesgo valórico y moral determinado, que no son los valores laicos e inclusivos que debe promover el Estado. Esas universidades deberían ser financiadas por el Estado Vaticano, que es a quien responden. No olvidemos que el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile es nombrado por el Papa.
Estas 6 universidades deberían recibir dinero del Estado en casos puntuales: por resultados de investigación, por becas y créditos a sus alumnos, pero de manera acotada, ya que los principales incentivos deben estar en las 16 estatales.
Este gobierno tiene en sus manos la posibilidad de devolver la dignidad a las universidades de propiedad estatal, para que se reimpulse con fuerza en nuestra sociedad el valor de la educación pública en todos sus niveles.
Es de esperar que el avance de la reforma educacional tenga la impronta pública correcta, laica, estatal, inclusiva y gratuita, que la gran mayoría del país viene demandando hace años.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
