Sería al menos sensato aprovechar la tramitación de la reforma tributaria para discutir sobre esta cuestión con espíritu descentralizador, más aún considerando que se trata de un tema donde existe cierto grado de acuerdo político.
Mientras se discute una de las reformas tributarias más significativas de los últimos años, la comisión de descentralización ya ha entregado los primeros pre-acuerdos en materia fiscal. Si a esto le sumamos las ideas propuestas por la bancada regionalista respecto a una ley de rentas regionales y los compromisos del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto para el sector público del año 2015, podremos aventurarnos en concluir que las finanzas han copado gran parte de la agenda nacional.
En este escenario, se ha comenzado a discutir con cada vez mayor fuerza respecto a las patentes comerciales que se pagan semestralmente a los municipios.
Pese a la controversia que se viene sosteniendo en este tema desde principios de año, según el ministro Arenas el momento de las reformas en materia de descentralización fiscal será luego que la comisión presidencial evacúe sus propuestas. Independiente de la labor de dicha comisión, sería al menos sensato aprovechar la tramitación de la reforma tributaria para discutir sobre esta cuestión con espíritu descentralizador, más aún considerando que se trata de un tema donde existe cierto grado de acuerdo político.
Tratando de no caer en reduccionismos irresponsables, podríamos entender que el gran problema de las patentes comerciales se centra en dos cuestiones principales. Por un lado, el absurdo de que sucursales de grandes empresas paguen menos patente en comparación con pequeños emprendimientos. Por otro lado, hoy en día el sistema fomenta que lo recaudado se concentre en la capital (independiente de que gran parte vaya a un Fondo de Convergencia Municipal).
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se pagan montos irrisorios y por qué los recursos se concentran en pocas comunas de la capital?
El decreto ley número 3.063, que regula estas patentes, dispone que se gravará el capital propio con un porcentaje determinado, estableciendo un mínimo de pago de 1 UTM y un máximo de 8 mil UTM. Por otro lado, las empresas que tengan varios locales soportarán un único pago de patentes, el que será dividido de acuerdo a distintos criterios (como número de trabajadores y capital propio) en los diferentes establecimientos. Finalmente, a fin de no aplicar un doble tributo a un mismo patrimonio, el decreto dispone que las empresas pueden restar de su capital propio lo invertido en otros negocios que también deban pagar patentes comerciales.
¿Por qué entonces grandes empresas pagan montos irrisorios por concepto de patentes comerciales? Sencillamente porque, con esta cuestionada regulación, muchas compañías quedaban en la práctica con utilidades negativas luego de restar lo invertido en otros negocios, pagando por conceptos de patentes el mínimo de 1 UTM, la que aparte debía ser prorrateada entre los numerosos locales que disponían.
¿Y por qué los dineros difícilmente llegaban a regiones? Pues porque el decreto dispone que la declaración del capital propio se presenta sólo en la casa matriz de la empresa que paga la patente, la que suele encontrarse en Santiago. En definitiva, el dinero que efectivamente llegaba por parte de las grandes empresas a las regiones era insignificante, pues la mayoría pagaba el impuesto mediante las empresas en las que tenían inversiones, las que también suelen encontrarse en la capital.
Frente a esta problemática, se ha planteado como solución el aumento significativo del máximo a pagar (se plantea pasar de 8 mil UTM a 20 mil UTM). Fuera de significar un considerable aumento de impuesto, creemos que esta solución por si sola sería otro absurdo más, pues, como hemos sostenido, el principal problema no está en quienes pagan el máximo, sino más bien en quienes pagan el mínimo. En otras palabras, no debemos apuntar a quienes pagan un total de 300 millones de pesos por patentes comerciales, sino más bien a quienes pagan 40 mil pesos entre todos sus locales.
Por este motivo, una eventual solución a la problemática sería derechamente cambiar la base imponible actual, el capital propio, por una nueva: el volumen de ventas. De esta forma, y sin tocar el máximo establecido en el decreto, cada empresa pagaría su patente comercial en relación al volumen de ventas que tenga su negocio en cada local, lo que terminaría con el absurdo de una farmacia pagando menos que un puesto de sopaipillas. Por otro lado, con esta solución se pagaría la patente de acuerdo al lugar donde se generó la venta, permitiendo que lo recaudado llegue efectivamente a las arcas locales.
En definitiva, no debemos desaprovechar estos tiempos para discutir sobre estas verdaderas oportunidades para el desarrollo local, sobre todo para quienes creemos que el costo de la descentralización no se lo deben llevar los privados mediante aumentos de impuestos que puedan significar un riesgo para la inversión regional.
