Pareciera de sentido común que no da lo mismo quién ocupe el gobierno en una democracia. Los partidos políticos y los grupos organizados de la sociedad civil compiten entre sí para poder dirigir y/o influir al Estado, y así elaborar políticas públicas que les permita satisfacer sus intereses en cuanto grupos organizados. Comprender estos principios es fundamental para asegurar la estabilidad política de un gobierno, ya que este debe ser coherente a la hora de gobernar. Aquellos grupos que fueron derrotados en el proceso eleccionario por el control del Ejecutivo intentarán siempre corregir su gestión para acercarla a su propia visión de cómo debe funcionar el Estado, por lo que el conflicto entre los grupos organizados es un fenómeno normal y deseable en una democracia.
Sin embargo, un gobierno que plantea la necesidad de crear reformas estructurales no puede funcionar de la misma manera que un Estado que no plantea grandes transformaciones. Al modificar el statu quo, un gobierno se hace enemigo de un conjunto de actores que ven afectados sus intereses, lo que es natural en un modelo de democracia liberal representativa como la nuestra. Por dicha razón, debe usar todo su poder para lograr que sus objetivos se cumplan, ya que sus enemigos políticos actuarán de todas las maneras posibles para que los cambios no ocurran. Quien busca el cambio del estado de las cosas debe usar su poder para lograrlo. La necesidad de procesos de reforma estructural en ámbitos como la tributación, la educación y un cambio de constitución ha hecho que los partidos políticos pertenecientes a la ex Concertación ahora funcionen como una Nueva Mayoría, siendo su piedra angular el programa de gobierno que selló el pacto electoral y permitió la llegada de esta Nueva Mayoría al gobierno. El programa de la Nueva Mayoría funciona como un piso para las reformas sobre el que se cimentarán los cambios requeridos no sólo desde el gobierno, sino también desde la sociedad civil y los movimientos sociales.
Sin embargo, es preocupante la respuesta del gobierno a una negación lógica por parte de la oposición a su programa de gobierno. El tan temido regreso de la política de los acuerdos sobre cómo se ha abordado la reforma tributaria sacó ronchas en el PC y fue considerado como alto positivo y parte de una democracia sana desde la DC y la oposición. La Nueva Mayoría debe comprender que el Estado no es un actor neutro: quien ocupa el gobierno busca satisfacer los intereses de una cantidad de actores y dejar insatisfechas las demandas de otros. Comprender que el Estado no es neutro significa a su vez la negación de la democracia de los acuerdos, ya que ésta hace daño a la democracia como forma de gobierno (y a la Nueva Mayoría) y la aleja de las promesas que hizo a la ciudadanía. A la vez genera suspicacias desde la sociedad civil y legitima la antipatía de los ciudadanos a los partidos políticos y a la política como actividad. Si la reforma tributaria se cerró con un acuerdo amplio innecesario, nada asegura a la ciudadanía que la Nueva Mayoría no haga lo mismo con la reforma educacional y la nueva constitución.
La Nueva Mayoría puede poner en riesgo todo un proyecto si no comprende que su rol como gobierno no es neutro. El futuro de las reformas se basa en comprender que las mayorías son para usarlas, y que en el proceso hay ganadores y perdedores. Llevar a cabo las reformas tal como se plantean en el programa de gobierno no sólo es necesario para un país más justo, sino que necesario para cumplir con lo prometido a la ciudadanía, la que hizo un gesto de confianza al votar por un proyecto y no optar por otro. La reforma a la educación y la creación de una nueva constitución por medio de una asamblea constituyente son el corazón del programa de gobierno, donde su cumplimiento parcial pone en riesgo tanto la existencia de la Nueva Mayoría como el éxito del gobierno. Debemos ser honestos a la hora de hacer política: es imposible dejar a todos los actores conformes con una reforma estructural, sobre todo si afecta sus intereses. Las mayorías son para usarlas y no para amenazar sobre su uso. Al plantear reformas estructurales, un gobierno se define como un actor no neutral a la hora de satisfacer los intereses de un grupo sobre los de otros, y si actúa de forma neutral, llamando a amplios acuerdos, se vuelve incoherente e impotente. El poder es para usarlo y se debe usar para cumplir lo prometido. La desconfianza es una enfermedad que socaba a la democracia y nace de la palabra incumplida. No comprender que el Estado no es neutro implica que la Nueva Mayoría está comenzando a cavar su propia tumba y sin saberlo.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
