Opinión
Que algo se distribuya “bajo la lógica de mercado” quiere decir algo bien simple, bastante cercano a la experiencia de todo lector: significa que cada uno puede comprar lo que quiera (y pueda), y entonces cada uno recibe ni más ni menos que aquello por lo que quiera y pueda pagar. Si algo se distribuye conforme a una lógica de mercado, es ridículo pretender que todos recibirán algo de la misma calidad.
¿Cuál es el desacuerdo entre el diputado Kast y yo?
Kast dice que mi afirmación de que la educación es hoy en Chile una mercancía que se distribuye conforme a las reglas del mercado es incorrecta, que “en Chile el sistema de educación dista mucho de funcionar bajo la lógica del mercado”. Lo primero que debe ser notado es lo que esto significa: que la derecha ya no puede defender el mercado en la educación. Hasta hace algunos años habrían dicho que, por supuesto, la educación era un mercado, y que eso era importante porque el mercado era la garantía de la eficiencia, la libertad, etc. Ya no dicen esto. En vez de eso, nos quieren convencer de algo que raya en el absurdo: que el sistema educacional diseñado por los economistas de Chicago no es en realidad un mercado.
¿Es esto un rechazo genuino del mercado en educación o es una impostura, una forma de defender el mercado sin tener el coraje de decir que se está defendiendo el mercado? Para eso tenemos que atender a las razones por las que el diputado dice que en educación no hay mercado.
Según el diputado, el sistema educacional chileno no es un mercado, porque (a) conforme al artículo 19 N° 10 de la Constitución la educación es un derecho, y (b) hay educación disponible para el que no puede pagar. El problema es que la educación a la que todos tienen derecho, esa educación que es enteramente gratuita, es “de mala calidad”. Por consiguiente, dice el diputado, el problema actual no es cambiar el régimen de provisión de la educación (como lo intenta hacer el proyecto del gobierno) sino mejorar la calidad de esa educación que se ofrece gratuitamente.
Si al diputado realmente le interesara la corrección de sus argumentos, éste podría ser un punto de partida promisorio. En efecto, dejando a un lado sus absurdas imputaciones originales sobre “nivelación hacia abajo” podríamos ahora concentrarnos en discutir sobre si la educación está o no organizada en Chile como un mercado. Y para eso bastaría aclarar qué quiere decir que algo opere “bajo la lógica del mercado”. Yo creo que el diputado no está interesado en la corrección de sus argumentos, sino en salirse manipulativamente con la suya. Pero asumamos en lo que sigue que estoy equivocado, que al diputado realmente le importa si hay o no mercado en la educación.
Que algo se distribuya “bajo la lógica de mercado” quiere decir algo bien simple, bastante cercano a la experiencia de todo lector: significa que cada uno puede comprar lo que quiera (y pueda), y entonces cada uno recibe ni más ni menos que aquello por lo que quiera y pueda pagar.
[cita] El argumento de que la reforma debe subir el piso mínimo de calidad es una manera de ocultar que se está abogando por no cambiar las reglas de mercado que se aplican sobre ese mínimo, con la consecuencia de que las oportunidades de cada uno seguirán estando atadas a la familia donde cada uno tuvo o no la suerte de nacer. Afortunadamente, decir esto es hoy inaceptable, y por eso el argumento debe esconderlo. [/cita]
La idea anterior no parece ser especialmente difícil de entender. De ella se sigue, por ejemplo, que no funcionan “bajo la lógica del mercado” la distribución de los órganos humanos para trasplantes. Yo creo que esta es una de las pocas cosas que no están comodificadas, de modo que quizás sea útil decir un par de cosas acerca de qué quiere decir que los órganos humanos para trasplantes no estén sujetos a la lógica del mercado. Quiere decir algo que va muchísimo más allá de disponer de algunos órganos para quienes no pueden pagar. Quiere decir que nadie puede cobrar por un órgano humano (no pueden venderse), que el donante no puede decidir quién ha de recibirlos (salvo cuando es entre familiares), que la decisión de qué órgano ha de recibir alguien que quiere uno no depende de lo que él pueda dar a cambio, sino de su necesidad y prioridad, etc. Es decir, que se distribuyen de acuerdo a criterios de necesidad, sin selección por el oferente, de modo “gratuito” y sin fines de lucro.
El paso siguiente es tan obvio como el primero: si algo se distribuye conforme a una lógica de mercado, es ridículo pretender que todos recibirán algo de la misma calidad. La lógica del mercado implica que cada uno obtendrá la calidad por la que puede y quiere pagar, ni más ni menos. Cuando la publicidad de un camión chino dice que éste ofrece “la mejor relación precio calidad”, precisamente no está diciendo que el camión es de buena calidad, sino solo que es tan bueno como puede serlo dado su precio. No creo que nadie pueda negar esto. Pero entonces es forzoso concluir que organizar la provisión y distribución de algo conforme a “la lógica del mercado” es lo mismo que declarar que nos parece correcto que cada uno reciba la calidad por la que paga, ni más ni menos. Hasta donde yo sé, nadie hoy se queja del hecho de que el que puede pagar mucho por un automóvil recibe un automóvil de buena calidad, y el que pueda pagar poco reciba uno de mala calidad. Del mismo modo, nadie defiende hoy que el sistema de distribución de órganos humanos para trasplantes debería permitir la compra y venta de órganos, porque hacer del mercado el criterio de distribución de órganos para trasplantes nos parece inaceptable. Esto muestra que no consideramos que todas nuestras necesidades sean iguales: para algunas de ellas, el mercado es razonable. Para otras, no. El hecho de que el mercado sea un criterio razonable de distribución de automóviles no implica que deba serlo también de órganos humanos… o de la educación. Por eso lo que hoy está en discusión no es el mercado, sino el extremismo neoliberal que hizo del mercado el criterio de distribución de prácticamente todo.
(En El Mercurio del 23 de agosto se reporta que el coordinador de la reforma educacional hizo una analogía similar, diciendo que así como “el auto que yo puedo comprar depende de mi ingreso”, lo mismo ocurre con los establecimientos elegidos por los padres. El Mercurio continúa reportando la absurda reacción de algún apoderado –reiterada en una carta en La Tercera, publicada el 25 de agosto por un ex candidato presidencial–, que dijo, aparentemente indignado, que al hacer esa comparación Andrés Palma y el Gobierno “nos insultan al querer comparar la compra de un auto con la educación de nuestros hijos”. ¡Como si fuera Andrés Palma el que está diciendo que son cosas comparables, cuando lo que está diciendo es que el sistema chileno es inaceptable precisamente porque organiza “el mercado de la educación” del mismo modo que el mercado de automóviles! Si ese apoderado se siente insultado, debería sentirse insultado precisamente por las reglas que el gobierno pretende abolir).
En un vuelco que si fuera genuino sería extraordinariamente importante, la derecha que el diputado representa dice ahora que el mercado no es adecuado para la educación. Pero a continuación añade que la educación en Chile no funciona conforme a lógica del mercado. Ello porque incluso quien no puede comprar educación en el mercado recibe algo. ¿Es correcto decir esto?
La respuesta es negativa. Es verdad que la disponibilidad de educación para quienes no pueden comprarla limita la brutalidad de la lógica del mercado, conforme a la cual el que no puede comprar nada simplemente no recibe nada. Pero al limitarla la presupone y fortalece: la ley asegura a todos un mínimo, y todo lo que exceda ese mínimo se distribuye conforme a la lógica del mercado, a la relación precio/calidad que define dicha lógica. El mismo sistema que da a los pobres educación gratuita justifica mejor educación para quien puede pagar por ella. Y la conclusión es tan obvia como los puntos anteriores: al garantizar una educación de mínima calidad, con la pretensión de que sobre esa cada uno irá al mercado y comprará lo que quiera y pueda, la ley está declarando que no es importante que todos reciban una educación que abra iguales oportunidades, que no es un problema que cada uno acceda a la educación que sus padres pueden comprar, si es que pueden comprar algo.
La pregunta central alrededor de la cual giran las posiciones en torno a la reforma educacional es: ¿es esto aceptable? ¿Es razonable y justo un sistema educacional que garantiza a todos un mínimo y sobre ese mínimo permite y así fomenta que cada estudiante reciba la educación que sus padres pueden comprar en el mercado? Esta es la pregunta que debe ser respondida, esta es la pregunta que la derecha sistemáticamente ignora o elude. En una fenomenal inversión de las cosas, el diputado alega que si se eliminara el copago, la selección y la provisión con fines de lucro, la educación de calidad “seguirá siendo un derecho exclusivo para quienes dispongan de los recursos necesarios para pagarla”, y que eso se evita si la calidad de la educación para pobres mejora. Es precisamente al revés: si los establecimientos no pueden seleccionar ni cobrar, y si la educación no se provee con fines de lucro, todos tendrán la misma opción de asistir a cualquier establecimiento; si el sistema sigue organizado como está ahora, la mejora en la calidad de la educación para pobres podrá subir más o menos la calidad mínima, pero mantendrá la distribución de mercado para todo el que pueda pagar.
(A menos, desde luego, que el diputado esté reclamando porque la reforma elimina el financiamiento compartido de la educación particular subvencionada pero permite comprar educación tratándose de establecimientos particulares pagados. Si esto es así, la solución que corresponde es ampliar la exclusión del copago a toda forma de pago privado, de modo que todos reciban la educación que podemos financiar colectivamente, a través de impuestos. Esto es, por supuesto, la solución correcta, la que se toma en serio tanto la preocupación por la libertad de enseñanza como por la igual ciudadanía de todos. En ese caso sería bueno entonces que el diputado se uniera a una campaña para que la reforma llegue hasta allá y no hiciera la concesión que, probablemente por razones estratégicas, ha debido hacer. Algo me dice, sin embargo, que el diputado no cree tan en serio en la igual ciudadanía de ricos y pobres).
Ocultar esta cuestión es la función que desempeña en la oposición de la derecha el discurso sobre “la calidad”: el argumento de que la reforma debe subir el piso mínimo de calidad es una manera de ocultar que se está abogando por no cambiar las reglas de mercado que se aplican sobre ese mínimo, con la consecuencia de que las oportunidades de cada uno seguirán estando atadas a la familia donde cada uno tuvo o no la suerte de nacer. Afortunadamente, decir esto es hoy inaceptable, y por eso el argumento debe esconderlo. Pero en la discusión pública se espera que cada uno defienda las posturas que asume. Si el diputado defiende un sistema de provisión mínima para pobres y de mercado por sobre eso, que asuma las consecuencias de lo que defiende.
