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Instituto Nacional: el nuevo rector no soluciona nada

por 2 septiembre, 2014

Es por eso que hoy nadie esperaba a Fernando Soto como nuevo rector del establecimiento. Si bien en su infancia –hace más de 4 décadas– estudió en el colegio (siendo hijo de un vicerrector y viviendo en el edificio durante algunos años), en el último tiempo había trabajado junto al grupo Luksic en la Minera Los Pelambres y a los Hermanos Parisi en el controversial Grupo Educacional Las Américas (cuestionado por irregularidades administrativas, laborales y financieras). Aquí no se cumplió una de las condiciones mínimas que se posicionaba hace años para la elección del perfil de un futuro nuevo rector: que perteneciese a la comunidad educativa.
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La I. Municipalidad de Santiago ha hecho pública la noticia acerca de que el Sr. Fernando Soto ha ganado el concurso público para el cargo de Rector del Instituto Nacional, cargo que era ocupado hace más de un año –período en el que se realizó un claustro institucional– con un rector interino y que había sido designado a dedo por la alcaldesa.

Este anuncio se realiza en medio de las masivas manifestaciones en contra del Ranking de Notas que lapida al Instituto Nacional (y que ya estaba produciendo un éxodo masivo de alumnos) y que cada vez estaba tomando un matiz más radical, tanto en cuanto a demandas como a formas de movilización, y que desde ya desbordaban los márgenes que rectoría ponía a la movilización, puesto que tocaba los pilares del modelo de educación, tales como la meritocracia, la selección académica, la competencia, etc.

Pero esta crisis del Instituto Nacional se arrastra desde mucho antes. No es casual que la comunidad se haya movilizado para expulsar al rector de turno en los años 2008 y 2012, haciendo que sea el cuarto rector en 6 años. Es por eso que la comunidad movilizada solicitó con fuerza el año pasado un claustro institucional en donde se discutieran las bases del proyecto educativo institutano, donde se evaluara si el “primer foco de luz de la Nación” efectivamente estaba educando según las necesidades de las chilenas y chilenos o si, por el contrario, se estaba transformando paulatinamente en un preuniversitario de 7 años de duración. Sin embargo, tras la designación como vicerrector de un ex asesor de José Miguel Insulza en la OEA, el claustro se quedó sólo en consignas al más puro estilo de la reforma educacional: fue vaciado de contenido mientras era publicitado con anuncios rimbombantes y únicamente se llegó a resoluciones en temas menores, como electivos artísticos, inclusión de nuevos idiomas, el nombre del establecimiento, etc.… Resoluciones que, por lo demás, en su mayoría aún no son implementadas.

Es por eso que hoy nadie esperaba a Fernando Soto como nuevo rector del establecimiento. Si bien en su infancia –hace más de 4 décadas– estudió en el colegio (siendo hijo de un vicerrector y viviendo en el edificio durante algunos años), en el último tiempo había trabajado junto al grupo Luksic en la Minera Los Pelambres y a los Hermanos Parisi en el controversial Grupo Educacional Las Américas (cuestionado por irregularidades administrativas, laborales y financieras). Aquí no se cumplió una de las condiciones mínimas que se posicionaba hace años para la elección del perfil de un futuro nuevo rector: que perteneciese a la comunidad educativa.

Esto con el fin de que conociera la idiosincrasia institutana por dentro y no perdiese meses de gestión administrativa en “aclimatarse”, como ya había sido el caso de Jorge Toro y Fernando Pérez.

Otra condición mínima que no fue cumplida por la Municipalidad de Santiago es que la elección del rector fuese hecha mediante votación universal, previa discusión entre los aspirantes al cargo. Ni siquiera se tomó en cuenta lo que los sectores más moderados de los estudiantes pedían: que se discutiese el perfil del futuro nuevo rector entre todos(as) los(as) integrantes de la comunidad escolar. Para su elección fueron utilizados únicamente criterios técnicos como estudios previos o currículum laboral, que no aseguran su desenvolvimiento en una comunidad cada vez más dividida y atravesada por debates transversales al sistema educativo nacional.

En la misma línea, los objetivos puestos por la Municipalidad de Santiago para el nuevo rector pecan también de ser tecnicistas y meritocráticos, además de ser medidos por indicadores de desempeño cuantitativos que no incorporan las reales necesidades y sueños de los miembros de la comunidad. Algunos de estos objetivos son mejorar los resultados Simce (prueba altamente cuestionada desde el movimiento estudiantil por su carácter estandarizado), aumentar la matrícula del establecimiento (en un colegio de 45 alumnos por curso y con doble jornada) y mantener la asistencia por sobre el 85% (en un colegio donde durante casi una década ha habido tomas por más de una semana). Nuevamente, los objetivos son puestos en función de un sistema de educación neoliberal y al margen de toda discusión que atraviese a la Comunidad Institutana, al Movimiento Estudiantil y a la sociedad chilena en su conjunto.

Es por eso que algunas voces ya comentan que los enroques administrativos ocurridos en los colegios de la Municipalidad de Santiago (donde Olga San Juan, ex subdirectora del Liceo 1, y Enilde Gil, ex inspectora general del Instituto Nacional y alejada del establecimiento tras la movilización estudiantil que expulsó a Jorge Toro, son designadas como directoras de dos establecimientos de la comuna) no son casuales, sino que son un espaldarazo a los pilares del modelo educativo actual en momentos de intenso debate educacional.

Sin embargo, a pesar de aquello, no se debe caer en el simplismo de echar a otro rector, como ya han manifestado algunos a través de las redes sociales. La experiencia de los últimos tres rectores ha demostrado que el problema no es quien esté a la cabeza sino que son las bases del proyecto educativo. Es urgente rediscutir el qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña. Finalmente, este nuevo proyecto educativo de carácter democrático, horizontal, comunitario y al servicio del pueblo chileno, debe sentar las bases del Instituto Nacional en su tercer siglo de existencia, así como las de un nuevo Servicio Nacional de Educación Pública que Chile exige, merece y necesita.

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