Esta debe ser la tarea de todos los actores educativos: formar buenas personas, contribuir a la democracia que anhelamos, a la cultura en la cual deseamos convivir. Así lograremos la cohesión social, de la ciudadanía actual y futura, con diversas condiciones sociales, credos religiosos y visiones ideológicas, que potencien un proyecto plural compartido de naturaleza pública, como pilar fundamental de una sociedad más justa que consolide los valores de la democracia, la libertad y la vida republicana.
El modelo de administración municipal de las escuelas y liceos atraviesa por una profunda crisis. Muestra de esto, entre otros factores, es que solo el 37% de la matrícula escolar está en este sector.
Si bien existen elementos valorables en los esfuerzos que se hicieron en las últimas dos décadas, como el crecimiento de inversión, cobertura, infraestructura, y aumento de las remuneraciones a los docentes, la desigualdad educacional sigue siendo inaceptable. Por esto el modelo actual debe ser remplazado por otro de distinta naturaleza.
De cara al siglo XXI, en la sociedad del conocimiento amplio y profundo que incide en el pensamiento, las conductas y formas de convivencia humana, es imprescindible que la actual reforma considere la construcción de un nuevo sistema educativo público, nacionalmente descentralizado, que promueva el bien común y reconozca una sociedad heterogénea y culturalmente diversa, salvaguardando dos principios: el derecho y la libertad.
[cita]Esta debe ser la tarea de todos los actores educativos: formar buenas personas, contribuir a la democracia que anhelamos, a la cultura en la cual deseamos convivir. Así lograremos la cohesión social, de la ciudadanía actual y futura, con diversas condiciones sociales, credos religiosos y visiones ideológicas, que potencien un proyecto plural compartido de naturaleza pública, como pilar fundamental de una sociedad más justa que consolide los valores de la democracia, la libertad y la vida republicana.[/cita]
La misión de este nuevo modelo debe ser el pleno desarrollo de las capacidades y talentos de todos los niños, niñas y jóvenes de Chile. También, la transformación pedagógica de los educadores, desde su formación inicial, hasta el retiro del ejercicio profesional. Es clave la elaboración de una carrera profesional atractiva para todos quienes trabajan en establecimientos con financiamiento público. Esta carrera debe considerar la evaluación docente, el perfeccionamiento pertinente y continuo. Lo anterior, inspirado en los principios y valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que debe conducir a la transformación de la escuela en un lugar de encuentro y reconocimiento de la diversidad, donde el respeto, la tolerancia y la aceptación de la diversidad sean la clave para aprender a vivir juntos a lo largo de la vida.
Profesores y profesoras de hoy, y del futuro, debemos liberarnos de las injusticias del actual modelo, asumiendo y liderando el cambio educativo, comprometiéndonos con la reforma en marcha, conjugando nuestros intereses sectoriales con una visión de país, sin pretender cogobernar y sin aceptar la cooptación de los partidos políticos, para lograr que la escuela sea un espacio de aprendizaje de alta calidad.
En esta nueva etapa debe primar el espíritu de servicio, de cooperación, de respeto, confianza en el otro, con la participación de las comunidades en un proyecto educacional compartido.
Al mismo tiempo, tenemos que potenciar el liderazgo educativo en todas sus formas, para lograr la reinvención de la escuela. Actualmente, este es un lugar donde la convivencia escolar está siempre tensionada entre la libertad de los estudiantes y la autoridad del docente. Debemos transformarla para que exista un nuevo clima, que permita el cambio educativo para estimular comunidades democráticas, en las que se posibilite la creatividad e incorporen la ciencia y las nuevas tecnologías.
Para esta inmensa tarea de largo plazo es necesario terminar con el lucro, el financiamiento compartido en todas las escuelas y liceos que reciben financiamiento público. En ninguno de estos establecimientos es aceptable la discriminación y la selección de alumnos bajo ninguna circunstancia.
Esta debe ser la tarea de todos los actores educativos: formar buenas personas, contribuir a la democracia que anhelamos, a la cultura en la cual deseamos convivir. Así lograremos la cohesión social, de la ciudadanía actual y futura, con diversas condiciones sociales, credos religiosos y visiones ideológicas, que potencien un proyecto plural compartido de naturaleza pública, como pilar fundamental de una sociedad más justa que consolide los valores de la democracia, la libertad y la vida republicana.
Esta nueva institucionalidad pública, descentralizada –comunal, provincial o regional– debe fortalecer la responsabilidad de los sostenedores públicos y privados, según estándares nacionales. También debe reconocer y ponderar competencias adecuadas a la heterogénea realidad territorial, social y cultural del país. A la vez, debe asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos y los resultados del proceso educativo.
Finalmente, esta nueva institucionalidad debe basarse en una gestión eficiente, con liderazgos efectivos, competencias técnico pedagógicas, participación de la comunidad educativa, de giro exclusivo, que transforme a toda la educación con financiamiento público en una red nacional que garantice el ingreso, permanencia y egreso en una educación de calidad para todos y todas.
