Opinión
Hoy predomina una ley de la selva en materia de financiamiento político (y particularmente de campañas electorales, sin transparencia, sin control, dando privilegios a las grandes empresas y desnivelando la cancha). Debemos establecer un nuevo paradigma que vele por la transparencia, la equidad y el control democrático. El financiamiento de la política no es solo un problema de probidad o transparencia, es ante todo un problema de justicia democrática.
Parece existir consenso político en cuanto a la necesidad de realizar cambios al modo en que se financia la política. La mayoría de los actores sostienen que es necesario terminar con el financiamiento reservado de campañas y que se debe avanzar en mayores niveles de probidad. Sostengo que lo que se requiere no es una reforma sino un cambio de paradigma. Lo anterior es necesario porque, como argumentaré, el actual sistema se estructura sobre la base de principios contrarios a la transparencia, la justicia y el control democrático.
El modelo actual es contrario a la transparencia porque ni antes ni después del ejercicio eleccionario la ciudadanía puede informarse verazmente sobre la forma en que las diferentes candidaturas financiaron sus campañas. Además de los ingresos anónimos y reservados –que por lo demás constituyen en muchos casos la principal fuente de financiamiento–, el sistema no permite identificar quién financió a quién o a quiénes. La ciudadanía, en ese sentido, no emite un voto informado.
El modelo es injusto porque evidentemente favorece a quienes tienen más recursos para gastar en campañas. Se estimula que las empresas aporten a campañas por la vía de reducción de impuestos; estas empresas favorecen un porcentaje ínfimo de candidaturas. Pero, además, en las calles, radios y prensa escrita se produce una ley de la selva sin control que permite que sólo aquellos que tienen más recursos puedan realizar más publicidad. Así, las condiciones institucionales favorecen una contienda desigual.
[cita]Para establecer una competencia más justa, se requiere prohibir con sanciones efectivas (por ejemplo, la pérdida del subsidio estatal) la propaganda en calles y lugares públicos, salvo en los espacios definidos previamente por los concejos municipales. Hoy las prohibiciones son un soberano chiste. Pero debemos avanzar mucho más allá, necesitamos establecer una franja radial obligatoria, tal cual existe en la televisión, y prohibir el avisaje en prensa escrita. Lo anterior permitiría un acceso más ecuánime a los medios de comunicación por parte de partidos, listas y movimientos en competencia.[/cita]
Finalmente, el modelo creado en 2003 no establece ningún sistema de control. Se establecieron sanciones en dinero para quienes sobrepasaran los límites, pero como aquellos límites son altísimos, ninguna candidatura se preocupa mucho de respetarlos porque ni siquiera alcanza a gastar el 50% de los límites establecidos. No existen auditorías, no existen sanciones penales, no existe la amenaza de quitar el subsidio estatal si se vulnera una norma. Un representante que resulta electo y que violó la ley, mantiene su cargo. Así de simple.
Lo que se necesita es cambiar el paradigma que sustenta a la actual legislación y eso implica transformaciones radicales en la forma en que se financian los partidos y se estructuran las campañas. El primer cambio es que se necesita un modelo que dependa principalmente del aporte público (estatal) y subsidiariamente privado, y no a la inversa. El Estado debe financiar a los partidos en forma permanente y debe ampliar el subsidio estatal que actualmente otorga. Esto ayudará a independizar la actividad política del poder económico.
El segundo cambio se refiere a la transparencia. Se requiere establecer un período de recolección de aportes, de modo que la ciudadanía sepa quién financia a qué candidatura y por cuánto monto. Se debe prohibir el aporte de empresas y se debe favorecer el aporte de pequeñas donaciones de personas naturales. Se deben establecer límites a aquellas donaciones.
Tercero, y para establecer una competencia más justa, se requiere prohibir con sanciones efectivas (por ejemplo, la pérdida del subsidio estatal) la propaganda en calles y lugares públicos, salvo en los espacios definidos previamente por los concejos municipales. Hoy las prohibiciones son un soberano chiste. Pero debemos avanzar mucho más allá, necesitamos establecer una franja radial obligatoria, tal cual existe en la televisión, y prohibir el avisaje en prensa escrita. Lo anterior permitiría un acceso más ecuánime a los medios de comunicación por parte de partidos, listas y movimientos en competencia. Debemos agregar un mecanismo de financiamiento permanente para los partidos para financiar sus gastos de administración básica, formación y educación cívica.
Finalmente, se necesita establecer un control democrático efectivo del gasto electoral. Esto se logrará fortaleciendo al Servicio Electoral para que pueda fiscalizar a los partidos y auditorías in situ en campañas electorales. Este control democrático también se ejercerá a partir de la centralización de información y la organización de ella en forma amigable y entendible para que la ciudadanía se informe adecuadamente antes de votar. Control implica también pensar en sanciones efectivas para aquellos que violen la ley. La pérdida del escaño debiese considerarse como parte del abanico de opciones del legislador.
Hoy predomina una ley de la selva en materia de financiamiento político (y particularmente de campañas electorales, sin transparencia, sin control, dando privilegios a las grandes empresas y desnivelando la cancha). Debemos establecer un nuevo paradigma que vele por la transparencia, la equidad y el control democrático. El financiamiento de la política no es solo un problema de probidad o transparencia, es ante todo un problema de justicia democrática.
